LA POLICÍA CRIMINALIZA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: LA LIBERTAD DE IDEAS, DE EXPRESIÓN, EL DERECHO A LA VIDA, DE REUNIÓN, DE MANIFESTACIÓN, DE ASOCIACIÓN, DE EDUCACIÓN, DE IGUALDAD ANTE LA LEY
¡CRECE LA SOLIDARIDAD MUNDIAL CONTRA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA EN EL PERÚ!
Con el operativo Olimpo se han detenido cerca de 80 ciudadanos acusados de ideas y actividades reconocidas como derechos fundamentales pertenecientes a toda persona por su dignidad y que son inviolables, inalienables e irrenunciables. En el extenso documento de acusación policial de más de dos mil páginas contra 94 personas, principalmente se niega el derecho a pensar libremente, a reunirse, a asociarse, a manifestarse, a educarse y se discrimina a los luchadores sociales y políticos.
Un punto de partida fundamental es la negación de la libertad de ideas que ha sido difundida públicamente por el jefe de la policía política DIRCOTE al hablar ante la prensa “de esa ideología nefasta como lo es el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo” y declarar que “no podemos darnos el lujo de ingresar al bicentenario con personas que todavía tienen en su mente el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo bajo ningún punto de vista”. Esa negación de la libertad de pensamiento es la base de la persecución política desatada en el Perú y de las órdenes de captura.A partir de esto se barre la libertad de expresión sancionando a los marxistas por hablar, hacer pintadas y banderolas planteando “Estudiar el marxismo-leninismo-maoísmo”, “Amnistía General”, “Nueva Constitución”, “Asamblea Constituyente”, “Viva la protesta estudiantil”, “Yanquis go home”, “Cierre del Penal Militar”, “No a la demolición de los nichos”, “Viva el día del proletariado”, “Abajo la explotación capitalista”, “revolución”, “socialismo”, “comunismo”, etiquetándolos de “terroristas”, tal como lo hicieron los fascistas nazis con la estrella de David para marcar a los judíos. Hasta se pone como prueba terrorista el recolectar firmas o el que dirigentes del Movadef juren por su ideología cuando ella está establecida en su programa y estatutos públicos.
Se fundamenta las detenciones tras que los acusados han hecho “reuniones cerradas”, “secretas”, “clandestinas”, “sesiones solemnes”, “reunión de abogados” ya sea para organizar propaganda, hacer fiestas, polladas, campeonatos de fulbito y vóley, realizar eventos como conferencias, seminarios o convenciones del Movadef que son conocidos por todo el mundo o reunirse para estudiar ideología y política, celebrar el Primero de mayo o el aniversario del Partido Comunista. En ninguna parte se prueba que haya habido algún indicio de hecho ilegal o planificación de delito. ¿Acaso para que alguien se reúna tiene que avisar a las autoridades? La reunión es un derecho universal de toda persona.
Se sostiene que es agravante del delito hacer “captación de masas”, participar en “evento artístico cultural por el Día de la mujer”, “actividad artística Canto solidario”, “Marcha contra la corrupción”, marchas “infiltrándose” en las movilizaciones de la CGTP y contra la corrupción, movilizaciones de rechazo a Trump, por agua, por el Día de la mujer, por el Primero de mayo. ¿Pero acaso los luchadores sociales no son los que dan la cara participando públicamente en las movilizaciones de los trabajadores y el pueblo? Infiltración es la que hacen los llamados policías “ternas” camuflados de civiles para provocar, detener y golpear manifestantes o la que han hecho para sembrar pruebas y filmar clandestinamente reuniones de activistas. La acusación dice que han hecho interceptaciones telefónicas legales y escuchas autorizadas por años, lo cual evidentemente no podrán probar porque han sido masivas y por muy largo tiempo. En su gran mayoría han sido interceptaciones, escuchas, seguimientos, infiltraciones totalmente ilegales. El derecho a la manifestación es otro derecho fundamental que no requiere autorización para ejercerlo.
