¡ABAJO LA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y LA PRETENCIÓN DEL ESTADO PERUANO DE NEGAR EL DERECHO A RECURRIR A LA CIDH!
Frente a este conjunto de actividades, connotados reaccionarios y plumíferos de la prensa de la gran burguesía han pegado el grito al cielo clamando que la CIDH les cierre sus puertas y que el Estado peruano actúe en tal sentido. Ha destacado en esta siniestra campaña la ONG Waynakuna, ¡cuándo no! Estos recaderos de la DINCOTE, además de sostener que “… los terroristas han pretendido exponer al Estado peruano como culpable de la vulneración de sus derechos por la supuesta discriminación y estigmatización de su ideología”, califican de “terrorista” a la joven representante del MOVADEF, Natalia Osco. ¿Cuáles son las pruebas? Ninguna. Lo que sí muestra es su odio a los revolucionarios y su experiencia en “terruquear”, y pretender negar, por ejemplo, la realidad de la persecución política, que se extiende a las luchas populares (como la de los campesinos contra el monopolio minero Las Bambas), la negación de los derechos fundamentales de los revolucionarios y ex prisioneros políticos.
Por su parte, el Estado ha respondido mediante comunicados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el primero dice que “el Estado peruano defenderá con firmeza […] el Estado de Derecho ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, rechazando tajantemente cualquier posición que promueva o reivindique actos o ideas relacionadas con el terrorismo”. Y en el segundo comunicado dice: “nuestra representación permanente deploró que las intervenciones de los representantes de dichas organizaciones de fachada de Sendero Luminoso no hubieran sido interrumpidas...”; y que dicha representación “rechazó con firmeza que se haya utilizado ese espacio para hacer apología del terrorismo e instó a la CIDH a tomar las medidas necesarias para continuar fomentando espacios de diálogo libre con organizaciones de la sociedad civil y garantizar, al mismo tiempo, que dichos espacios no sean aprovechados para difundir discursos contrarios a la paz social, la democracia y el estado de derecho”.
Lo primero que salta es que se llenan la boca con defender el “Estado de Derecho”; pero, ¿qué Estado de Derecho defiende el Estado peruano? Lo que existe es un Estado policiaco que persigue las ideas que critican al sistema capitalista, un Estado que niega la libertad de expresión y opinión; que criminaliza las ideas y busca impedir su difusión, aplicando el “terruqueo”. El Estado peruano sigue usando el fantasma del “terrorismo” para criminalizar las ideas y criminalizar la protesta social, pese a que el conflicto armado en nuestro país terminó hace más de 26 años.
Por otra parte, las denuncias realizadas por las organizaciones mencionadas no promueven o reivindican “actos o ideas relacionadas con el terrorismo” ni pueden calificarse de “apología al terrorismo”. Por el contrario, denuncian los genocidios del Estado, como el de los penales en 1986, denuncian actos fascistas como la demolición de nichos de algunos prisioneros políticos asesinados por el Estado en el penal El Frontón, en el genocidio de los penales de junio de 1986, denuncian los procesos judiciales abiertos a sus activistas, como el llamado caso Perseo; denuncian la violación sistemática de derechos fundamentales y la persecución política y por razón de ideas; denuncian la situación carcelaria que afronta el doctor Abimael Guzmán Reinoso, recluido en el Penal Militar de la Base Naval del Callao por más de 26 años; y exigen su cierre inmediato (recordar que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en su Informe del año 2012, calificó como tortura las condiciones de reclusión en este Penal Militar). Tampoco es delito alguno que los familiares denunciaran que los prisioneros políticos que cumplieron su condena deben recuperar todos sus derechos, como al trabajo, porque hoy les son negados; tampoco lo es demandar que el Estado entregue los restos de los prisioneros políticos que asesinó en el genocidio de los penales en 1986. Tampoco es delito enarbolar la amnistía general ni denunciar la explotación capitalista.
Así, no es delito denunciar la persecución política que existe en el Perú, la existencia de una política antiterrorista discriminatoria y excluyente contra los prisioneros políticos, contra los excarcelados, los familiares, contra los abogados, contra todo aquel que tenga ideas afines al marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento gonzalo.
Por su parte, el comunicado del MRE sostiene, con la mayor hipocresía del mundo, que “instó a la CIDH a tomar las medidas necesarias para continuar fomentando espacios de diálogo libre con organizaciones de la sociedad civil”, pero, a su vez, “deploró que las intervenciones de los representantes de dichas organizaciones de fachada de Sendero Luminoso no hubieran sido interrumpidas”. Es decir, reclaman a la CIDH por no haber interrumpido las intervenciones de los denunciantes; es más, presionan a la CIDH para que se sume, ilegalmente, a extender a nivel internacional la negación del derecho a la libertad de expresión, opinión y libertad de pensamiento de los revolucionarios y organizaciones populares, y que en el futuro no se les permita participar en las sesiones de la CIDH, negando así el derecho de defensa, el derecho a recurrir a instancias internacionales para denunciar al Estado por la violación de derechos fundamentales.
A todo lo anterior se suma que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en el pleno del Congreso del viernes 22 de marzo de 2019, no solo se ha referido a los comunicados de los ministerios mencionados, sino que ha informado: “nuestro procurador público especializado en delitos de terrorismo, Milko Alberto Ruiz Espinoza, ha formalizado denuncia penal por delito de afiliación a organizaciones terroristas y apología de terrorismo”. Con lo cual corrobora la persecución política del Estado peruano y su pretensión de desaparecer a los revolucionarios y a las organizaciones populares. Usando una expresión jurídica, diríamos del Estado peruano: A confesión de parte, relevo de pruebas.
Todo lo señalado confirma y prueba la política de odio, venganza y persecución política que el Estado peruano, administrado por la ultraderecha, desenvuelve contra los revolucionarios y la extiende al pueblo. Una política contraria a una reconciliación nacional, que es una necesidad del pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto.
COLECTIVO DE PRISIONEROS AMANECER
Marzo 2019