RECONCILIACIÓN NACIONAL: UN DEBATE IMPRESCINDIBLE
Derivado
del indulto “humanitario” a Alberto Fujimori, otorgado por Pedro Pablo
Kuczynski (PPK) como producto de una escandalosa negociación entre grupos de la
ultraderecha del Ejecutivo y Legislativo, se ha abierto el debate, después de
25 años, sobre la reconciliación nacional. El tema recién se está tratando, y
es bueno e imprescindible debatirlo. Porque se trata de un tema derivado de la
guerra interna que vivió el país, de 1980 a 1992, hecho histórico de interés
del pueblo, de la nación y de la sociedad peruana en su conjunto.
Las
formas de comprender la reconciliación nacional, como veremos, son diversas y
reflejan los intereses de cada clase social, y de los grupos dentro de ellas.
Esta es una realidad. Como también lo es el que solo hay una forma de
comprenderla de acuerdo a los intereses del pueblo, la nación y la sociedad
peruana en su conjunto. Las demás son formas mezquinas, estrechas, que expresan
interés de grupo y no sirven a cerrar el capítulo de la guerra interna y abrir
una nueva etapa en el desarrollo de nuestro país; se trata de una falsa
reconciliación nacional que debemos denunciar y desenmascarar.
PPK sostuvo que el
“indulto humanitario” a Alberto Fujimori Fujimori (AFF) era expresión de la
reconciliación; luego habló de un “gabinete de la reconciliación”, que no pasó
del nombramiento de dos apristas como ministros; y, después, el Gobierno
proclamó el 2018 como “Año del diálogo y la reconciliación”. Simples palabras
que no reflejan interés por una verdadera reconciliación nacional sino colusión
entre la ultraderecha en función de sus planes, y no resolvieron la grave
crisis política que vive el país, la más grave de los últimos 17 años. Crisis
que pone en cuestión la misma permanencia de PPK en el cargo de presidente.
Quien ha expresado con
suma claridad la posición del Ejecutivo sobre la reconciliación, pasado unos
días del canje de la vacancia por el indulto a AFF, es la premier Mercedes
Aráoz, en entrevista con Jaime de Althaus el 14 de enero último y, antes,
en declaraciones del 7 de enero.
Cuando el periodista Jaime de Althaus le pregunta ¿de qué reconciliación estamos hablando?,
¿entre quiénes?, la Premier responde: “Yo le llamaría acuerdos mínimos,
que nos permitan seguir la senda del desarrollo. Hay grupos, por supuesto, que
se oponen, que quieren cambiar la Constitución, pero creo que la gran parte de
la población cree en el modelo económico que tenemos”. Más claro ni el agua: la
“reconciliación” es con quienes están por sostener el sistema económico
capitalista, con quienes están por el neoliberalismo y la explotación
desenfrenada del pueblo. Por esta razón excluyen a los revolucionarios y
comunistas, incluso a sectores que plantean el cambio de la Constitución
fujimorista.
La Premier había
dicho, el 7 de enero: “Entendemos que son decenas de miles las familias que aún
hoy sufren, víctimas de la violencia política, y respetamos su infinito dolor.
Los familiares de las víctimas de Lucanamarca, La Cantuta, Barrios Altos, la
comunidad asháninka y los cientos de ciudadanos en todo el territorio nacional
que se vieron afectados por esta guerra fratricida necesitan sentir que el país
finalmente se enrumba hacia una ruta de la reconciliación”. Como se ve, en su
“reconciliación” no considera a los revolucionarios y comunistas que se
rebelaron contra el sistema; porque no los tienen en cuenta, no los consideran
parte de la sociedad, y prosiguen con la política de odio, venganza y
persecución política contra ellos.
El mismo 7 de enero ya
había defendido las “maravillas” del neoliberalismo impuesto en el Perú en
1990. Según sus palabras: “… las reformas económicas iniciadas en la última
década del siglo XX, y continuadas en los siguientes gobiernos… [abrieron] las
puertas a un futuro de progreso”. “Progreso” que para el pueblo ha significado
el barrimiento de sus derechos y conquistas, así como su redoblada explotación.
