¡BREGAR INCANSABLEMENTE POR NUEVA CONSTITUCIÓN Y AMNISTÍA GENERAL!

La crisis económica, política y sanitaria por la que atraviesa hoy el país es el resultado de la aplicación de 30 años de neoliberalismo, impuesto desde la dictadura de Fujimori. Ese gobierno sentó sus bases, Toledo lo mantuvo, García lo desarrolló y Humala siguió con el neoliberalismo y, aunque terminó el ciclo de crecimiento basado en los precios altos de minerales y ya no les rindió las mismas ganancias, han proseguido aplicándolo intentando mantener su lucro a costa de la explotación y la vida del pueblo. Este funesto modelo capitalista rapiñó nuestros recursos naturales, privatizó y destruyó la industria nacional, en beneficio de monopolios imperialistas y de la gran burguesía peruana asociada o servil a ellos; desmanteló el sistema de salud, se privatizó la educación, se barrió con los derechos laborales, profundizando la diferencia entre ricos y pobres. La gran burguesía peruana y especialmente la ultraderecha responden de esta realidad y de su saqueo al país hasta llegar a la situación actual, con más de 100 mil peruanos muertos por el abandono de la salud, con un incremento de la pobreza a un 60%, con desempleo agravado, con casi 80% de informalidad laboral, con la mitad de los niños peruanos sufriendo anemia y con una de las mayores recesiones en América Latina, entre otros muy graves problemas.

30 años de neoliberalismo consolidaron un poder económico, político e ideológico con el que la gran burguesía ha controlado al Estado y la sociedad peruana en medio de disputas de sus facciones y grupos, y que hoy intentan defender a como dé lugar, cuando este modelo ha fracasado, ha sido desenmascarado por las luchas de los pueblos y se cae a pedazos en el mundo entero.

Nos reafirmamos en combatir al sistema capitalista, su explotación inmisericorde, su corrupción, sus injusticias, sus crímenes de todo tipo. Y, si ayer lo combatimos en guerra popular, es de público conocimiento que desde el año 93 asumimos la lucha por una solución política a los problemas derivados de la guerra, especificada primero en la brega por un Acuerdo de Paz, que no llegó a concretarse y, manteniendo la misma política correcta, se especificó el año 2000 en cinco puntos por los que decidimos luchar: Solución política, amnistía general y reconciliación nacional; por la democratización de la sociedad peruana; por una nueva Constitución, a través de Asamblea Constituyente; por producción nacional y trabajo para el pueblo; y, por el cierre del Penal Militar de la Base Naval del Callao. La realidad ha seguido demostrando la corrección de nuestra política y nos reafirmamos en ella. Todos estos años de lucha política refrendan la certeza de nuestros planteamientos.

Nueva Constitución a través de Asamblea Constituyente.

Bregamos por la democratización de la sociedad peruana, por reconquistar derechos fundamentales y libertades conculcadas a la clase y el pueblo. Y, por eso mismo, es palmaria la necesidad de una Nueva Constitución, planteamiento que hoy también recogen otros sectores del pueblo peruano, y lo correcto es que se plasme a través de Asamblea Constituyente, con participación y representación popular, y confluyendo con progresistas y demócratas para echar abajo la Constitución neoliberal, especialmente su nefasto capítulo económico al que tanto se aferra la gran burguesía, desesperada por mantener sus ganancias.

Esta Constitución fue la que introdujo la venta al martillo de casi todo el Perú; la que ha permitido que el Estado ya no sea responsable de garantizar los derechos fundamentales de los peruanos y se desentienda de sus funciones sociales, alentando que servicios fundamentales como salud y educación se conviertan en mercancías para la ganancia de un puñado. Ahí está la razón del abandono de la salud y la muerte de tantos hijos del pueblo durante esta pandemia, sin hospitales equipados, sin camas suficientes, sin oxígeno; ahí está la razón de que la salud sea hoy el privilegio de quien pueda pagársela; ahí está la razón de que el Estado no haya invertido en la educación, y que hoy nuestros niños del campo tengan que caminar horas para encontrar una señal de radio o los niños de los barrios no tengan ningún medio para escuchar una clase; y con maestros de sueldo paupérrimo que incluso tienen que recurrir a sus pequeños recursos para implementar la educación virtual.

Esta Constitución neoliberal permitió la ingente acumulación de ganancias a las transnacionales mineras, de hidrocarburos, agroindustriales; esta Constitución ha permitido se entreguen nuestras tierras y recursos naturales al imperialismo norteamericano, inglés, chino, canadiense, etc., etc., imponiéndole al Estado el rol de cautelar y favorecer tales ganancias, atándolo a los intereses de los monopolios imperialistas; y que, por último, ha facilitado la corrupción más abyecta que se ha visto en el Perú.

