Prosiguiendo
infame campaña contra los comunistas marxistas-leninistas-maoístas, extendida a
demócratas y a las justas luchas del pueblo, el Ejecutivo esta vez en colusión
con el Congreso de turno pretende pasar nuevas leyes de persecución y
represión.
Como
un logro han difundido una violación flagrante a un derecho fundamental: el derecho de todo ciudadano a trabajar.
A procurarse sus medios de subsistencia y al ejercicio de la profesión, oficio
u ocupación que su ubicación en esta sociedad le haya permitido alcanzar.
Negar
el derecho a trabajar en el sector público no es lo único, pues es de prever
que con las medidas adicionales como publicar listas de condenados apuntan a
que también el sector privado cierre sus puertas a esta considerable masa
laboral, incurriendo así en otra violación a la Carta Constitucional, pues
cumplida la pena la persona se rehabilita y debe borrarse todo antecedente: a
eso se llama reincorporarse a la sociedad.
Con
la excusa de un “terrorismo” que no existe hace un cuarto de siglo, se persigue
una vez y otra y otra a quienes cumplida la sanción que la ley les impuso
mediante el juzgamiento, condena y cárcel, debieran reincorporarse a la sociedad
y si fuera su deseo participar como cualquier ciudadano en la vida política del
país como es el caso de ex prisioneros participantes en el MOVADEF.
O
en su defecto, contra quienes ya privados de la libertad cumplen cadena
perpetua en condiciones infames, se
descargan ataques cual fueran tiempos de guerra y contra ellos llueva fuego de
fusilería.
No
se puede consentir. En ningún país que se precie de demócrata se pisotea con
impunidad los principios que le dieron origen.
¿Qué es lo “nuevo”?
Ahora
sale el Presidente de la República
presentando un “Proyecto de ley que
dota de eficacia y establece de mecanismos de celeridad para el procesamiento y
juzgamiento de los delitos de Terrorismo”, “a fin de regular medidas de
eficacia para una correcta persecución y oportuna sanción de los delitos
de terrorismo. Como lo titulan los medios, una ley de
“endurecimiento” en la represión al “terrorismo”, que en resumen significaría
que:
§ A la ya existente
prolongación de prisión preventiva de 36 meses para crimen organizado le
aumentan 36 meses más por terrorismo
§ Vuelven a agravar más la
ley antiterrorista modificando su Art. 13:
§ Disponen que los jueces
ordenen detener en 24 horas a quienes el Ministerio Público denuncie;
§ Que la Instrucción se
efectúe en 30 días naturales;
§ Retornan a la prohibición
de que el firmante de los Atestados Policiales no sean testigos;
§ Que a los tres días de
realizada la instrucción se formule la denuncia fiscal;
§ Que las Audiencias de
juicio oral sean diarias, privadas y consecutivas;
§ Impedimento de la libertad
si no se paga el total de la reparación civil;
§ Más, la retroactividad de
todas estas normas a los procesos en curso, entre otras medidas.
Es decir, un retorno a los juicios
sumarios, secretos y de excepción cual los tiempos de guerra que ya no existen
hace 25 años.
Estas
son pues más medidas persecutorias, represivas y de venganza. Tienen nombre
propio, son para condenar a los acusados del llamado Caso Perseo; son para
repetir la cadena perpetua a los dirigentes del PCP por mantenerse en sus
convicciones ideológicas y políticas; para ponerles pena perpetua a los que debieron
estar ya libres por cumplimiento de 25 años de condena. Y finalmente, para
amedrentar a todos quienes luchan por sus derechos y que son imputados de
apología, colaboración, financiamiento, autores mediatos, familiares o del
“entorno” de un terrorismo que se fabrica, como lo hicieron con la lucha
magisterial; cuando la realidad es que el
único peligro inminente para la sociedad peruana actual es la destrucción total
del estado de derecho y la imposición de una dictadura abierta, usando el
fantasma del terrorismo para tapar la creciente explosividad popular que
pretenden reprimir.