Luego sostuvo que está “convencida de que podemos mejorar aún nuestros índices
de bienestar si salimos de una polarización política improductiva que enfrenta
a los peruanos”. Y precisó: “El fujimorismo es hoy una de las fuerzas políticas
más importantes del país y es menester el buscar poder trabajar todos unidos si
es que queremos un futuro con progreso y desarrollo”.
Habla de entendimiento, de ponerse de acuerdo
para que trabajen juntos con el fujimorismo. Lo que buscan es coludirse para
viabilizar sus planes económicos, para reactivar su economía. Y llama al
fujimorismo, y a los demás grupos políticos de la gran burguesía, a una
“convivencia democrática” para explotar y enriquecerse más, para servir a los
intereses del imperialismo y sus monopolios. Y redondea su posición: “El
gobierno que lidera el presidente Kuczynski […] está convencido de que solo
reconciliándonos como nación podremos continuar y, sobre todo, profundizar las
reformas en favor de todos nuestros compatriotas”. Queda sumamente clara su
“reconciliación”: la conciben como “entendimiento” entre las clases dominantes
para profundizar las reformas neoliberales, desenvolver el sistema capitalista
y profundizar la explotación del pueblo.
En las mismas
declaraciones del 7 de enero, dijo: “… el precio de nuestros principales
metales se viene revalorando en el mercado internacional, lo que nos abre una
oportunidad para crecer aún más. Si a esto le sumamos el crecimiento de
nuestras exportaciones y la inversión que realizará el gobierno en la
reconstrucción, los próximos podrían ser años de muchas posibilidades. Pero
todo si logramos trabajar en una verdadera y profunda reconciliación política”. Para el Ejecutivo, la “profunda
reconciliación política” es para ponerse de acuerdo en centrar en minería y en
la reconstrucción del norte, así enfrentar la crisis económica e incrementar
sus capitales acumulando mayor plusvalía.
Mercedes Aráoz dijo
también en la misma fecha: “Pero todo este esfuerzo no lo puede hacer solo el
Ejecutivo. Es por esto que necesitamos reconciliarnos, tomarnos de la mano y
caminar adelante hacia el desarrollo. Es tiempo de que los peruanos demostremos
que podemos trabajar juntos, que le demos la contra a la historia de
polarización que tanto nos ha marcado […] Estoy segura de que la madurez
política, el diálogo y la tolerancia nos permitirán alcanzar acuerdos mínimos
para lograr nuestros sueños compartidos de desarrollo y prosperidad de cara al
bicentenario nacional”.
Es así como ve la
ultraderecha del Ejecutivo la llamada reconciliación: como una oportunidad de
entendimiento entre ellos, entre los grupos y facciones de las clases
dominantes, para llevar adelante sus medidas económicas, que les permitan durar
un tiempo más en el gobierno. Pero la crisis política continúa, sigue la
incertidumbre y prosigue en pie el pedido de vacancia del presidente, o su
renuncia.
Consideramos, con la
experiencia histórica e internacional, una verdadera reconciliación nacional
debe comprender varios aspectos. Es un proceso en el que deben participar todos
los actores de la guerra interna: las fuerzas del Estado y los revolucionarios.
También debe comprender a los pueblos afectados por la guerra, por la
aplicación de la línea y política genocida del Estado. Asimismo debe atender
las demandas de los familiares de las víctimas de la guerra, de los
desaparecidos, de las violadas; no se debe reducir a un pequeño grupo de
familiares, como los de La Cantuta, que solo son un puñado, que ni alcanzan a
los familiares de los 250 prisioneros de guerra asesinados en los genocidios de
los penales en 1986 ni a los familiares de las víctimas de Accomarca y Putis,
para mencionar solo algunos casos emblemáticos, menos a los familiares de las
decenas de miles de desaparecidos y de víctimas de la guerra. También debe
resolver el problema de los miles de requisitoriados y expatriados por motivos
de la guerra interna. Igualmente, el cambio de las leyes de tiempos de guerra.
