ACERCA
DE LA VERDAD HISTÓRICA Y EL COSTO DE LA GUERRA INTERNA
Una tarea importante
del proletariado y el pueblo, en función del futuro, es defender la
trascendencia histórica del más grande movimiento revolucionario de la historia
peruana, y servir a que la verdad histórica se abra paso. Parte de esta tarea
es defender la guerra justa del pueblo y la denuncia de la línea y política
genocida aplicada por el Estado para defender y mantener su sistema de
explotación y opresión.
Respecto a la cantidad
de muertos durante la guerra interna y en quién recae la responsabilidad
principal de los mismos, las clases dominantes insisten en pretender imponer
como “la verdad” la cifra falseada por la gubernamental CVR en su informe
final: 69,280 (ni uno menos) y que el “principal perpetrador” fue el PCP. Es
más, últimamente se dice que “SL es responsable de los 70,000 muertos”, porque
fue quien inició la guerra. Usan
propaganda negra para infamar la revolución, la guerra popular; pretendiendo
hacer consentir que solo las balas de los revolucionarios produjeron muertos,
mientras que las del Estado (muchísimas más que las de los revolucionarios) no
dieron en el blanco, ni una, ni en los genocidios de los Accomarcas ni de los
Putis ni de los penales de El Frontón, Lurigancho, el Callao y Castro Castro.
Por otro lado, todos los organismos registraron los muertos en la guerra
interna, todos sostienen que las fuerzas represivas del Estado fueron los
responsables de la mayor cantidad de muertos, de lejos. Así, salta a la
luz que la “verdad” oficial, la de los vencedores, no es la verdad histórica.
La CVR, para defender
al Estado, imputa al PCP de: “crímenes y violaciones de derechos humanos…
desplegó extremada violencia e inusitada crueldad que comprendieron la tortura
y la sevicia… asesinato masivo de dirigentes sociales… crímenes de lesa
humanidad… ataques armados contra la población civil cometidos a gran escala…
perfidia… estrategia sanguinaria… política de genocidios”. Achaca a los
revolucionarios, con palabrería insultante, lo hecho por las fuerzas represivas
del Estado, y abona a mantener odios y promover venganzas. Dichas afirmaciones
evidencian el ladeamiento desvergonzado de la CVR a favor del Estado, de sus
Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y fuerzas complementarias. Para esto oculta
y falsea deliberadamente hechos, documentos y cifras. Con una monumental
mentira pretenden imponer su versión, repitiéndola miles de veces, aplicando lo
que el fascista Göebbels dijera: “Miente, miente, que algo queda”.
DEFENDER LA TRASCENDENCIA HISTÓRICA
DE LA GUERRA POPULAR, TAREA INSOSLAYABLE PARA EL FUTURO DE NUESTRO PUEBLO
Para acercarnos a la
verdad histórica debemos recordar qué política y línea aplicaron las dos partes
en contienda durante la guerra.
El objetivo político de
la guerra popular iniciada por el PCP fue planteada con suma claridad en sus
documentos oficiales: la conquistar el Poder para el Partido y el pueblo,
transformando revolucionariamente la vieja sociedad de opresión y explotación.
De ahí que una persona
como Henri Favre dijo, en 1988:
… la violencia senderista no es
ni gratuita ni descontrolada, ni indiscriminada. Ella se inscribe en una
estrategia de toma del Poder para la realización de un proyecto de sociedad que
no tiene nada de utópico. Descalificar al adversario negándole toda
racionalidad es un ejercicio que posee, sin duda, un valor catártico, pero no
es el mejor modo de ponerse en condiciones de afrontarlo.
La guerra popular
obedeció a causas históricas, económicas y sociales. Se produjo en una sociedad
de centenaria explotación y opresión sobre la inmensa mayoría. En una sociedad
en la que la violencia del sistema es pan de todos los días; causando la muerte
anual de entre 65,000 y 70,000niños
menores de cinco años por razones de miseria, hambre, enfermedades. Para las
clases dominantes esta violencia es lo “normal”, y esta guerra de todos los
días queda en sombras porque no hay acciones bélicas. Llaman paz a la matanza
de hambre, a la matanza silenciosa del sistema.
