“Vean las actas del Congreso y allí van a
ver la crítica furibunda que hicimos contra la acción esta de Tarata. Y le voy
a dar una razón política, señor. Llegamos a un momento, el 91, que había que
ganar a la burguesía nacional, ¿cómo le íbamos a dar un golpe?”
“No soy de los que envenenan, soy de los
que pelean por la humanidad. ¡Eso es lo que he probado, señor! Envenenadores,
otros, que se llenan los bolsillos y están mandando en el Perú.”
LA FARSA DE JUICIOS, EL NARCOTRÁFICOY LA GUERRA INTERNA
Mientras el gobierno habla de “reconciliación”
prosigue la persecución política, el odio y la venganza contra los comunistas y
revolucionarios, y realizan nuevos juicios contra los dirigentes del PCP ya
sentenciados a cadena perpetua, a 35 años o ya cumplieron condenas de 25 años.
A todas luces, son farsas montadas porque vuelven a juzgar por hechos que ya
tienen sentencia, como el de Tarata, e
inventan cargos infamantes como
el de narcotráfico, sin ningún sustento real.
Lo
que sí está probado hasta la saciedad es que el PCP es una organización
política que se sustenta en la ideología del proletariado y su razón de ser es
eminentemente política. Así, dirigió una guerra popular para conquistar el
Poder y construir una nueva sociedad enrumbada al socialismo. Todo su accionar
se ha sustentado en el trabajo y entrega desinteresada de sus militantes y el
apoyo voluntario de las masas populares que lo han dado todo, desde el mendrugo
de pan que se han quitado de sus bocas hasta sus hijos para servir a la revolución.
Siempre han practicado el principio de independencia, autodecisión y
autosostenimiento. En consecuencia, nunca han probado ni podrán probar
financiamiento de ningún país extranjero, menos del narcotráfico. Es conocido
que no han encontrado ni podrán encontrar cuentas bancarias con dinero del
narcotráfico, porque no han existido nunca. Como tampoco encontraron durante la
detención del doctor Abimael Guzmán el dinero que imaginaban. Por otro lado,
machacaban que una evidencia de la “alianza entre narcotráfico
y terrorismo”
era que aquel entregaba armas a la guerrilla; pero nunca, nunca
presentaron ningún arma que probara su imputación; lo que sí informaban es que
las armas incautadas a los guerrilleros eran las que estos habían arrebatado a
las FFAA y FFPP en los asaltos y emboscadas. Siendo así, la infamia de
imputar a los dirigentes del PCP de narcotráfico tenía y tiene el objetivo de
desprestigiar a la revolución y a los comunistas, así como de impedir ahora las
libertades de quienes ya cumplieron las penas impuestas por el Estado e imponer
cadena perpetua a quienes aún no la tienen, y de escarmentar en los
revolucionarios y comunistas.
Lo que sí está probado hasta la saciedad es que las clases dominantes, sus
gobiernos y las FFAA y FFPP de su Estado han tenido vínculos estrechos con el
narcotráfico. Si no, recordemos, por ejemplo, los casos “Villa Coca” en el
gobierno de Belaúnde, el de Carlos Lambert en el del APRA, quien le financió la
campaña electoral de 1985, y el del avión presidencial con cargamentos de
cocaína en el gobierno de Fujimori. Solo por mencionar los casos más
mediáticos, de los muchísimos.
Y si hablan del Huallaga, quienes imputan al PCP y a la guerrilla maoísta
de vínculos con el narcotráfico, por qué no recuerdan las declaraciones de Demetrio
Chávez Peñaherrera, más conocido como Vaticano, publicadas en La República: “El jefe de la base
militar [de Campanilla] propuso apoyarme. Además de pagarle por dejarme operar,
colaboré con él para impedir que entren los terroristas. Me hice aliado del
Ejército […] Si uno quería trabajar en esa zona, tenías que tener el permiso de
los militares”. El mismo Vaticano precisó que no solo pagó a las Fuerzas
Armadas y a Montesinos para traficar con drogas, sino que se enfrentó a la
guerrilla junto al Ejército, para lo cual financió las mesnadas que Vaticano
mismo encabezó. Esto sí está probado, incluso en el juicio que se le siguió.