Por lo señalado,
resulta paradójico que, desde el Estado, mientras hablan de “reconciliación
nacional”, abren nuevos juicios a los dirigentes del PCP, entre ellos al
Presidente Gonzalo con 83 años de edad y más de 25 años de encierro y
aislamiento absoluto, con una condena de cadena perpetua, imputándoles nuevos
cargos infamantes, como narcotráfico. Hablan de reconciliación nacional
mientras el Gobierno y la ultraderecha en conjunto vienen desenvolviendo
campañas atizando el odio, la venganza y la persecución política contra los
revolucionarios, contra los prisioneros políticos y de guerra, incluso contra
sus familiares, también contra quienes ya cumplieron su condena. Asimismo, el
Estado ha tomado la decisión de encarcelar a miembros de una organización de
verdadera izquierda, como el MOVADEF, abriéndoles varios procesos judiciales. A
lo que se suma la insistencia en destruir los nichos donde reposan los restos
de ocho prisioneros políticos, de los 250 asesinados en el genocidio de los
penales en 1986, y el Estado continúa secuestrando los restos de los demás
asesinados y se niega a entregárselos a los familiares de las víctimas.
Cuando Jaime de Althaus le pregunta sobre buscar un acuerdo con Fuerza Popular, dentro
de la “reconciliación”, la Premier responde: “… podemos sentarnos en
mesas de diálogo, espacios para conversar [...] En otras partes del mundo se ha
logrado. Sudáfrica es un lindo ejemplo de cómo con diálogos sinceros se logró
eliminar el apartheid. Colombia tomó en parte ese ejemplo para empezar con su
proceso de paz. Espacios de conversación no solo con los partidos, también con
la sociedad civil, un Acuerdo Nacional remozado…”
Si comparamos con la
práctica del Gobierno, lo dicho por Mercedes Aráoz son solo palabras hipócritas.
Porque en la experiencia de Sudáfrica todos asumieron responsabilidad, desde el
Estado hasta la Iglesia; mientras en el país ni el Estado ni los gobiernos de
Belaúnde, García ni Fujimori, incluso Humala, han asumido responsabilidad
alguna sobre la línea y política genocida que aplicaron ni en la
responsabilidad de las clases dominantes en la mantención de un sistema social
inicuo que hunde en la miseria extrema a la inmensa mayoría de peruanos. Y si
vemos la experiencia de Colombia, a los de las FARC, autodenominados
marxista-leninistas, no se les ha exigido que cambien su forma de pensar, que
cambien su ideología; les han permitido participar en las elecciones y hasta
mantener sus propias siglas. ¿Y en el Perú? Continúa la persecución política,
el odio y la venganza contra los revolucionarios; se impide la participación
política de los ex prisioneros de guerra, se les impide trabajar; la
persecución se extiende a sus familiares. Por tanto, los llamados del Gobierno
al diálogo es pensando en un diálogo entre las clases dominantes, pensando en
los militares presos. Incluso cuando se refieren a la sociedad civil, no
consideran ni a los familiares de todas las víctimas, pero sí hablan de los
“partidos políticos” de la gran burguesía y de quienes sostienen y defienden el
sistema capitalista.
Queda claro, para el
Gobierno y las clases dominantes en el Perú, los revolucionarios y comunistas
están excluidos no solo del diálogo sino de la sociedad, y sueñan con su
destrucción y desaparición. Por todo lo señalado, no es reconciliación nacional
lo que pregona el Gobierno, sino aplican ¡Ay del vencido!
En cuanto a los
pueblos afectados por la guerra interna, otro aspecto de una verdadera
reconciliación nacional. Al Gobierno y a las clases dominantes les interesan
muy poco los pueblos afectados por dicha guerra, especialmente los pueblos
arrasados por las FFAA y FFPP. En más de 25 años, desde el término de la guerra
interna, al Estado y a las clases dominantes no les ha preocupado en absoluto
elaborar y aplicar planes de desarrollo y reconstrucción de las zonas afectadas
por la guerra contrasubversiva, como correspondería si el Estado hubiese
reconocido que hubo una guerra con causas económicas, sociales y políticas; el
campo sigue abandonado, presa de la voracidad del capitalismo que penetra
despojando al campesinado de sus tierras, de sus escasos medios de producción y
subsistencia.
Cuando Mercedes Aráoz
y toda la ultraderecha hablan de “desarrollo” producto del “modelo económico”
—aplicado por todos los gobiernos desde 1990—, al que serviría la
“reconciliación” concebida por el Ejecutivo, ¿de qué están hablando? De la
defensa de la explotación capitalista que ha permitido ingente acumulación de
riqueza en poquísimas manos a costa de la pobreza de la inmensa mayoría de peruanos.
