LA
RECONCILIACIÓN NACIONAL
Y
EL INDULTO “HUMANITARIO” A FUJIMORI
En medio de la más
grave crisis política de los últimos 17 años, de una contienda política de
trasfondo económico, se produjo la no vacancia presidencial y el indulto
“humanitario” y derecho de gracia otorgado por Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a Alberto Fujimori Fujimori
(AFF), producto de una escandalosa negociación entre las facciones de la
ultraderecha del Ejecutivo y Legislativo. Derivada de la votación y las
abstenciones decisivas se produjo un reacomodo de las fuerzas políticas en el
Congreso; reacomodo que con el indulto llevó a una mayor fragilidad del Estado
y a una debilidad mayor del mismo presidente Kuczynski, estando en cuestión la
culminación de su mandato.
Los “argumentos”
esgrimidos por PPK para otorgar el indulto “humanitario” y el derecho de gracia
son la necesidad de la “reconciliación nacional”, como parte de “una voluntad de la que todos debemos formar parte”, y
que “pasemos esta página”. A la luz de los hechos, ¿son ciertas estas
afirmaciones?
El
escandaloso negociado entre facciones de la ultraderecha colisiona abiertamente
con el sentido de una verdadera reconciliación nacional, porque significa el
canje de la no vacancia de Kuczynski por la libertad de Fujimori y el corte de
los juicios que tiene pendientes. Es más, PPK ha denominado “gabinete de
reconciliación” a uno en el que ha incluido a dos apristas: otro remedo de
reconciliación nacional. Esta colusión entre facciones de la ultraderecha es
una falsa reconciliación nacional porque no es parte de una solución
política global que abarque a todas las partes de la guerra interna, que
implique planes de desarrollo para el pueblo, la restitución de los derechos
conculcados, la derogatoria de las leyes lesivas, el corte de la persecución
política, la reincorporación a la sociedad de prisioneros políticos, la
solución al problema de los deudos, de los requisitoriados y expatriados, el
respeto pleno de los derechos políticos, etc. Esta colusión es componenda
transitoria de grupos que muy poco ha de durar. Esta componenda no sirve a la
solución de los problemas derivados de la guerra.
Además, hablan de
reconciliación nacional mientras abren nuevos juicios a los dirigentes del PCP,
entre ellos al Presidente Gonzalo con 83 años de edad y 25 años de encierro y
aislamiento absoluto, con una condena de cadena perpetua, añadiendo nuevos cargos infamantes, como
“narcotráfico”. Hablan de reconciliación nacional mientras la ultraderecha viene desenvolviendo campañas atizando
el odio, la venganza y la persecución política contra los prisioneros políticos
y de guerra, incluso contra sus familiares, también contra quienes ya
cumplieron su condena. Mientras el Estado ha tomado la decisión de encarcelar a
los miembros de una organización de verdadera izquierda, como el MOVADEF,
abriéndoles varios procesos judiciales. A lo que se suma la intención de
destruir los nichos de Comas donde reposan los restos de ocho prisioneros
políticos, de los 250 asesinados en el genocidio de los penales en 1986. Asimismo,
les importa muy poco el pueblo, al que siguen explotando y recortándole sus
derechos fundamentales, y no existen planes de desarrollo y reconstrucción de
las zonas afectadas por la guerra contrasubversiva, como correspondería si el
Estado hubiese reconocido que hubo una guerra con causas económicas, sociales y
políticas. Todo lo que demuestra que PPK habla de una falsa reconciliación
nacional.
PPK
también dijo: “se trata de la salud y las posibilidades de vida de un (…)
sentenciado y ha cumplido ya doce años de condena”. Sin embargo, él y los muy
“humanitarios”, ¿cómo han actuado ante los problemas de salud del Presidente
Gonzalo? Ninguna preocupación por darle la atención especializada que requiere.
Por el contrario, desatan campañas siniestras para enlodarlo, negándole la
posibilidad de responder y defenderse. Campañas en las que compiten los
ultraderechistas y reaccionarios por quién usa los más injuriosos adjetivos
contra él.
