¡AYER LOS MATARON EN EL FRONTÓN, LURIGANCHO Y CALLAO, HOY PRETENDEN DESTRUIR SUS TUMBAS!
Como es de público conocimiento, el 19 de junio de 1986, por orden del entonces Presidente de la República Alan García Pérez, se produjo el genocidio en los penales de El Frontón, Lurigancho y Callao, asesinando a 250 prisioneros políticos y de guerra, el hecho más execrable de la guerra contrasubversiva, impune hasta hoy.
30 años después de los hechos, el Estado peruano a través de la fiscalía entregó solo 21 restos y 8 familiares decidieron enterrarlos juntos en una tumba colectiva en el cementerio “19 de julio” del distrito popular de Comas, rindiéndoles el justo homenaje que les corresponde con una romería para enterrar sus restos. Hecho que fue usado como pretexto por la policía política -DIRCOTE- para promover una desproporcionada campaña mediática, como parte de la persecución política; y desde el Presidente de la República, sus ministros y congresistas de ambas facciones de la ultraderecha; se pronunciaron en una criminalización descontrolada, negando el derecho de enterrar a los revolucionarios asesinados, como el resguardo de la memoria de una parte protagónica de la guerra.
El Alcalde de Comas, tres meses después de los entierros, cediendo y sumándose a la infame campaña, nos sanciono administrativamente con la demolición en forma indebida, aplicando la ordenanza N° 275 referida a construcciones ilegales en zonas habitadas, mas no aplicables a cementerios, como es nuestro caso, por cuanto la Ley de cementerios respeta el derecho de enterrar a los muertos y establece claramente que para el traslado de restos humanos solo procede a pedido de los familiares y por orden judicial.
Obviamente, los familiares hemos rechazado esta afrenta y también el 6° Juzgado Penal de Lima Norte, en el expediente N° 03810-2017 ha rechazado el pedido del Alcalde para proceder a la demolición.
Además, hay otros procesos pendientes en el Poder Judicial para demostrar que no hay nada irregular en la construcción de los nichos, y sí hay perversidad en quienes promueven esta infame acción.
Ante la imposibilidad legal de destruir los nichos, el gobierno promulgó la Ley N° 30868 el 10 de noviembre del presente año, por el cual modifican la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, Ley con nombre propio y de aplicación retroactiva, prohibida por la Constitución, pretenden dar viso de legalidad a la destrucción de los nichos de nuestros familiares, como lo prueba la campaña mediática del principal grupo de medios “El Comercio”: “Al fin la Ley que permitirá la demolición del mausoleo terrorista” y las declaraciones del congresista de ultraderecha Alberto De Belaunde, promotor de la Ley, quien dice que la existencia de las tumbas de los prisioneros asesinados “es una afrenta a la memoria de todos los ciudadanos”, “y con la Ley se está luchando contra una posibilidad de apología, ya que se había vuelto un espacio que era utilizado para apología”.
Aun cuando la ultraderecha mayoritaria en sus dos versiones impuso la Ley hubo posiciones a contra corriente de consecuentes demócratas como el voto en contra de un valiente congresista de izquierda.
Esta ley es una demostración más de la persecución política y de la reaccionarización del Estado peruano que pretende ocultar la crisis general de su sistema en lo económico, político y social, utilizando la supuesta lucha contra el terrorismo cuando hace 26 años la guerra popular terminó en el Perú.
Con esta demolición de las tumbas se pretende ocultar que la Marina fue el perpetrador del genocidio en El Frontón, el Ejército en Lurigancho y la Fuerza Área en el Callao, por orden del Estado peruano y su presidente de entonces, Alan García Pérez quien nunca respondió a ningún tribunal de justicia.
Todo lo que demuestra la perversa acción de la ultraderecha en el Ejecutivo y el Congreso en contra de los familiares de los prisioneros asesinados, quienes denunciamos en este evento que a nuestros hijos, padres y hermanos prisioneros los mataron, secuestraron sus restos por décadas y cuando nos lo entregaron al cabo de 30 años y los enterramos, hoy quieren destruir sus humildes nichos construidos con nuestro esfuerzo.