Hablan del “desarrollo” que exonera de tributos a los monopolios imperialistas
de la minería, mientras persigue al pequeño comerciante y les roban sus
productos a los vendedores ambulantes. Otras muestras de tal “desarrollo” son
los obreros y trabajadores con jornadas de doce a catorce horas, con salarios
de hambre que no llegan ni al mínimo establecido, con trabajos temporales sin
derecho o beneficio alguno; son masas hundidas en el desempleo y la
subocupación. Implica una sociedad con un 44 % de su infancia con anemia, con
desnutrición crónica del casi 14 %. Con una juventud sin estudios o
capacitación y sin trabajo verdaderamente productivo, ofreciendo cada año
300,000 brazos nuevos a vender para la riquísima plusvalía que se ganan con la
explotación capitalista que propician y defienden. Es la defensa del
capitalismo que ha convertido en mercancía los servicios públicos; con una
educación pública precarizada y de las peores en el mundo; con un sistema de
salud pública colapsada hace mucho tiempo. Con la mujer peruana violentada a
diario; porque la informalidad, que es de 65 %, tiene rostro de mujer y es el
89 % del total; porque está sometida a la brutalidad de la feudalidad que
subsiste y a la golpiza y asesinato de la propiedad privada capitalista; y
porque es con la mujer que quieren salir de la crisis al pagarle un salario 40
% menor que al hombre. Con pueblos abandonados después de haber sido afectados
por los desastres naturales, como el Niño Costero. Este es el “desarrollo” que
alaba la ultraderecha y que pretende mantener coludiéndose. Mientras que el
pueblo lo rechaza y empieza a rebelarse y a exigir cambios.
Por otro lado, ¿qué
hay del cambio de las leyes de tiempos de guerra, otro aspecto de una verdadera
reconciliación nacional? Después de 25 años del término de la guerra, mantienen
dichas leyes negadoras de derechos fundamentales, leyes que barrieron parte de
los derechos laborales que costaron sangre proletaria. Es más, continúan
promulgando leyes más restrictivas contra el pueblo, como la “Ley de apología
al terrorismo” y otras leyes que usan para combatir las luchas del pueblo
levantando el cuco del “terrorismo” y criminalizar la protesta popular, como se
vio en la huelga magisterial del año pasado. Hablan de reconciliación pero
prosigue la reaccionarización del derecho penal iniciada con la legislación
antisubversiva como arma de guerra y derecho penal del enemigo aplicada por el
fujimorismo.
¿Y respecto a la
amnistía general en función de la reconciliación nacional? El gobierno de PPK
no ve por ningún lado la necesidad de la amnistía general para civiles,
policías y militares. Ni el cese de la persecución a los requisitoriados y
expatriados por motivos de la guerra interna. Sostiene que el indulto
“humanitario” a Fujimori sirve a la reconciliación nacional; pero, lo claro y
concreto es que la colusión entre las dos facciones de la ultraderecha, la
tecnocrática y la populista, no es reconciliación, sino componenda transitoria
de grupos que muy poco ha de durar, como ya lo vemos en estos momentos. Como
tampoco es amnistía general lo que intentaron todos los gobiernos: soluciones
de parte, de la de ellos, de los que ordenaron y aplicaron la política
contrasubversiva —como Fujimori con los del Grupo Colina—, soslayando
completamente la parte de los combatientes revolucionarios y la del pueblo
pobre de nuestro país que dio su vida y vio destruidos sus tierras, sus casas,
sus poblados por la guerra contrasubversiva, sin que se hubieran aplicado nunca
planes de desarrollo y reconstrucción de dichos pueblos.
Por todas estas
razones, resulta perentorio denunciar y desenmascarar la falsa reconciliación
nacional que pregona el Gobierno y las clases dominantes, empecinados en actuar
de espaldas a las necesidades del pueblo, de la nación y de la sociedad peruana
en su conjunto. Y hay que persistir en la lucha por la solución política,
amnistía general y reconciliación nacional, más si el tema recién se está
tratando después de 25 años.