Además,
PPK dijo: “quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que (…) muera en la prisión, la justicia no es venganza”. ¿Será
cierto? Primero, PPK se pronuncia contra la venganza cuando su gobierno viene
atizando no solo la venganza contra los revolucionarios, sino el odio y la
persecución política. Segundo, el actual gobierno sigue actuando como sus
antecesores respecto a los prisioneros políticos y de guerra con graves
problemas de salud: dejarlos morir en prisión. Como ejemplo, citemos algunos
casos:
Marco
Antonio Abarca Rupay, recluido en las cárceles de Yanamayo y Castro Castro.
Torturado salvajemente durante su detención, especialmente en su pierna herida,
produciéndole una infección que, con el tiempo, llegó al hueso produciéndole
osteomielitis; nunca recibió atención médica adecuada, por lo que devino en
leucemia linfoide, que le ocasionó la muerte. Falleció el 2006 tras doce años
de prisión. Le negaron reiteradamente el derecho de gracia.
Jorge
Cartagena Vargas, reconocido abogado de organizaciones sindicales y populares,
y de prisioneros políticos; por lo que el Estado peruano atentó contra su vida
con disparos a la cabeza, dejándolo gravemente herido el año 1992. Recluido en
Yanamayo y Castro Castro. Murió tras doce años de prisión, el 2004, a los 62
años de edad, por cáncer al hígado, sin que recibiera atención médica adecuada.
Margie
Evelyn Clavo Peralta, militante del PCP, recluida en la Prisión de la Base
Naval del Callao, en Yanamayo, Aucayama, Chorrillos y Piedras Gordas. Murió el
2015, a los 61 años de edad y tras veinte años de prisión, de cáncer que hizo metástasis
debido a la falta de atención adecuada; es más, producto de una campaña
mediática en su contra, la Policía la regresó del Hospital Loayza al Penal
Piedras Gordas, recortando criminalmente su tratamiento, lo que aceleró su
muerte.
Luis
Williams Pollo Rivera, médico traumatólogo, recluido en Yanamayo y Castro
Castro. Falleció el 2012, a los 66 años de edad y tras nueve años de injusta
prisión, de: nefropatía diabética con insuficiencia renal crónica, hipertensión
arterial; polineuropatía diabética; dislipidemia; cuadraplegia por lo que se
movilizaba en silla de ruedas. El Estado rechazó cuatro veces la solicitud de
indulto humanitario. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos el 2016 sentenció que el Estado peruano es
responsable de su detención ilegal y arbitraria y reivindicó su nombre.
Álvaro
Espejo Sebastián, recluido en las cárceles de Yanamayo, Castro Castro y Piedras
Gordas. Murió el 2013, a los 50 años de edad y tras 19 años de prisión, por
neumonía y tuberculosis miliar, sin recibir tratamiento médico adecuado.
Pedro
Domingo Quinteros Ayllón, recluido en los penales de Yanamayo y Castro Castro.
Murió el 2008, tras diez años de prisión, debido a cáncer al hígado y no
recibir tratamiento médico adecuado.
Víctor
Campos Bullón, recluido en Yanamayo, Challapalca y Castro Castro. Murió el
2008, a los 66 años de edad y tras 16 años de prisión. Por falta de atención
médica adecuada, la psoriasis que padecía devino en una infección de piel que
se generalizó por todo el cuerpo, comprometiéndole los riñones, a lo que se
sumó una neumonía que acabó con su vida.
A
estos casos se suman los de otros prisioneros políticos: Mauro Sánchez, quien
murió de leucemia el 2004; Jaime Ramírez Pedraza, quien murió el 2012 por ELA
(esclerosis lateral amiotrófica), a quien le negaron reiteradamente el indulto
humanitario pese a que padecía una enfermedad degenerativa que provoca parálisis
muscular progresiva que se va extendiendo a todo el cuerpo.
Así,
los gobiernos nunca aplicaron el indulto humanitario ni el derecho de gracia a
los prisioneros políticos que padecían de enfermedades terminales y
degenerativas, y los dejaron morir en prisión.