Es, por tanto, una Constitución que debe cambiarse con el pueblo y para el pueblo. Y, la única manera de lograrlo es a través de una Asamblea Constituyente, para que los más amplios sectores y organizaciones populares estén representados allí y participen en su debate y formulación, como parte de la lucha por reconquistar sus derechos fundamentales. 

Amnistía General

Parte de los derechos fundamentales por los que luchamos son los derechos de opinión, de organización y de participación política, sin discriminación por ideas. A los marxista-leninista-maoístas, pensamiento gonzalo se nos ha quitado ese derecho, a pesar que la guerra popular terminó hace 3 décadas. Lo concreto es que el Estado nunca aceptó ni asumió tratar la Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional, sino que aplicó una política de odio y venganza, continuación de su política genocida durante la guerra. Los prisioneros políticos y de guerra hemos enfrentado largas condenas, algunos ya llevan hasta 29 años en prisión, muchos lograron su libertad, algunos entregaron su vida en el camino, pero también se ha seguido deteniendo en épocas de no guerra, porque la reacción peruana ha continuado con una política de odio, venganza y ceguera política, criminalizando la lucha popular y persiguiendo a luchadores sociales consecuentes en su defensa y servicio al pueblo, criminalizando su derecho de opinión, de organización y de participación política. El Estado peruano ha continuado con una persecución política macartista e inquisitorial principalmente contra los comunistas, buscando impedir todo cuestionamiento consecuente al sistema explotador capitalista.

En ese afán, se ha implementado el Derecho Penal del Enemigo que criminaliza la lucha popular, que es contrario al derecho garantista, y que persigue a todo aquel que se oponga al sistema, considerándolo “enemigo de la sociedad”. Por eso se condena el pensamiento y el derecho a organizarse y disentir. Es una concepción reaccionaria del derecho, que empezó aplicándose contra los comunistas y revolucionarios, pero que se ha extendido al pueblo para combatir la lucha popular.

Condenamos el retrógrado derecho penal del enemigo, la persecución y detención de nuevos prisioneros políticos, como los compañeros detenidos por la “operación Olimpo”, sin haber cometido delito alguno, solo por denunciar la explotación capitalista, defender los derechos fundamentales, luchar por la libertad de los presos políticos y por una Nueva Constitución.

Y luchamos por la libertad de todos los prisioneros políticos y de guerra, empezando por la libertad del Dr. Abimael Guzmán Reinoso, a quien siguen manteniendo en condiciones perversas de prisión y encierro absoluto, a pesar de los 29 años en prisión y sus 86 años de edad. Demandamos su libertad y la de todos los prisioneros políticos, los de ayer y los de hoy.

 

Solidaridad durante las II Jornadas Antimperialistas Revolucionarias en Argentina

Consideramos que la lucha por la libertad de los presos políticos es parte de la lucha del pueblo por democratizar la sociedad peruana y acabar con la explotación y opresión capitalista. Y es indesligable de la lucha por los derechos fundamentales y contra el crimen de lesa humanidad que comete el Estado contra el pueblo peruano durante la actual pandemia; y, por tanto, es indesligable del combate al neoliberalismo capitalista y de la lucha por nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente.

En síntesis, nos reafirmamos en lo ya dicho:

La independencia se proclamó en 1821 y se selló en 1824 en las siempre rebeldes tierras de Ayacucho, cuna de la independencia americana y bastión heroico de la guerra popular de 1980-1992. A los 200 años de esa gesta popular, usufructuada por burgueses y terratenientes, los pueblos de América se movilizan y rechazan el neoliberalismo capitalista que ha llevado a la actual crisis general. Es imprescindible que una nueva Constitución con el pueblo y para el pueblo a través de una Asamblea Constituyente ponga fin al neoliberalismo en el Perú. Que acabe la persecución, prisión y condena contra los luchadores sociales y una amnistía general arranque a los presos políticos y prisioneros de guerra de la prisión, abriendo un nuevo capítulo de la historia peruana.

VI Panel de proyecto mural "La Mujer en la Historia Peruana", este panel comprende el proceso de Independencia y fue hecho por las prisioneras políticas.

En el bicentenario de la independencia el pueblo sufre la persecución política y el asesinato impune con el covid-19, en medio de la crisis general y descomposición del Estado. La necesaria democratización de la sociedad peruana exige la libertad de los presos políticos y prisioneros de guerra como parte de resolver los problemas derivados de la guerra popular acabada hace 28 años.

Demandamos que en este Bicentenario, la persecución política llegue a su fin. Rechazamos la política discriminadora, estigmatizadora y persecutora del Estado peruano contra los luchadores políticos marxista-leninista-maoístas, pensamiento gonzalo y defendemos el derecho de los comunistas a existir, así como respetamos y saludamos a los auténticos revolucionarios que sirven al pueblo.

¡POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
A TRAVÉS DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE!

¡POR UNA AMNISTÍA GENERAL!

Mayo del 2021                           Comité Nacional de Prisioneros Políticos y de Guerra del Perú