¿Qué más
dice la Premier en la entrevista con Jaime de Althaus? Les dice a los fujimoristas, a fin de “tender puentes” con Fuerza
Popular: “… ya pasamos la página y sentémonos otra vez alrededor de las
bases del desarrollo que ustedes y nosotros compartimos”. En el fondo, está dentro de lo ya señalado: coludirse entre
facciones de la ultraderecha para que el Ejecutivo tenga condiciones para
aplicar sus planes económicos. Lo que sucede es que está en juego el propio
desarrollo capitalista del país, qué rumbo van a seguir, cómo se va a definir
el nuevo gran plan de desarrollo económico del país, y, por otro lado, la
inmediata reactivación. Lo que se traduce, en concreto, en seguir basándose en
minería y agregar el tema de la reconstrucción del norte en función de la
mejora de la economía y del mayor enriquecimiento de las clases dominantes.
Pero el llamado al
diálogo con los de Fuerza Popular quedó en el aire. El grupo de Keiko Fujimori
sigue con su plan para sacar a Kuczynski, y aplicar su plan económico y
político de reivindicar al fujimorismo como la fuerza política electoral del
2021 que “derrotó la subversión de los ochentas” y que impuso el
“neoliberalismo que desarrolló el país”, pretendiendo ocultar su autoritarismo
dictatorial y el haber sido el más corrupto régimen de la historia peruana.
Mercedes Aráoz, para afrontar los problemas económicos, sostiene más de
lo mismo: “Asegurar
las reglas de juego para la inversión. También todo lo que es inversión
pública, el empleo juvenil, las compras MYPES. Vamos a insistir en que nos den
las facultades. Incorporar inclusive en el debate cómo mejoramos el mercado
laboral”. Parte por la cacareada
“estabilidad jurídica” para los monopolios imperialistas —lo concreto es
que al Gobierno y a la ultraderecha les preocupa el tema de cómo reactivar la inversión privada que se ha
paralizado después de los últimos hechos— y finaliza con “mercado laboral”.
Sobre esto último, dice: “Tenemos que modernizar nuestro mercado de trabajo […]
asegurando un grado de flexibilidad”; es decir, recortar más aún los derechos
laborales y bajar más los salarios, para “aumentar la productividad y ser más
competitivos”, para así incrementar más la plusvalía para la gran burguesía y
los monopolios imperialistas. Para concretarlo, propone “trabajarlo como
acuerdos mínimos […] con el Legislativo” y “una reforma constitucional para
poner con claridad el tema”, para evitar un pronunciamiento del Tribunal
Constitucional que observe tales cambios. Pero dichos acuerdos han quedado en
declamación: no han avanzado nada para concretarlos.
Otro asunto importante
relacionado con lo que venimos tratando es el que Althaus refiere: “no se ha resuelto la incertidumbre acerca de si
realmente el presidente va a llegar al 2021”. Tal incertidumbre pretendían
resolverla con un acuerdo con Fuerza Popular —viabilizado por el indulto a
AFF—, pero este acuerdo no se ha dado ni se vislumbra en la presente coyuntura.
Hasta ahora no se ha dado lo que la Premier esperaba: “sentarnos a
conversar inicialmente con el presidente del Congreso y con los voceros de
Fuerza Popular y de las bancadas, para poder sentar las bases de un diálogo
para otra vez empezar en fresco”. Lo claro y concreto es que, tras el “indulto
humanitario” a Fujimori y su “reconciliación”, no han dialogado; no han salido
de la crisis política; es más, esta se ha agudizado, repercutiendo en la
economía. La incertidumbre continúa y se viene un nuevo pedido de vacancia
presidencial que debe tratarse en la
legislatura de marzo próximo, cuyo resultado es incierto. Más si antes, a fines
de febrero, Barata debe declarar sobre Lava Jato y la corrupción que que ha marcado a todos los últimos Presidentes del
Perú.
Así, tras la
incertidumbre y la pugna de grupos económicos y sus corruptelas —corrupción
insultante que es parte del sistema de explotación y se incrementa en una
economía de mercado, con el neoliberalismo—, se desnudó ante el pueblo peruano
la descomposición del Estado demoburgués, un Estado en manos de un puñado de
explotadores que gobiernan defendiendo sus intereses económicos sin importarles
ni el pueblo ni la nación, sino sus ganancias y finanzas a costa de la
explotación de las inmensas mayorías que conforman el pueblo.