El PCP desarrolló todo
un trabajo de preparación antes de empuñar las armas, fundiéndose con las masas
más pobres del campo y la ciudad. Y si se desarrolló victoriosa durante doce
años fue porque contó con el apoyo creciente del pueblo. De ahí que el mismo
imperialismo norteamericano, en 1992, expresó su preocupación por tal avance
como un peligro para su dominio en la región, por lo que preparaba su
intervención armada.
Si la guerra popular
avanzó fue porque su línea era justa y correcta; porque enarbolaba las
aspiraciones de los más pobres, y golpeando a los enemigos del pueblo ganó
apoyo, pese a la represión genocida de las FFAA (Fuerzas Armadas) y PP
(Policiales) del Estado. El PCP jamás aplicó política de desapariciones, ni
torturas, ni violaciones, ni secuestros, ni reclutamientos forzados; de
hacerlo, eso hubiera llevado a aislar a la guerrilla de las masas y la guerra
popular no se hubiera desarrollado, como lo hizo hasta 1992.
El Ejército Guerrillero
Popular aplicó el combate guerrillero desenvolviendo emboscadas y asaltos a las
fuerzas vivas de la reacción, y les arrancaban sus armas para combatir con
ellas. Desenvolvió amplia propaganda y agitación armada, llevando la voz del
PCP hasta a las chozas más alejadas y a los barrios más pobres, para organizar
a las masas para que participen en la revolución; para su participación
consciente, dispuestas a entregar la vida; jamás se aplicó “reclutamientos
forzados”, ni violaciones ni torturas ni narcotráfico como imputan sin prueba
alguna. Realizó sabotajes a las propiedades y economía de la gran burguesía, de
los terratenientes y del imperialismo. Realizó aniquilamientos selectivos
contra elementos odiados por el pueblo, a quienes se les dejaba carteles que
señalaban las razones de su aniquilamiento; por lo mismo, la guerrilla jamás
aplicó desapariciones. Y si hubo errores, excesos y limitaciones son parte de
todo proceso revolucionario y el PCP ha asumido la responsabilidad de ellos.
Por su parte, el Estado
aplicó una línea y política genocida en su combate a la guerra popular, según
la experiencia y orientaciones del imperialismo norteamericano. Aplicaron la política reaccionaria de masas contra
masas, genocidio y desaparecidos.
Para enfrentar masas contra
masas, las FFAA formaron las “rondas” o los “comités de autodefensa”
basándose en cabezas negras y presionado a las masas, para usarlas como carne
de cañón en el siniestro plan de contraponer nativos contra nativos. Masas
presionadas a las que siempre pusieron como vanguardia en los ataques y
operativos reaccionarios, o en torno a las fuerzas represivas del Estado, como
sus parapetos protectores. De ahí que, en los enfrentamientos, estas masas
presionadas han sufrido más bajas (incluidos miembros de mesnadas) que los
uniformados de las FFAA y PP; por esta razón, de
lo que es responsabilidad del PCP en el costo de la guerra, más o menos la
mitad ha sido masa presionada, puesta por las FFAA como escudo, parapeto, carne
de cañón contra la guerrilla; y, por tanto, esas muertes son, a fin de cuentas,
responsabilidad del Estado y su política genocida.