Como este, fueron muchos los narcotraficantes que no solo pagaban a los
jefes de las FFAA y FFPP para desenvolver sus actividades delictivas o por el
uso de aeropuertos o de la carretera Marginal, despejada y protegida por las
FFAA, para los vuelos de las avionetas que transportaban drogas a Colombia, o
también pagos por utilizar helicópteros de las FFAA para transportar drogas;
además participaron en la guerra contrasubversiva, bajo mando de las FFAA,
montando grupos armados o mesnadas para enfrentar a la guerrilla, como el
conocido como Machi, en el poblado Paraíso, donde formó y financió el
“Movimiento Antiterrorista”.
Todo esto sí está probado. Tanto que la misma gubernamental Comisión de la
Verdad y Reconciliación lo reconoce parcialmente en su informe final.
Por otro
lado, el PCP también ha deslindado públicamente con el grupo mercenario y
antipartido del VRAEM, y con sus evidentes vínculos con el narcotráfico. Ese
grupo mercenario nada tiene que ver con el PCP marxista-leninista-maoísta,
pensamiento gonzalo. Su práctica demuestra que actúa al servicio de los planes
del Estado y sirve a la persecución política contra los comunistas.
La
imputación de vínculos con el narcotráfico empezó casi con el mismo inicio de
la guerra popular, junto con la calificación de “terrorismo”, siguiendo los
lineamientos establecidos por el imperialismo norteamericano para combatir las guerras revolucionarias
que se libraban en el mundo desde inicios de los ochentas del siglo xx. Fue con Ronald Reagan que
el imperialismo norteamericano vinculó drogas y revolución, narcotráfico y
subversión,
con el propósito de desprestigiar la revolución y a los revolucionarios, y
tener mejores condiciones para combatirlos.
Por tal razón, la esencia política y militar del
Estado peruano y sus gobiernos ante las guerrillas ha sido combatirlas como
“terrorismo”. Y, por lo mismo, el
reaccionario gobierno de Belaúnde para pretenden
encubrir los fracasos que cosechaba en su plan represivo y el pujante
desarrollo de la lucha armada, después de hablar de abigeos y de que la
guerrilla tenía vínculos con el socialimperialismo soviético, montó la burda
patraña de que “serían narcotraficantes” los autores de las acciones armadas.
Así, siguiendo al imperialismo yanqui, imputaban de “terroristas”,
“narcotraficantes” o de “narcoterroristas” a los revolucionarios, buscando desprestigiar la
guerra revolucionaria, generar rechazo de la población y pretender poner a las masas de su lado o neutralizarlas, y tener así un burdo pretexto
para aplicar su línea y política genocida.
Lo empezado
con el gobierno de Belaúnde continuó con el de García Pérez y se acentuó con el
gobierno de Fujimori: una siniestra campaña de imputar “narcoterrorismo” a los
revolucionarios dentro de la estrategia de guerra de baja intensidad concebida
por el imperialismo norteamericano.
