PRONUNCIAMIENTO
Los prisioneros políticos del Perú marxista-leninista-maoístas,
pensamiento Gonzalo, saludamos con optimismo histórico y ferviente calor
revolucionario a los comunistas, revolucionarios y progresistas, luchadores
sociales prisioneros en las inmundas mazmorras de los Estados reaccionarios en
todo el orbe, devenidos en tales por dedicar sus vidas abnegadamente a la
misión de luchar contra la opresión y explotación del sistema capitalista y por
su transformación revolucionaria en un futuro nuevo mundo de armonía y
felicidad para la humanidad. Asimismo, nuestro saludo a los devenidos
prisioneros en el combate a la injerencia política y agresiones armadas del
imperialismo, principalmente norteamericano, violador de la soberanía de las
naciones, como también a los recluidos como consecuencia de luchar contra la esquilmación
de las materias primas y destrucción del medio ambiente por la voracidad de los
monopolios imperialistas. ¡Exigimos la libertad de todos los prisioneros
políticos en el mundo o el cambio de sus condiciones de prisión conforme a las
“Normas Mínimas de Tratamiento para los reclusos” de la ONU!
En el Perú, con admiración revolucionaria expresamos
nuestro reconocimiento y fervoroso saludo al prisionero político doctor Abimael
Guzmán Reinoso, Presidente Gonzalo, jefatura del Partido Comunista del Perú y
la revolución peruana, quien, prevaleciendo con entereza revolucionaria sobre
las condiciones inicuas de prisión en un penal militar, en aislamiento social
absoluto y prolongado, persiste inquebrantable enarbolando, defendiendo,
aplicando y desarrollando con incansable tesón sus convicciones comunistas
marxista-leninista-maoístas, pensamiento gonzalo, perseverando en servir con
desinterés absoluto a la clase y el pueblo y al advenimiento de la futura nueva
sociedad en todo el orbe. Como ejemplo, todos hemos visto en el país y en el
mundo durante el desarrollo de la farsa de juicio del caso Tarata, su
combatividad de comunista hasta el fin, enfrentando y respondiendo en el
Tribunal a los redivivos inquisidores, desnudando la manipulación política y
sus “razones” ajenas a la realidad, al Derecho, la justicia y la verdad.
Denunciamos que el Doctor Guzmán, con 85 años de edad,
ya lleva recluido casi 27 años en una prisión militar ilegalmente, en la que se
le niega todos sus derechos y donde es víctima de un indefinido ensañamiento
del Estado con un trato cruel e inhumano, incomunicado, sin visita familiar,
negándole la atención médica especializada en un hospital, atención necesaria
debido a su edad avanzada y el largo encierro que, como es lógico, han
deteriorado su salud. Todo lo cual constituye violación flagrante de su
identidad y dignidad personal, lesivo a su integridad psíquica, física y moral.
El aislamiento permanente no está contemplado en
ninguna ley peruana como ejecución penal y el Penal Militar de la Base Naval
del Callao es un penal ilegal, inconstitucional e inhumano, pero consentido por
el Estado peruano como algo normal, aun cuando la Resolución de la Comisión
contra la tortura de la ONU de noviembre del 2012, constató y condenó “las
condiciones en la prisión de alta seguridad de la Base Naval del Callao con el
confinamiento solitario prolongado, el aislamiento sensorial, la prohibición de
comunicaciones…”, demandando al Estado peruano que aplique las “Reglas Mínimas
de Tratamiento para los reclusos”. La Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su sexagésimo sexto periodo de sesiones, de agosto de 2011, señaló una
posición similar, demandando a la comunidad internacional a que se “imponga una
prohibición absoluta de la reclusión en régimen de aislamiento”. Además la
Corte Interamericana y la Corte Europea de Derechos Humanos en varias
sentencias han condenado los tratos inhumanos, crueles y degradantes en las
condiciones de prisión. Más todas estas recomendaciones y demandas de los
organismos internacionales de Derechos Humanos son letra muerta en el Perú.
¡Exigimos el cierre del Penal Militar de la Base Naval del Callao y el fin del
aislamiento de todos los prisioneros en ese penal!
También denunciamos que los prisioneros políticos y de
guerra del PCP, además de haber enfrentado torturas, genocidios en los penales,
juicios en tribunales militares y jueces sin rostro, nuevos juicios civiles sin
un debido proceso y total falta de garantías, enfrentando un régimen de
ejecución penal condenado por organismos internacionales de Derechos Humanos,
venimos purgando condenas de larguísima carcelería de 25, 30, 35 años y cadena perpetua,
sin beneficio penitenciario alguno desde octubre del 2009 vía “fe de erratas” , negándosenos el
derecho de igualdad ante la ley. No contento con todo eso, ante el cumplimiento
de esas penas draconianas y para impedir las libertades, como parte de su
política de sobre criminalización, la ultra derecha fraguó nuevos juicios
simbólicos, eminentemente políticos, a los prisioneros considerados dirigentes
del PCP, como son los casos Soras, Perseo y Tarata, con directa intromisión
desde el poder político, nuevos juicios concebidos como necesidad política del
Estado y medida de aseguramiento punitivista, ante un fabricado e inexistente
“peligro inminente” de terrorismo, buscando conjurar supuestos riesgos a futuro
y mantenerlos en prisión por siempre. Lo cual quedó demostrado en la farsa de
juicio oral del caso Tarata, Exp. 346-2013, donde diez de los doce acusados de
supuestos dirigentes fueron condenados a cadena perpetua, en setiembre del
2018, y para cinco de ellos: Abimael Guzmán, Elena Yparraguirre, María Pantoja,
Laura Zambrano y Flores Hala, una segunda cadena perpetua. Vulnerándose la cosa
juzgada y el ne bis in ídem condenaron a todos con la misma imputación de autoría
mediata y el mismo artículo 3.a del Decreto Ley 25475 de ser dirigentes, por
los que ya habían sido condenados en otros juicios.