Las FFAA reaccionarias recurrieron al más perverso y criminal genocidio, una de las más grandes
infamias de la historia republicana del Perú. El general Cisneros Vizquerra ya
lo había anunciado desde antes del ingreso de las FFAA: “Para que tengan éxito las fuerzas de seguridad, tendrán que empezar a
matar senderistas y no senderistas por igual […]. Matarán a 60 personas y
quizás tres serán senderistas, pero dirán que las 60 eran senderistas”. Y es lo
que aplicaron desde su ingreso, lo prueban, por ejemplo, Huambo, Huaychao,
Iquicha, etc. A la última, el presidente Belaúnde cínicamente saludó y apoyó
como “respuesta gallarda del campesinado ayacuchano al terrorismo”; así,
públicamente no solo avalaba sino llamaba al genocidio. Después sumaron
centenas de genocidios, como en Accomarca, Cayara, Putis,Oqepeqa,
Paccha, Vinchos, Ayahuarcuna, Sivia, Sillco, Qoisa, Pichari, Chinche,
Parabamba, San Francisco, Chiara, Pomabamba, Apacheta, Huamanguilla, Puramanta,
Cocahuichun, Leompata, Saqrarumi, Churrubamba, Misquibamba, Paraíso, Milpo,
Pillo-Pachamarca, Chullay, Lucmahuayqo, Vilcabamba, Vinchos, Mayopampa, Balcón,
Pichari, Azángaro, Luricocha, Chuschi, Quinuas, Quimbiri, Umaru, Bellavista,
Lloqllapampa, Accomarca, Totos, Cuartel Cabitos, Cuartel de Huanta, Huácar,
Pucayacu, Macachacra, Quinua, Muyuri, Cocahuischaca, Toldorumi, Usutapampa,
Pichuyrumi, Qarpaqasa, Qasaorqo, Yanaorqo, Iribamba, Vado Chico, Laurente, Las
Vegas, Ñeque, Pacha, Canaire, Manzanayoq, Pacomarca, Chacarí, Alto Pacae, Aucayacu,
Arancay, Yanajanja, Río Huallaga, el mayor genocidio asesinando 250 prisioneros
políticos en un solo día en junio de 1986 que generó la repulsa nacional y
mundial, y un larguísimo etecétera. Genocidios perpetrados, todos, por las
FFAA; así, una vez más, la reacción
armada se cebó con la carne y la sangre del pueblo desarmado. Está probado,
pues, la línea y política genocida del Estado, con la que llegaron a
desaparecer hasta comunidades y pueblos enteros. Todo esto en su infructuoso
afán de acabar con la guerra revolucionaria aislando a la guerrilla de las
masas campesinas, pobres en especial.
Otra estremecedora prueba del genocidio perpetrado por las Fuerzas
Armadas fue el hallazgo de fosas con
restos de hombres, mujeres y niños del pueblo; vidas destruidas por ellas y
bajo la dirección del gobierno de turno. Ahí están los cuatro mil Pukayacus,
Putis, sembrados principalmente en el campo, con los cuerpos de unos quince mil
torturados y asesinados por las fuerzas represivas del Estado.
Parte del genocidio es la política de desaparecidos. Se inició con el ingreso de las Fuerzas Armadas y se
intensificó grandemente durante 1984, y prosiguió durante toda la guerra. Parte
de los desparecidos son los que yacen en las fosas del campo y en las fosas de
los cuarteles de las FFAA; pero hay muchos que fueron arrojados a ríos como el
Huallaga o el Mantaro, y otros fueron calcinados en los hornos crematorios,
como los del Pentagonito y Los Cabitos. Todas las denuncias y protestas de los
familiares de los desaparecidos se han estrellado contra la negativa oficial a
dar razón de los secuestrados y de la identidad del personal militar que detuvo
a las masas que desaparecieron.
El genocidio es clara y concretamente una política aprobada y ordenada
por los gobiernos del Estado peruano, a propuesta de sus FFAA y aplicada por
ellas y las FFPP de manera siniestra y sistemática. La aplicaron para apartar a
las masas de la guerra revolucionaria, para destruir el nuevo Poder, para
contener y aplastar la guerra popular. Pero la sangre no ahogó la guerra
popular. Esta demostró su superioridad; enfrentó un genocidio feroz y de
grandes proporciones y prosiguió desarrollándose más templada y creciente,
hasta su punto más alto en julio de 1992.
Producido el giro estratégico, con la detención del Presidente Gonzalo
y la Dirección Central, el PCP decidió terminar
la guerra por problemas de dirección política proletaria, y pasó a la lucha
política, a la lucha por una solución política a los problemas derivados de la
guerra, y que la verdad histórica se abra paso.
