¡ABAJO LA POLÍTICA DE DISCRIMINACIÓN Y VENGANZA CONTRA LOS PRISIONEROS POLÍTICOS DEL PERÚ!

¡ABAJO LA POLÍTICA DE DISCRIMINACIÓN Y VENGANZA CONTRA LOS PRISIONEROS POLÍTICOS DEL PERÚ!

El gobierno de Vizcarra, abiertamente procapitalista y falsamente democrático, en los hechos está golpeando a los más pobres y vulnerables legalizando los despidos masivos con la llamada suspensión perfecta de labores, disminuyendo salarios como alternativa para no ser despedido, clausurando los mercados populares, obligando al trabajo telemático pero sin entregar ni una sola computadora, multando y apresando a las personas que salen a buscar trabajo para no morir de hambre, descuidando al personal de salud que reclama la debida protección para cumplir sus labores médicas, abandonando la atención de salud en los penales sentenciando así a cientos de presos a la muerte.

Las subvenciones entregadas a parte de las masas no solo es muy insuficiente sino que está generando más corrupción, y el régimen se niega a exigir que las grandes empresas aporten a la emergencia por el COVID-19; por el contrario les da facilidades para aumentar sus ganancias y despedir trabajadores. Así se comprueba una vez más, que el Estado peruano representa la defensa del sistema capitalista que solo trae explotación y opresión para la clase obrera y los trabajadores.

En el país hay 97 mil presos hacinados en cárceles donde solo debería haber 39 mil. En el caso de los prisioneros políticos, somos cerca de 50 hombres y mujeres comunistas sentenciados por rebelarnos contra la explotación y opresión de las clases dominantes peruanas. La gran mayoría con 60, 70 o más de 80 años de edad recluidos por más de 25 y 30 años, sin beneficios penitenciarios. Además hay también otros presos políticos como los jóvenes Cristóbal y Lavrente presos por repartir volantes llamando al voto viciado y a una nueva Constitución, otros por luchar contra la gran minería o en general estar en contra del sistema capitalista.

Más de la mitad de todos los internos son inculpados, es decir no tienen sentencia. El gobierno anunció hace una semana que se indultaría a unos tres mil  vulnerables, generando justas espectativas. Hoy 29 de abril el ministro Zeballos dice que en una o dos semanas saldrá la lista de indultados, los que sumados a presos condenados que paguen sus deudas, sumarían entre cuatro y cinco mil excarcelados. Es decir, desde el anuncio inicial ¡son tres semanas de espera! La enfermedad no espera, peor sin atención médica. ¿Acaso no es simple saber quién tiene más de 70 años o es madre gestante o enfermo grave? ¿No pueden ir saliendo por partes? ¿O simplemente no les interesa que mueran más peruanos?

En el caso del penal de Canto Grande, ante la demanda de los presos por atención médica, medicinas y protección frente a la pandemia, se responde con la más cobarde represión asesinando a nueve internos e hiriendo a decenas. ¿Qué se pretende? ¿Qué todos se infecten y mueran? La desidia, indiferencia e ineptitud de las autoridades son inaceptables.

En el caso de los prisioneros políticos está confirmada la muerte de Natividad Bernardo Villar así como el contagio en Canto Grande de todos los prisioneros políticos y el agravamiento de 10 de ellos. Recién hoy después de 44 días de emergencia, el ministro Zeballos anuncia la formación de un comando de operaciones contra el COVID-19 en los penales. Cuando ya hay decenas de muertos en varias prisiones del país y las protestas se generalizan en los penales de Ancón II y Lurigancho.

Mención especial requiere la situación del Dr. Abimael Guzmán Reinoso, de 85 años de edad, preso 28 años en la cárcel militar de tortura en el Callao, que por edad y enfermedades es muy vulnerable al COVID-19. Por ello reiteramos la demanda justa y razonable de que cumpla su pena en detención domiciliaria con la atención médica del caso, sin discriminación alguna, como otros presos vulnerables.

La vida y salud de los internos es responsabilidad del Estado peruano. La propia ONU a través de Michelle Bachelet ha instado a los gobiernos de distintos países a “poner en libertad a los individuos especialmente vulnerables al virus, entre otros, a los presos de más edad y los enfermos”. Pero en el Perú, hasta hoy, ni siquiera permiten el ingreso de medicinas llevadas por los familiares de los prisioneros.

Ante todo esto exigimos el cese a la política de venganza y discriminación del  Estado peruano contra los presos políticos y demandamos que se cautele su salud y sus vidas así como la de todos los presos del país.

29 de abril de 2020           Comité Nacional de Prisioneros Políticos y de Guerra del Perú

.