La
posición del PCP sobre el narcotráfico ha sido expuesta clara y reiteradamente,
como podemos ver en sus documentos oficiales, por ejemplo, en la Sesión Preparatoria del II Pleno del CC,
de noviembre de 1990. Lo analiza en sus diversas
facetas: Una, la drogadicción es
producto de la degeneración del sistema de explotación; que se da más en las
sociedades capitalistas, en el seno mismo del imperialismo, y menos en las
naciones oprimidas; el imperialismo y las clases dominantes inducen la
drogadicción, a que los jóvenes llenen con las drogas sus vidas fatuas y
vacías; la droga daña la mente, el cuerpo y revela pérdida de perspectiva. Para
el PCP es un problema social y se resuelve con la revolución; está totalmente
en contra porque la salida es la revolución, es la acción transformadora del
hombre, es la creación de un nuevo sistema; con el convencimiento de que esto
es factible, como lo demostró la revolución china: luego de tomar el Poder
resolvió en corto tiempo el problema del consumo del opio (promovido y hasta
impuesto por los imperialistas). Dos,
en el Perú está relacionado con la necesidad de los campesinos de cultivar coca
para sobrevivir, porque no tienen otro cultivo que sea rindente y con precios
que les permitiera satisfacer sus necesidades elementales; ya que en la ceja de
selva se siembra maíz duro, por ejemplo, a más alto costo y menor rendimiento,
o frutas, productos que se llenan de gorgojos o se pudren porque no había ni
carreteras para sacarlos. El PCP se oponía a la erradicación de la coca porque
era fuente para que los campesinos pudieran vivir y la experiencia histórica
muestra que la acción imperialista de arrasar las plantaciones ligadas a drogas
genera el hundimiento del campesinado, como sucedió en Turquía. Tres, genera moneda dura, dólares, que
actúan en el proceso económico de los países oprimidos, como en Colombia,
Bolivia y Perú. En el Perú de fines de los
ochenta, según El Comercio del 28 de
octubre de 1990, el valor bruto de producción de cocaína para 1988 y
1989 se estimaba en 1,890 millones y 2,598 millones de dólares, que
representaban el 11 y 14 % del PBI, equivalente a todo el aporte del sector
agrícola legal, de 12 %; la población involucrada pasó de 1.200.000 a 1.500.000
personas en los mismos años. El cultivo de la coca se expandió geométricamente: en
1980 se cultivaba 35.000 hectáreas; en 1989, unas 200.000 hectáreas,
extendiéndose más y más a los diversos valles: al centro del Huallaga, norte de
San Martín, al Huallaga central, Ucayali, Loreto, Apurímac, selva de Cusco,
repercutiendo en La Libertad, Ancash, Junín, la zona del Ene. Los millones de
dólares provenientes de la coca que ingresaban e ingresan al Perú repercuten
fuertemente en su proceso económico. El ingreso de estos dólares provenientes
del narcotráfico golpeaba el sistema económico del Perú y beneficiaban también
a pequeños y medianos comerciantes y al pueblo.
Es
preciso detenernos en la experiencia concreta de la guerra en el Alto Huallaga,
porque aquí se concentraba la producción de hoja de coca en el Perú de las
décadas de 1970 y 1980, y es en relación al Huallaga que el Estado infama a la
guerra popular y al PCP.
Los
cultivos de coca y el narcotráfico en el Alto Huallaga son anteriores a la
expansión de la guerra popular hacia esta zona. En la década de 1970 se produjo
un considerable desplazamiento de campesinos andinos hacia la costa y la selva,
producto de la evolución del capitalismo burocrático y de la semifeudalidad
subsistente. Así, el Huallaga se vio inundado por una gran cantidad de
campesinos que huían de la pobreza y buscaban mejores posibilidades para vivir.
Fue a mediados de dicha década que aparecieron los sembríos de coca en el
Huallaga, como un producto que permitía la subsistencia de las familias
campesinas. Pero también apareció el narcotráfico en esta zona, que elevó el
precio de la hoja de coca y, en consecuencia, creció el área de su cultivo. En
solo un lustro, la coca se convirtió en el cultivo principal y el narcotráfico
se asentó e impuso su poder bajo la ley del más fuerte, en buenas relaciones
con el poder local y las Fuerzas Policiales. En este contexto, todos los días
aparecían cadáveres en las cunetas de las carreteras o en los caminos: de
campesinos asesinados para quitarles sus cosechas de hoja de coca o el dinero
de la venta, de acopiadores o “traqueteros” de pasta básica de cocaína,
asesinados para quedarse con la droga o los dólares que enviaban los carteles
de Colombia, o de miembros de bandas de narcotraficantes que se disputaban el
control del negocio en la zona. Hechos cotidianos de los que daba cuenta la
prensa y está en la memoria de la población. En este proceso de crecimiento
explosivo del narcotráfico, los mayores abusos recaían sobre los campesinos
cocaleros y los campesinos pobres, mayormente jornaleros que bajaban de la
sierra por temporadas.