Se impide el derecho a la organización al acusar de ilegal reunión clandestina a la “Convención Extraordinaria Manuel Fajardo Cravero”, que convocó cientos de delegados, analizó la situación internacional y nacional y eligió sus dirigentes. Acusa como prueba de terrorismo el que los acusados participen en organizaciones como “FUDEP”, “ACEPP”, “AFADEVIG”, “Taller de Arte y Artesanía Nueva Semilla”, “Movimiento Hijas del Pueblo”, “Filas Proletarias”, “Jóvenes del Pueblo”, “Liga Juvenil del pueblo”, “Unión Clasista de Obreros y Trabajadores del Siglo XXI”, “Academia preuniversitaria”, “Asociación Cultural Sembrando”, “Colectivo Femenino Trilce” y muchas más, pese a no haber cometido ningún hecho ilegal ni violento. El ser activista, dirigente popular, hacer campañas, participar en Asamblea Nacional de Frentes de Defensa, buscar adherentes y hasta la visita al penal de Mujeres llevando comida por cumpleaños de una profesora, son supuestas pruebas de pertenencia a organización terrorista. Pero ni el PCP puede ser considerado organización terrorista pues ya acabó su acción armada hace 28 años y ahora se desenvuelve en lucha política. Menos aún el Movadef con objetivos muy específicos y formado hace 10 años.
También el derecho a la educación es prohibido cuando se persigue que puedan existir “escuelas populares”, “talleres políticos”, “charlas”, “escuelas ideológicas”, “talleres de oratoria”, “estudios de la situación nacional e internacional”, exposiciones sobre derecho penal del enemigo, la historia del proletariado, las crisis o una nueva Constitución.
Similarmente el derecho a la vida y a la integridad física es conculcado cuando se hacina a 80 personas en un espacio reducido en plena pandemia propiciando su contagio y hasta posible muerte, se separa a madre y padre de su hijo lactante pretendiendo llevarlo a un albergue, se incomunica a personas enfermas negándoles sus medicinas y tratamientos, se aísla a numerosas personas de la tercera edad, incluso de más de 70 años, violando derechos del adulto mayor, se destroza puertas y maltrata a los detenidos en forma física y psicológica.
Estas son, en síntesis, las acusaciones, torpes y falsas, de la “inteligencia” policial violando el principio de presunción de inocencia. Lo que hacen es aplicar un inconstitucional derecho penal del enemigo para acabar con toda oposición a su sistema explotador capitalista, Acusaciones acompañadas de una infamante campaña de autoridades del Estado levantando la amenaza del terrorismo como cortina de humo para tapar sus inmundas corrupciones, sus perversas disputas para controlar el Estado y enriquecerse, para mantener su orden capitalista, evitar las sanciones por la muerte de Bryan, Inti y Jorge, impedir una nueva Constitución y Asamblea Constituyente. Solo que ahora el pueblo se hartó de ese embuste, ser “terruco” ya no es un cuco y la opinión pública ningunea y desprecia esa práctica del terruqueo.
Los activistas sociales y políticos han sido detenidos por su consecuencia en defender las causas populares y son un ejemplo que seguir. De ahí pueden salir los tribunos que necesita el pueblo para una Asamblea Constituyente que haga una nueva Constitución y elimine el régimen neoliberal, recuperando y ampliando los derechos fundamentales de los peruanos.
La solidaridad nacional y mundial con los presos políticos del operativo Olimpo ha ido creciendo con el paso de las horas y los días. Hay que seguir denunciando el atropello, movilizándose por su libertad y arrancarlos de prisión. En particular es destacable la solidaridad internacional llegada de Argentina, Chile, México, Bolivia, Colombia, España, Italia, Suecia, Suiza, Francia y de muchas otras partes que expresan el avance de la lucha antiimperialista y socialista en todo el mundo.
¡DESENMASCARAR LA PATRAÑA DEL OPERATIVO OLIMPO Y ACABAR CON EL TERRUQUEO!
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS DEL 2 DE DICIEMBRE!
Comité Nacional de los Prisioneros Políticos y de Guerra del Perú
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