La
guerra popular en el Perú no se produjo por la simple voluntad de un pequeño
grupo de personas. Como cualquier guerra de su carácter, tuvo causas
económicas, políticas y sociales. Las clases dominantes en el Perú mantuvieron
un sistema de explotación inicuo, en contra de la inmensa mayoría de la
población, principalmente del campesinado. Las clases que detentaron el Poder
nunca se preocuparon por resolver las necesidades de las inmensas mayorías,
sino de enriquecerse más a costa del sudor y sangre del pueblo. Las sucesivas
luchas del pueblo, especialmente del campesinado por la tierra, fueron ahogadas
a sangre y fuego, sembrando de cadáveres nuestras tierras. La centenaria
explotación y opresión que soportaba el pueblo peruano, por parte de la
semifeudalidad, del capitalismo burocrático y del imperialismo, llegaron a un
punto tal que el pueblo no quería seguir viviendo como hasta entonces, y las
clases dominantes no podían seguir mandando como lo venían haciendo; esto en
condiciones en que el PCP se había reconstituido y estaba en condiciones de
conducir el proceso mediante las armas. Todo esto explica el salto de las
luchas del pueblo, de la lucha política a la lucha a través de las armas.
La
guerra, según los principios básicos de esta ciencia, es la continuación de la
política por medio de las armas. Y el objetivo de la guerra popular era la
conquista del Poder para construir una nueva sociedad al servicio de las
grandes mayorías: un claro objetivo político. Y las acciones militares cumplían
no solo objetivos militares, sino políticos y de construcción. La conducción de
la guerra es una conducción eminentemente política. La política dirige la
guerra.
En
el Perú hemos vivido una guerra interna que dejó un conjunto de problemas
pendientes de solución. Un hecho político de tanta trascendencia necesita
resolverse globalmente mediante una solución política, amnistía general y
reconciliación nacional, para cerrar un capítulo dramático de nuestra historia
y proseguir cada clase social según sus propios intereses.
Por tal razón, los
problemas derivados de la guerra interna en el Perú demandan una solución
política, una solución política global, integral, que involucre a todos los
participantes en la misma, tanto del Estado como de los revolucionarios; así
como a los pueblos afectados por la guerra, con planes de reconstrucción y
desarrollo; que las dos partes en contienda asuman sus responsabilidades,
especialmente el Estado por su responsabilidad principal; implica la
restitución de los derechos conculcados, la derogatoria de las leyes lesivas,
el cese de la persecución política, la reincorporación a la sociedad de
prisioneros políticos, el reconocimiento pleno de los derechos políticos, la
solución al problema de los deudos, de los requisitoriados y expatriados, etc.
Todo esto es lección histórica de cómo se resolvieron las guerras internas
habidas a través de la historia.
Esta forma de concebir
la reconciliación nacional es la que responde a las necesidades del pueblo, de
la nación y de la sociedad peruana en su conjunto. Otras posiciones solo ven intereses de grupo o facción.
En el debate abierto
sobre la reconciliación nacional, estamos seguros, se impondrán las posiciones
proletarias sobre las de otras clases. Para lograrlo, plantear claramente la
posición proletaria al respecto, partir de que la guerra interna tuvo causas
económicas, políticas y sociales; denunciar la falsa reconciliación nacional,
como la del Gobierno que es la colusión entre las clases dominantes para seguir
engordando con el sudor y sangre del pueblo; enarbolar las reivindicaciones y
derechos fundamentales del pueblo y luchar por ellos.
Y lo planteamos
comprendiendo que el tema recién está comenzando a tratarse y demandará tiempo
y empeñarse en conquistarla. La proximidad del bicentenario de la independencia
política del Perú presenta condiciones para avanzar en su consecución.
Asimismo, nos
reafirmamos en persistir en el camino del pueblo: la revolución socialista como
rumbo y hoy arrancar los conculcados derechos fundamentales del pueblo.
¡LUCHAR
POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PUEBLO!
¡PERSISTAMOS
EN LA LUCHA POR LA VERDADERA RECONCILIACIÓN NACIONAL!
¡DENUNCIAR
LA FALSA RECONCILIACIÓN!
¡AMNISTÍA
GENERAL PARA CIVILES, POLICÍAS Y MILITARES!
¡POR UN
PERÚ RECONCILIADO HACIA EL BICENTENARIO!
¡DESARROLLAR
EL CAMINO DEL PUEBLO POR EL SOCIALISMO!
Febrero
2018