2)
COSTO DE LA GUERRA Y RESPONSABILIDADES
El Informe Final de la
VCR está claramente sesgado en la defensa del Estado y de sus fuerzas
represivas; y, en contraparte, va
contra el PCP, contra la revolución y contra el pueblo, centrando su punta de
lanza contra la Dirección del Partido. Una prueba es cómo determina el
costo en vidas de la guerra interna y la responsabilidad principal.
Todos los registros
previos a la CVR indicaban que la mayor parte de las víctimas fueron causadas
por las fuerzas estatales (militares, policías, rondas y grupos de
aniquilamiento), similar a la experiencia en otros países. Todas las fuentes
coincidían en que los muertos causados por las fuerzas estatales fueron
largamente más numerosos que los causados por otros. El hecho radica en que las
fuerzas estatales apuntaban a recuperar territorios y a la destrucción total de
la guerrilla fundida con el pueblo. El genocidio y el arrasamiento de pueblos
era política estatal, muy bien resumida por el general Cisneros Vizquerra, como
recordamos.
Sin embargo, al final,
la CVR imputó el mayor número de la victimas estimadas
estadísticamente al PCP, resultando “el principal perpetrador” de actos con
resultado de muerte, y elevando la cantidad de víctimas a 69,280.
No solo el PCP rebatió
los resultados fraguados por la CVR. Varios estudiosos también las
cuestionaron, como Raúl Wiener, Hugo Ñopo, Silvio Rendón, entre otros. Con el
tiempo aparecieron estudios estadísticos de especialistas demostrando que el
método empleado por la CVR había tenido “errores y desviaciones”, producto de
los intereses políticos del Estado. Los datos que arrojan los nuevos estudios
dan cifras más próximas a las estimadas por el PCP: 45,000 muertos y al Estado
le corresponde cerca del 75 % de las víctimas.
Evidenciaron que los
datos de la CVR eran inconsistentes: cambiaron radicalmente la tendencia de las
otras fuentes respecto a la proporción de las responsabilidades del Estado y
del PCP. Encubriendo la política genocida del Estado peruano, la CVR concluye
que fue el PCP “el principal perpetrador de crímenes”, negando y desechando
informes comprobados de DESCO, Defensoría del Pueblo, Comisiones del Senado,
Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Comité Internacional de la Cruz Roja,
Consejo por la Paz, diversas ONGs y hasta del propio Benedicto Jiménez, oficial
de la DINCOTE, y del coronel EP Teodoro Hidalgo Morey. Resultaba un burdo
torcimiento de la realidad la proyección estadística de la CVR, señalando al
PCP como autor no solo del mayor número de muertos totales, sino también del
número más alto en cada departamento (excepto Lima) y en todos los años de la
guerra, incluyendo los años 1983 y 1984, primeros años del ingreso de las FFAA
en los que aplicaron el más feroz y protervo genocidio.
¿Pero, cómo llega la CVR a la conclusión del
principal perpetrador y a las 69,280 víctimas?
Algunos comisionados de
la CVR anuncian públicamente, en diciembre de 2002, antes de que el trabajo cuantitativo
estuviera concluido e incluso antes de que las bases de datos estuvieran
terminadas, que la cifra de 30,000 víctimas estimada hasta entonces se iba a
duplicar y que el PCP era el principal perpetrador. Estos anuncios orientaban
al grupo encargado de los cálculos estadísticos, a fin de que corroboraran esas
cifras anticipadas de sus empleadores.
Pero, en los primeros
estimados que obtiene la CVR, cruzando nombres y cifras de las tres fuentes
(CVR, Defensoría y ONG), y con 23,969 víctimas registradas, ya había encontrado
la siguiente distribución de responsabilidades: agentes estatales: 46.8%, PCP:
37.4%, otros: 15.8%. La responsabilidad del Estado seguía siendo la principal,
pese a que durante el recojo de testimonios, con todo el apoyo oficial del
Estado, algunos representantes de la CVR, como la señora Rosalía Stor en el Alto Huallaga, se oponían a que las masas denunciaran a las
Fuerzas Armadas, negándose a recibir testimonios en ese sentido y, más aún,
presionaban a algunos pobladores para que imputen al PCP de las torturas y
desapariciones hechas por las FFAA y FFPP, ofreciéndoles compensación
económica.