Esta era
la situación del Huallaga cuando llegó la guerrilla en 1982. Y, sobre esta
base, el PCP aplicó una política específica para el narcotráfico, dentro de la
lucha por el Poder a nivel nacional, como precisa el documento de la Sesión Preparatoria del II Pleno del CC del
PCP:
Nosotros desde que empezamos a desarrollar la guerra
en esas zonas vimos que era una necesidad de los campesinos del lugar [cultivar
coca] y como nuestra revolución es revolución democrática y se basa en el
campesinado, especialmente pobre, como fuerza principal, aplicamos este
principio y nos vimos vinculados a los campesinos cocaleros; allí diferenciamos
también clases, porque se expresan. Este mismo fenómeno nos presentó el
problema del narcotráfico y adoptamos la política de no enfrentarnos sino
aplicar la “política de acción paralela” y de velar por que los precios de la
coca de los campesinos sean razonables; no enfrentarnos con ellos ni ellos con
nosotros.
La
política del PCP respecto a los campesinos productores de coca y al
narcotráfico fue correcta y sagaz: velar por los intereses de los campesinos
cocaleros, por precios razonables para la hoja de coca, y no enfrentarse con
los narcotraficantes en tanto ellos no lo hicieran (por cuanto la solución de
este problema vendría con la conquista del Poder en todo el país). La política
de acción paralela no implicaba coincidir con el narcotráfico, pues este tenía,
y tiene, un objetivo muy distinto al de la guerra popular. Política que
permitió la defensa de los campesinos, especialmente de los pobres, y su
creciente incorporación a la guerra popular, con el consiguiente desarrollo del
Ejército Guerrillero Popular, de la guerra popular y del nuevo Poder en el
Huallaga. De manera que donde estaba presente la guerrilla se acabaron los
asaltos y asesinatos de campesinos; la guerrilla estableció un precio razonable
para la coca de los campesinos, así como el salario para los jornaleros y las
condiciones adecuadas de trabajo, como alimentación y vestido. Todo esto
produjo, como dijimos, una gran incorporación de las masas, el desarrollo de la
guerra popular y del nuevo Poder. Razones por las que el Estado tuvo que
ajustar sus planes frente a los campesinos cocaleros, dentro de su guerra
contrasubversiva y de la política norteamericana en la lucha antinarcóticos,
con el objetivo de ganar a esas masas campesinas y apartarlas de la guerra
popular.
El Estado primero aplicó la
erradicación de cultivos, que
incluyó el uso de herbicidas que arrasaban con toda la vegetación y, en
consecuencia, generaban la erosión de las tierras, y consideraba a los
campesinos cocaleros como narcotraficantes. Pero, mientras arrancaban las
plantas de coca, los jefes militares cobraban a las firmas del narcotráfico no
solo para dejarlos operar sino para ayudarlos en sus actividades. El
imperialismo yanqui también participó directamente: estableció una base de la
DEA en Santa Lucía, equipada de helicópteros y armamento, para combatir la
guerra popular con el pretexto del narcotráfico. Dicho plan fracasó
rotundamente; el área de los cultivos de coca continuó su crecimiento
geométrico y, lo peor para el Estado, la guerra popular se desarrollaba
incesante. Ante esta situación, desde los últimos tiempos del gobierno de
García Pérez, ya se escuchaban voces en la política peruana que sostenían que era
erróneo erradicar los cultivos de coca porque lanzaba a los campesinos contra
el Estado y los orientaba a la guerra popular; y algunos empezaron a darse
cuenta de que los campesinos necesitaban ese recurso para vivir. Uno de ellos
fue el general
Arciniegas, jefe político-militar del Huallaga en 1989, quien sostuvo “no
tratar a los campesinos como narcotraficantes para alejarlos de SL”.
Esta situación revelaba que los planes del Estado para erradicar los
cultivos de coca, considerando a los campesinos cocaleros como narcotraficantes
y “terroristas” habían fracasado; por tanto, su acción contra el narcotráfico
ligada a su acción contrasubversiva también había fracasado. Ante su fracaso,
el Estado y el gobierno de Fujimori facilitan la participación del imperialismo
yanqui para un manejo global de la guerra y los problemas del Estado, no
exclusivamente para la acción antinarcotráfico.
La importancia del Perú para
EEUU y su lucha contra el narcotráfico radica en que el Perú producía, a fines
de los ochenta del siglo pasado, el 60 % de coca del mundo; en consecuencia, para llevar con éxito sus
planes antidrogas en el Perú, el imperialismo yanqui tenía que desenvolver
lucha contra la guerra popular, porque, supuestamente, estaban ligadas. Posición
engendrada por el departamento de Defensa de EEUU, que planteaba que el ligar
revolución con narcotráfico, subversión con narcotráfico, les permitía tener la
base moral para atacar frontalmente al PCP y la guerra popular.