Así, pues, los prisioneros políticos y de guerra en el
Perú estamos bajo permanente persecución política, sometidos a requisas
represivas e ilegales por la policía política Dircote como la ocurrida en
noviembre del 2018, para seguir abriéndonos nuevos procesos dentro de la
criminalización de las ideas, negación de la libertad de expresión y el derecho
a la cultura. Con la “nueva” ley de apología y las denuncias fiscales contra
nuestros abogados y familiares nos someten a mayor aislamiento e indefensión.
Nos niegan o restringen el derecho al trabajo, impiden la exposición y venta de
nuestros trabajos de arte, artesanía y literarios por “Apología al terrorismo”.
Además, a los que logran su libertad cumpliendo larguísimas penas, por ley les
imponen una nueva pena para excluirlos de la sociedad negándoles el derecho a
trabajar en el sector público y hasta en el sector privado, lo cual está
calificado como delito de lesa humanidad por el Estatuto de Roma del que el Perú
es suscriptor, a lo que se suma el cobro de las impagables reparaciones civiles
extendidas a sus familiares, a quienes embargan sus propiedades y bienes con
prepotente arbitrariedad. Parte de la persecución como política del Estado para
excluir de la sociedad también a los familiares, es la negación del derecho a
enterrar a sus muertos en los genocidios de los penales, recuperados después de
30 años, a rendirles homenaje y guardar memoria, llegando a la ignominia de
demoler sus nichos en el cementerio del distrito de Comas, excluyendo de la
sociedad a los propios muertos. Y, también, la negación a los ex prisioneros
del derecho a la participación política así como a la libertad de pensamiento y
expresión por demandar la solución política, amnistía general y reconciliación
nacional y la libertad de todos los prisioneros políticos.
En conclusión, para el Estado peruano los prisioneros
políticos somos los parias de la sociedad, situación que solo puede ser entendida
dentro del marco internacional de metamorfosis del Derecho penal en un singular
Derecho penal del enemigo, que absolutiza las medidas de seguridad sobre los
derechos fundamentales de las personas que luchan contra el inicuo e
inconducente sistema capitalista. En el Perú son 40 años de aplicación de ese
Derecho penal del enemigo, el cual fue usado como arma de guerra
contrasubversiva mediante una legislación antiterrorista de excepción durante
la guerra interna. Hoy, en el contexto de la post-guerra, 27 años después de su
término, la misma legislación es mantenida y desarrollada, enrareciendo toda la
sociedad hasta casi extinguir el garantismo y el respeto al derecho de las
personas considerados enemigos absolutos y eternos como los que osamos
levantarnos contra la explotación y opresión. De la criminalización de la lucha
revolucionaria pasaron a la criminalización de la lucha política de los
marxista-leninista-maoístas, pensamiento gonzalo y a la criminalización de las
luchas populares y de las ideas discrepantes del actual sistema bajo dirección
de la ultraderecha; cualquiera en cualquier momento puede ser convertido en
chivo expiatorio y acusado de “terrorista”.
Finalmente,
presentamos nuestra gratitud a las diversas delegaciones asistentes a este
significativo y trascendental evento de celebración del Día Internacional de
los Prisioneros Políticos, evento que servirá a cohesionar ideas y fuerzas en
la encomiable misión de bregar en defensa de los presos políticos en el mundo y
principalmente por sus libertades. Agradecemos especialmente vuestro apoyo y
solidaridad a nuestras denuncias y nuestra causa. Vuestra presencia enaltece al
proletariado y pueblo peruanos, de heroica historia en la lucha contra sus
opresores y explotadores de ayer y hoy, internos y externos, y que hoy combate
indesmayable en defensa de sus derechos conculcados y especialmente por el
principal derecho de transformar la sociedad en un nuevo mundo de más plena
humanidad.
¡Viva
el Día Internacional del Prisionero Político!
¡Libertad
de todos los prisioneros políticos del mundo!
¡Abajo
la farsa de nuevos juicios en Perú!
¡Libertad
del Doctor Guzmán y todos los prisioneros políticos del Perú!
Comité de prisioneros políticos y de guerra de la LTC de
Canto Grande
(Moción leída en
Actividad Cultural por el 17 de abril 2019)