Los cálculos de las
proyecciones estadísticas de las víctimas las realizó un grupo encabezado por
el norteamericano Patrick Ball. Aplicó el método de captura-recaptura o SEM
(sistema de estimación múltiple), a partir de una base de 23,969 víctimas registradas.
Según estudios de
Silvio Rendón, los resultados obtenidos: sobrestimación de víctimas mortales y
distorsión de la proporción de responsabilidades, se explican por tres
“errores” principales atribuidos al grupo de Patrick Ball.
Primero: Duplicó la
contabilización de los muertos atribuidos al Estado (policías, militares,
comités de autodefensa y grupos de aniquilamiento) y al PCP, porque los
volvieron a contar dentro del rubro “otros perpetradores”.
Segundo: Tiene que ver
con que las fuentes necesarias para aplicar el método de captura-recaptura se
basan en el cruce de varias fuentes. Como era sabido, las víctimas atribuidas
al Estado estaban consignadas en diversos organismos, tales como ONGs o la
propia Defensoría del Pueblo, y podían cruzarse; pero no pasaba lo mismo con
los atribuidos al PCP, y la única fuente era la de la CVR. Por lo que el grupo
de Patrick Ball aplicó una estimación
residual: sumaron los datos de PCP a los del Estado, lograron una
proyección, y luego restaron lo que correspondía al Estado. Con ello, la
proyección para el PCP provino del residuo de dos estimaciones, lo que
sobredimensionó enormemente las víctimas atribuidas al PCP y revirtió las
responsabilidades.
Tercero: Si los dos
puntos anteriores se refieren a cómo implementaron el método de
captura-recaptura, el tercer punto se refiere al método que usaron, que, como
se demuestra, supone la independencia de las fuentes. Lo que no se dio, porque
la CVR privilegió a su fuente como “la fuente”.
De esta manera, por
aplicar un método de captura-recaptura la cifra total de víctimas pasó de
28,000 a 32,000; por realizar una estimación residual para el PCP y otros
perpetradores, la cifra total de víctimas pasó de 32,000 a 52,000; y por
incluir a "otros" como un tercer grupo de perpetradores, la cifra
total de víctimas pasó de 52,000 a 69,280. Y las responsabilidades se
invirtieron, imputándose al PCP como el “mayor perpetrador”. Rendón sostiene:
Si no se hubiera realizado una
estimación residual para Sendero Luminoso y ‘otros’, usando los mismos datos y
procedimientos aplicados por la CVR, pero solo cuando el método de estimación
es aplicable, habrían arrojado 32.000 víctimas mortales, 20.500 muertas por el
Estado y 11.400 por Sendero Luminoso.
De esta manera, para la
CVR, la responsabilidad del PCP, que primero era de 37.43%, sube con su EMS a
46.24%. Y después, sin ningún asidero, en las conclusiones generales el Informe Final afirma que el PCP es
responsable del 54% de las víctimas fatales. Mientras que la responsabilidad de
los agentes del Estado baja con la EMS de 46.8% a 30.19%. ¡Esa es la “verdad oficial” y real mentira de la CVR!
Hugo Ñopo declaró
a Correo, en setiembre de 2005: “Es irresponsable lanzar al
aire un modelo con una serie de supuestos y dar un número sin hacer un análisis
de cuánto cambiarían los resultados si es que cambian los supuestos. Eso no se
ha hecho”. Y aseguró: “Es imposible hablar de un número. Lo más serio es hablar
de un rango de cifras. Por eso, decir que son 69,280 es algo risible”.