La
reconciliación nacional implica también que cada parte de la guerra interna
asuma su responsabilidad. En lo que respecta al PCP, el Presidente Gonzalo ha
asumido la responsabilidad política por las limitaciones, excesos y errores
presentados en el proceso de la guerra popular; y si no ha sido más preciso es
porque no tiene hasta ahora condiciones para hablar con la amplitud necesaria.
Mientras que el Estado ni quienes la dirigieron han asumido su responsabilidad
por la línea y política genocida que aplicaron ni han
reconocido que la guerra tuvo causas económicas, sociales y políticas. Por ejemplo, lo que ha hecho Fujimori, luego del
indulto, es pedir “perdón de todo corazón” a quienes ha “defraudado”. ¿¿Qué ha
defraudado?? Seguro que habrá defraudado a muchos, hasta a parte de los
fujimoristas que estaban por la vacancia presidencial. Lo concreto es que por
ningún lado asume su responsabilidad por aplicar la línea y política genocida
del Estado, porque, en el fondo, se reafirma en que era necesario aplicarlas.
En la
ultraderecha y la reacción no existe real interés por una verdadera
reconciliación nacional que incluya a todas las partes, especialmente a los
revolucionarios, tampoco aplicar planes de desarrollo, eliminar la legislación
de tiempos de guerra, etc. Están en contra de cerrar las heridas abiertas en la
guerra interna. Por eso atizan el odio, la venganza y la persecución política. Por
eso, el llamado de PPK: “No nos dejemos llevar por el odio”, “pasemos esta página”, es solo para la ultraderecha
y la reacción.
En
consecuencia, el llamado de PPK a “trabajar juntos por nuestro futuro”, es para
coludirse en aras de desenvolver su sistema capitalista de explotación y
opresión, para seguir esquilmando más y más al proletariado y al pueblo en
beneficio de la gran burguesía y el imperialismo; para cubrirse las espaldas de
las gravísimas acusaciones de corrupción con la que están embarrados, entre
otros intereses por los que se coluden. Pero no dejan ni dejarán de pugnar por
qué grupo económico se beneficia más de lo que esquilman al pueblo, por
qué rumbo económico va a seguirse, por cómo se va a definir el nuevo gran plan
de desarrollo económico de este país y por la inmediata reactivación.
Así, por cómo se han
dado los hechos y por lo dicho por PPK, se ha puesto sobre el tapete el tema de
la reconciliación nacional y es necesario debatirlo.
Hay quienes sostienen,
como PPK, que con el indulto a una persona sentenciada por dos genocidios (La
Cantuta y Barrios Altos) se estaría resolviendo la reconciliación nacional. Los
hechos demuestran que la componenda transitoria de grupos de la
ultraderecha no sirve a la solución de los problemas derivados de la guerra, no sirve a la
reconciliación nacional. Como tampoco sirve el atender solo a una parte de la
guerra, a la parte del Estado, soslayando completamente la parte de los combatientes
revolucionarios y la del pueblo pobre de nuestro país, como se vio antes con las leyes de autoamnistía de Fujimori.
Algunos “humanitarios”
han sostenido que el indulto debe ser para enfermos terminales, y otros “muy
humanitarios” han opinado que no corresponde la libertad y proponen el arresto
domiciliario “para adultos mayores y enfermos terminales”. Es decir, proponen
que salgan para meterlos, en la puerta de la cárcel, en un ataúd y sepultarlos.
Son opiniones de individuos llenos de odio y venganza, que actúan por intereses
políticos de grupo.
