Echando
mano de todo recurso, la ultraderecha, el sector más reaccionario enquistado en
el Estado peruano se apresta a concretar el propósito político de impedir la
libertad de unos y desprestigiar a todos los acusados. Con infame condena busca
“ejemplarizar” como dicen, para
utilizarla contra la justa protesta popular imputándola de “terrorismo”.
En
qué panorama se da esto?
A
nivel del mundo es innegable la relación entre la crisis económica y sus
repercusiones políticas. Lo vemos en el perfilamiento de un clima de guerra
provocado por las potencias imperialistas en sus pugnas por nuevo reparto del
mundo, generando así una reaccionarización de los Estados. Parte de esta es la
metamorfosis del Derecho penal, que ha devenido en un Derecho penal de
excepción pero dentro de un formal Estado de derecho, cuya finalidad sería la
de combatir peligros a través de la
potenciación de la seguridad en desmedro del respeto a los derechos y garantías
de las personas. Es que para los opresores toda la lucha por derechos de las
mayorías es un peligro, porque atenta contra sus planes de enriquecimiento sin
límite.
Y
el Perú actual no es ajeno a esta reaccionarización. Ahí tenemos cómo el
Derecho penal del enemigo ha sido elevado a la ene potencia en la lucha contra
lo que nominan terrorismo y están aplicando en los nuevos juicios contra los
dirigentes del PCP ahora, y en perspectiva pretenderán usarlo contra la
protesta popular, sino recordemos cómo toda lucha importante que emprende el
pueblo peruano es inmediatamente imputada de infiltración terrorista y
perseguida como crimen.
Así
se entiende cómo llamado caso Tarata es una farsa, primero porque los autores
de tan lamentables sucesos ya fueron juzgados y condenados en el año 1998. Y en
última instancia el Expediente 346-2013 Caso Tarata/Narcotráfico es una
construcción política tras un supuesto “peligro inminente”, es un juicio
fabricado interesadamente para aplicar medidas de aseguramiento, para conjurar
riesgos a futuro con una desmedida extensión punitiva del Estado. O a alguien
le quepa duda que el conflicto armado interno, o la guerra popular, (según sea
llamado por las partes involucradas), concluyó con derrota para los alzados en
armas allá por el año 1992? Y que todos
los dirigentes del PCP ya fueron condenados en el Megaproceso en el 2006 “por
todos los hechos de la guerra popular”?
Por
tanto, ¿qué sentido tiene nuevos juicios para quienes tienen condena de cadena
perpetua? ¿Qué peruano honesto puede creer que Osmán Morote y Margot Liendo van
a salir a “desestabilizar” el país, cuando todos hace 25 años hicieron pública
su posición de luchar por solución política, amnistía general y reconciliación
nacional y desde entonces han actuado consecuentemente?
Una
sola es la respuesta: impedir la
libertad a unos y desprestigiarlos a todos con la vil imputación de
narcotráfico. Para eso han montado
campaña tras campaña persecutoria e infame contra los acusados apoyándose en
sus medios adictos; para eso presionan sistemáticamente al poder judicial, para
que abjurando de su fuero aplique los dictámenes que a los mandamases del país
les conviene; y finalmente para amedrentar
al pueblo que busca su propio camino de desarrollo.