Contra esta monstruosa intención del Estado reaccionario del Perú, pedimos a la Coordinadora su pronunciamiento solidario con nuestra lucha por el respeto al derecho de enterrarlos según nuestras costumbres.
Perú, diciembre 2018
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y VÍCTIMAS DE GENOCIDIO
AFADEVIG
30 años después de los hechos, el Estado peruano a través de la fiscalía entregó solo 21 restos y 8 familiares decidieron enterrarlos juntos en una tumba colectiva en el cementerio “19 de julio” del distrito popular de Comas, rindiéndoles el justo homenaje que les corresponde con una romería para enterrar sus restos. Hecho que fue usado como pretexto por la policía política -DIRCOTE- para promover una desproporcionada campaña mediática, como parte de la persecución política; y desde el Presidente de la República, sus ministros y congresistas de ambas facciones de la ultraderecha; se pronunciaron en una criminalización descontrolada, negando el derecho de enterrar a los revolucionarios asesinados, como el resguardo de la memoria de una parte protagónica de la guerra.
El Alcalde de Comas, tres meses después de los entierros, cediendo y sumándose a la infame campaña, nos sanciono administrativamente con la demolición en forma indebida, aplicando la ordenanza N° 275 referida a construcciones ilegales en zonas habitadas, mas no aplicables a cementerios, como es nuestro caso, por cuanto la Ley de cementerios respeta el derecho de enterrar a los muertos y establece claramente que para el traslado de restos humanos solo procede a pedido de los familiares y por orden judicial.
Obviamente, los familiares hemos rechazado esta afrenta y también el 6° Juzgado Penal de Lima Norte, en el expediente N° 03810-2017 ha rechazado el pedido del Alcalde para proceder a la demolición.
Además, hay otros procesos pendientes en el Poder Judicial para demostrar que no hay nada irregular en la construcción de los nichos, y sí hay perversidad en quienes promueven esta infame acción.
Ante la imposibilidad legal de destruir los nichos, el gobierno promulgó la Ley N° 30868 el 10 de noviembre del presente año, por el cual modifican la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, Ley con nombre propio y de aplicación retroactiva, prohibida por la Constitución, pretenden dar viso de legalidad a la destrucción de los nichos de nuestros familiares, como lo prueba la campaña mediática del principal grupo de medios “El Comercio”: “Al fin la Ley que permitirá la demolición del mausoleo terrorista” y las declaraciones del congresista de ultraderecha Alberto De Belaunde, promotor de la Ley, quien dice que la existencia de las tumbas de los prisioneros asesinados “es una afrenta a la memoria de todos los ciudadanos”, “y con la Ley se está luchando contra una posibilidad de apología, ya que se había vuelto un espacio que era utilizado para apología”.
Aun cuando la ultraderecha mayoritaria en sus dos versiones impuso la Ley hubo posiciones a contra corriente de consecuentes demócratas como el voto en contra de un valiente congresista de izquierda.
Esta ley es una demostración más de la persecución política y de la reaccionarización del Estado peruano que pretende ocultar la crisis general de su sistema en lo económico, político y social, utilizando la supuesta lucha contra el terrorismo cuando hace 26 años la guerra popular terminó en el Perú.
Con esta demolición de las tumbas se pretende ocultar que la Marina fue el perpetrador del genocidio en El Frontón, el Ejército en Lurigancho y la Fuerza Área en el Callao, por orden del Estado peruano y su presidente de entonces, Alan García Pérez quien nunca respondió a ningún tribunal de justicia.
Todo lo que demuestra la perversa acción de la ultraderecha en el Ejecutivo y el Congreso en contra de los familiares de los prisioneros asesinados, quienes denunciamos en este evento que a nuestros hijos, padres y hermanos prisioneros los mataron, secuestraron sus restos por décadas y cuando nos lo entregaron al cabo de 30 años y los enterramos, hoy quieren destruir sus humildes nichos construidos con nuestro esfuerzo.
Contra esta monstruosa intención del Estado reaccionario del Perú, pedimos a la Coordinadora su pronunciamiento solidario con nuestra lucha por el respeto al derecho de enterrarlos según nuestras costumbres.
Perú, diciembre 2018
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y VÍCTIMAS DE GENOCIDIO
AFADEVIG