Los elementos de la
izquierda burguesa y revisionistas, en comparsa con los organismos de derechos
humanos, se han pronunciado contra la reconciliación nacional. Salieron a las
calles contra el indulto humanitario, simulando sorpresa, pues PPK lo había
venido anunciando en diversas ocasiones. Lo concreto es que ellos están por la
mayor reaccionarización del Estado; fomentan igualmente odio y venganza porque,
como defensores del orden de explotación capitalista, están contra la
revolución y los revolucionarios, y encubren sus intereses de zánganos
oenegeros traficando con la sangre de los revolucionarios y del pueblo, tras el
velo del derecho de las víctimas. Y reducen el problema de las víctimas a los
de La Cantuta y Barrios Altos. No se “acuerdan” de los miles de comunistas,
combatientes e hijos del pueblo asesinados en las lejanías de los Andes y en la
Selva durante los gobiernos de Belaúnde, Alan García y Fujimori. Tampoco se
“acuerdan” de que las miles de víctimas del pueblo no han tenido ninguna
reparación por parte del Estado. Además, respecto a las víctimas de la Cantuta,
han querido ocultar todo este tiempo que eran hijos del Partido Comunista del
Perú, que eran combatientes revolucionarios. Y lo han ocultado porque, de
reconocerlo, no habrían podido traficar con ellos, ya que estos defensores de
los “derechos humanos” justifican la matanza de los revolucionarios;
consideran, como la ultraderecha, que los revolucionarios no tienen ni derecho
a la vida. Por tanto, es mentira que sientan por las víctimas. Sienten por sus
bolsillos; les conviene que se mantengan abiertas las heridas para seguir
recibiendo dinero del extranjero. Los organismos de derechos humanos nunca
asumieron la defensa legal siquiera de los revolucionarios; solamente se
acordaron de quienes se decían inocentes pero clamaban por la destrucción total
de los revolucionarios.
Rechazamos las
especulaciones y posiciones de algunos, como Isaac Bigio, quien tomando como
precedente las sinuosidades de un boliviano que devino seguidor del
revisionista Teng Siao-ping, elucubra sobre el “futuro” del Presidente Gonzalo
y de los comunistas del PCP como sostenedores del sistema de explotación. El
Presidente Gonzalo nunca capituló ni ha hincado jamás la rodilla; buscó una
salida política desde la prisión para defender al Partido Comunista y a sus
dirigentes, cuadros y militantes, a los combatientes de la guerra popular. Así
preservó al Partido Comunista del Perú y hoy tiene real perspectiva de
desarrollo en función de la revolución socialista, por aplicar el
marxismo-leninismo-maoísmo como ideología universal y el pensamiento gonzalo
como arma ideológica estratégica, específica y principal.
Entonces, a la luz de
los hechos, en el debate abierto, unos y otros de la ultraderecha, de la
reacción, de la izquierda burguesa y del revisionismo, cada uno de acuerdo con
su interés personal y de grupo, excluyen a los comunistas y revolucionarios de
la sociedad, de la reconciliación nacional, y les niegan derechos fundamentales
concibiéndolos subhumanos, y justifican la represión del Estado. Sin embargo,
en este debate, los revolucionarios tienen derecho a dar su versión de la
guerra interna sin que se los persiga. Es imprescindible su voz para conocer la
verdad histórica, en tanto protagonistas de los hechos. Quienes mantienen su obcecación ante esta necesidad serán juzgados por
el tribunal de la historia.
Estamos por una verdadera reconciliación nacional.
Creemos que se trata de una solución global, integral, no solo de una parte, la
de ellos, excluyendo a los pueblos afectados y a los involucrados. Ciertamente,
tenemos que persistir y persistir por llegar al
bicentenario con un país reconciliado, porque es una necesidad del pueblo, de
la nación y de la sociedad peruana en su conjunto. La proximidad del
bicentenario es propicia para concretar dicha reconciliación. Asimismo,
nos reafirmamos en persistir en el camino del pueblo: la revolución socialista
como rumbo y hoy arrancar los conculcados derechos fundamentales del pueblo.
¡POR VERDADERA
RECONCILIACIÓN NACIONAL!
¡POR UN PAÍS RECONCILIADO
HACIA EL BICENTENARIO!
¡BASTA DE ODIO, VENGANZA Y
PERSECUSIÓN POLÍTICA!
¡POR LA LIBERTAD DEL
PRESIDENTE GONZALO!
¡VIVA EL PRESIDENTE
GONZALO, COMUNISTA HASTA EL FIN!
¡POR PAZ, DEMOCRACIA Y
DESARROLLO PARA EL PUEBLO!
Enero, 2018 Comité
Nacional de Presos Políticos y
Prisioneros
de Guerra del Perú