Por su parte, Raúl
Wiener señaló varios cuestionamientos. Y demostró que en el distrito de
Chungui, distrito con el mayor número de muertos a nivel nacional, provincia de
La Mar, el método usado por el grupo de Patrick Ball estaba equivocado. En
ese lugar existía un recuento minucioso de víctimas (comunidad por comunidad,
familia por familia), realizado por una organización llamada CEDAP. Lo que hizo
Wiener fue cruzar esta información con la de la CVR, y usó el método de Patrick
Ball. El resultado: la mitad de la población apareció como asesinada, cuando en
realidad esta bordeaba el 20 %. Y, según el trabajo de CEDAP, como era
previsible, el mayor número de muertos fue ocasionado por las fuerzas del
Estado (72 %, entre FFAA, Policía y rondas), instaladas en el distrito desde
mediados de los años de 1980, quienes ejecutaban incursiones a las comunidades
que consideraban influidas por la guerrilla; mientras que el 28 % correspondía
al PCP.
Obviamente, los
resultados fabricados por la CVR tenían, y tienen, evidentes implicancias
políticas. Con conclusiones que limpian a las fuerzas represivas del Estado y
el deliberado esfuerzo por no mencionar a los institutos militares sino a
individuos determinados en la aplicación de la línea y política genocida,
mientras imputan al PCP de monstruosidades, pretendían asegurar que dichas
conclusiones fueran asumidas por el Estado como propias. Sin embargo, no
sucedió tal situación; y los “vencedores de la guerra” demandaron más: que no
los tocaran en absoluto y les agradecieran por haber defendido al Estado.
Por otra parte, el
número de muertos no distingue con claridad a los caídos en acciones de
enfrentamiento, sean militares, policías, ronderos, subversivos u otros, de los
que fueron asesinados sin capacidad de defensa. ¿Por qué la CVR ha velado el
número de combatientes del PCP y del MRTA que murieron en diversas
circunstancias del conflicto? ¿Por qué, además, no han precisado en las bajas
de las fuerzas del Estado la cantidad de militares, policías, ronderos ligados
a la FFAA y de los grupos de aniquilamiento? El hecho concreto es que al Estado
y a su CVR no les ha interesado aportar a la verdad histórica.
Las dudas sobre Patrick
Ball también son más que razonables. El norteamericano no es solo un técnico.
Fue encargado por el gobierno de Bill Clinton para inflar el número de muertos
en Kosovo con el objetivo de llevar al tribunal de crímenes de guerra al ex
presidente Slobodan Milósevic; y existen numerosas versiones que sostienen que
el número de muertos que indicó Ball para las zonas en las que hizo los
cálculos no corresponde siquiera al número total de habitantes. Similar habría
ocurrido en la investigación que realizó en Guatemala con Efraín Ríos Montt.
Aquí, en el Perú, queda claro adónde apunta el trabajo encabezado por Ball por
encargo de la CVR: a la defensa del Estado y de sus fuerzas represivas, y a
infamar la revolución y al PCP.
Reivindicamos la guerra
popular como el más grande movimiento revolucionario de la historia peruana,
una guerra justa que ha dejado una riquísima experiencia, principalmente
positiva. De ahí la necesidad de luchar por la auténtica verdad histórica, en
función de la solución política, amnistía general y de una auténtica
reconciliación nacional que demandan el pueblo, la nación y la sociedad en su
conjunto. Y en función de la futura revolución socialista.
Rendimos solemne
homenaje a todos los héroes del pueblo caídos en la guerra popular, obreros,
campesinos, trabajadores, jóvenes, mujeres, intelectuales, que viven y vivirán
por siempre en el corazón del pueblo.
Asumimos lo dicho por
el Presidente Gonzalo, Presidente del PCP: “El único tribunal inexorable es la revolución: la revolución mundial y
la revolución peruana nos van a juzgar”.
¡DEFENDER LA
TRASCENDENCIA HSITÓRICA DE LA GUERRA POPULAR!
¡POR LA AUTÉNTICA
VERDAD HISTÓRICA!
¡HONOR Y GLORIA A LOS
HÉROES DEL PUEBLO!
Febrero,
2018 Colectivo Trabajo