La cuestión era que si el PCP
era “brazo derecho del narcotráfico”, como infamaba el imperialismo yanqui, la
punta de lanza de su acción, o de la acción bajo su dirección, debía ir contra
la guerra popular. Esto derivaba de la imputación imperialista de
“narcoterrorismo”, posición que en el Perú la reacción y sus lacayos repicaban
y repican hasta hoy. De ahí que la primera prioridad para el gobierno de Bush
era la guerrilla, por tanto necesitaba ampliar su ayuda militar con el pretexto
de combatir las drogas.
En consecuencia, el Departamento de Defensa de EEUU
sostuvo en aquel tiempo: “el mayor peligro para el Perú es el grupo guerrillero
Sendero Luminoso, no se le puede combatir destruyendo cosechas de coca […]
porque los campesinos se van con los guerrilleros”. Queda claro que de ahí
salieron las ideas del general Arciniegas. Entonces, son otros planes, otra
manera de ver cómo combatir la guerra popular.
También recordemos lo
expresado por el
secretario de Estado adjunto para asuntos internacionales de narcotráfico de
los EE.UU., Levitsky, a las agencias noticiosas Reuter y Newsweek: “Es
cuestión de saber que el problema involucra tanto a los narcotraficantes como a
Sendero Luminoso [...] si nuestra asistencia es usada para enfrentar a Sendero
Luminoso a fin de que las actividades antinarcóticos puedan avanzar y ser
eficaces consideraremos eso como un uso legítimo de nuestra asistencia”.
Clarísimo, para el imperialismo yanqui era más importante aniquilar la guerra
popular que combatir el narcotráfico, y su injerencia la consideraban legítima.
Levitsky prosigue: “Si dejamos el Perú de lado habremos dejado de lado una
buena parte de nuestra estrategia contra los narcóticos. Necesitamos participar
y si no lo hacemos ellos van a asestar un golpe a los intereses de la lucha
antinarcóticos”. En el fondo,
temía que la guerra popular derrote su estrategia de guerra de baja intensidad.
Además, Levitsky dijo: “EE.UU. decidió enviar asesores militares al Perú porque
cree que es imposible luchar contra el narcotráfico sin enfrentar también a los
guerrilleros marxistas de Sendero Luminoso...”
Así,
tomando el problema del narcotráfico como pretexto, el imperialismo yanqui
concibió un plan estratégico para intervenir “justificadamente” y conjurar la
revolución en el Perú. Parte de este negro plan fue la reunión de febrero de
1990 en Cartagena
y también del Convenio de intervención en el Perú.
El gobierno de Fujimori, en este contexto, se
planteó
“abordar integralmente el narcotráfico”. En esencia, usar el problema del
“narcoterrorismo”, es decir, de la guerra popular, y el interés del imperialismo
yanqui al respecto, en función de una solución global a los problemas que
enfrentaba su sistema de explotación: aniquilar la guerra popular, recibir
fuerte ayuda económica, vincularlo a la solución de la deuda externa, a
exportar productos peruanos a EEUU; y ligado a la iniciativa Bush para América
Latina y el plan Brady. El problema del gobierno peruano era resolver las
contradicciones que tenía con los EEUU para facilitar la participación de estos
en la guerra contrasubversiva.
Por tanto, vincular el narcotráfico con la guerrilla
era fundamental para el Estado peruano, porque así debía incrementarse
sustancialmente la ayuda del imperialismo yanqui para la lucha
contrasubversiva, lo que le daría mejores condiciones para enfrentarlo.
El gobierno de Fujimori se planteaba, dentro de la
estrategia de guerra de baja intensidad, dar “prioridad a los aspectos de desarrollo antes
que a las actividades represivas”; desarrollar integralmente las zonas
implicadas en la guerra; “romper el vínculo subversión-narcotráfico”, es decir,
con el campesinado cocalero. De todo esto se desprende que apuntaban a dar
condiciones sociales para combatir la lucha contrasubversiva usando el
narcotráfico como pretexto.
La
guerra de baja intensidad plantea ligar lo militar a lo político; la acción
militar ligarla a las reformas sociales y económicas; y desenvolver la
actividad militar complementada por inteligencia, operaciones psicológicas,
acción cívica y control de la población y los recursos; y agregarle a esto la
legitimación. En el gobierno de Fujimori se aplicó todo esto.
Esta
manera de concretar la guerra contrarrevolucionaria ligaba más al gobierno de
Fujimori con los militares y con el imperialismo, yanqui principalmente. “Combatir al narcotráfico” le proporciona “causa justa” y “base moral” al
imperialismo yanqui, así como “luchar contra el terrorismo”. De esta manera tienen una base
moral para hacer un plan y sojuzgar militarmente a América Latina.
Entonces, en todo el proceso de
la guerra popular resultó fundamental para la guerra contrasubversiva vincular
la subversión con el narcotráfico, etiquetar de “narcoterrorismo”, siguiendo lo
establecido por el imperialismo yanqui. “Vínculo” nunca probado pero que siguen
usando, ahora dentro de la persecución política contra los revolucionarios, los
comunistas y los dirigentes del PCP.
Hasta hoy, 25 años después del término de la guerra
popular, las clases dominantes, especialmente los sectores de ultraderecha,
anteponen sus mezquinos intereses de grupo y continúan con la persecución
política y el odio furibundo contra los revolucionarios, principalmente contra
los comunistas y sus dirigentes. Actúan en contra de la solución política,
amnistía general y una verdadera reconciliación nacional, que necesitan el
pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto para cerrar un capítulo dramático
de nuestra historia. Por eso montan farsas de juicio, como el caso Tarata,
inventando inexistentes e infamantes vínculos con el narcotráfico, que nunca
existieron sino en la mente y los planes contrarrevolucionarios del
imperialismo yanqui y de sus lacayos del Perú.
Estas infamias fueron desenmascaras contundentemente por el doctor Abimael Guzmán en una
audiencia del “caso Tarata”:
En mi vida, señor, jamás he tocado una bendita sustancia de drogas porque a mí me han formado así. Tengo cabeza, no necesito embriagarme para pensar, menos envilecerme. Y que yo haya participado en eso, ¡jamás! ¿Por qué? No soy de los que envenenan, soy de los que pelean por la humanidad. ¡Eso es lo que he probado, señor! Envenenadores, otros, que se llenan los bolsillos y están mandando en el Perú. Esos son los culpables. […] Vean las actas del Congreso y allí van a ver la crítica furibunda que hicimos contra la acción esta de Tarata. Y le voy a dar una razón política, señor. Llegamos a un momento, el 91, que había que ganar a la burguesía nacional, ¿cómo le íbamos a dar un golpe? ¿Cómo, pues? No tiene sentido político, señor. Fue un monstruoso error de quienes lo cometieron. Es una razón política, demuestren lo contrario, nosotros somos políticos, no somos ganapanes ni aventureros que nos pagan, no somos eso, somos comunistas combatientes, señor. ¿Entonces? ¿De qué hablo? Ni uno ni otro tiene que ver conmigo...
¡ABAJO FARSA DE JUICIOS CONTRA LOS DIRIGENTES DEL PCP!
¡LA
FARSA DE NUEVOS JUICIOS SON JUICIOS SIMBÓLICOS Y PUNITIVISTAS QUE SOCAVAN EL
ESTADO DE DERECHO!
¡EXIGIMOS LA ABSOLUCIÓN DE TODOS LOS PROCESADOS DEL
CASO TARATA!
¡LIBERTAD INMEDIATA PARA OSMÁN MOROTE Y MARGOT
LIENDO!
¡ABAJO LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LOS COMUNISTAS Y
REVOLUCIONARIOS!
¡DEFENDER LA TRASCENDENCIA HISTÓRICA DE LA GUERRA
POPULAR!
¡POR UNA AUTÉNTICA RECONCILIACIÓN NACIONAL HACIA EL
BICENTENARIO!
¡DESARROLLAR EL CAMINO DEL PUEBLO HACIA EL SOCIALISMO!