Luego de la promulgación de la
ley de apología al “terrorismo”, una ley de mordaza fascista, las declaraciones
del ministro de Interior, , indican que el Estado prepara golpe a organizaciones
clasistas y populares, como el MOVADEF y CONARE-SUTEP, y a familiares de
víctimas del genocidio. Es parte de la política de odio, venganza y persecución
política y una prueba más de que el Estado peruano se reaccionariza más para
defender el sistema capitalista. La ultraderecha autoritaria y populista del
fujimorismo en el Congreso y la ultraderecha tecnocrática del Ejecutivo se
vuelven a coludir para golpear al pueblo, mientras pugnan por quien se lleva las
mayores ganancias.
Antes, dicho ministro acusó al MOVADEF
de “hacer daño”, “ser un peligro para la sociedad” y que, por lo tanto,
“la solución pasa por detenerlos dentro del marco de la ley”. Luego de
promulgada la ley de mordaza fascista, dijo: “Lo
que puedo decir para tranquilidad de la población es que MOVADEF tiene un
seguimiento muy estricto como corresponde a sus características”; y, como ya
tienen la ley hecha a su necesidad, revela su intención de detener a miembros
del MOVADEF.
Pero, como era de esperarse, hace
extensiva la represión a organizaciones populares, como al CONARE-SUTEP
(Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTEP) y a la huelga de
maestros. Dijo que en algunas regiones del magisterio, como del sur, el CONARE-SUTEP está dirigido por
gente vinculada “a esa organización terrorista”; y para reprimirlos cuenta con
la colaboración de los vendehuelgas y soplones de Patria Roja, como se ve en
las declaraciones de sus dirigentes.
También se han pronunciado otros
representantes de la ultraderecha, como el congresista fujimorista Carlos
Tubino, quien afirma: “Desde ahora, todo aquel que exalte, enaltezca o
justifique lo que hicieron (…) será
encarcelado, y no podrá predicar una falsa libertad de expresión para su delito”;
y sostiene que “los miembros del MOVADEF
no podrán difundir las ideas violentistas de Guzmán, y el Mausoleo terrorista
de Comas podría ser demolido en breve, ya que allí se presenta a los
delincuentes comunistas como héroes”. Por tanto, no cesan en su ensañamiento
con los restos de los victimados por el Estado y no cesan en la persecución a
los familiares que honran las memorias de sus seres queridos.
Por su parte, Alberto Otárola, ex
ministro de Defensa del gobierno de Ollanta Humala, dijo: "A nuestro juicio, la solución pasa
por detenerlos en el marco de nuestras leyes. Pienso que hay razones y marco
legal más que suficientes para que sean detenidos, sea por apología (esperemos
que con más éxito ahora con la nueva ley del Congreso) o, más importante aún,
por pertenencia a la organización terrorista".
Y llama
al Ejecutivo a ejecutar acciones concretas y trabajar con una visión de
conjunto con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La ley promulgada es inconstitucional
porque niega el derecho contemplado en el artículo 2 de la Constitución: “A la
libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay
persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión.”
Es una
ley negadora de derechos y libertades democráticas; busca acallar toda voz
discrepante con este sistema de explotación capitalista. La ley apunta contra
las organizaciones populares, democráticas y clasistas que vienen enarbolando y
planteando la necesidad de entrar a un proceso de reconciliación nacional, a
puertas del bicentenario de la República, a través de una amnistía general. Así
como criminaliza el reclamar los restos de quienes fueron victimados por el
Estado y el rendirles homenaje. La ley de apología está concebida para
justificar legalmente la persecución política, coactar el derecho del pueblo a
opinar, expresarse y pensar
Viendo el conjunto de la lucha de
clases en el país, esta ley restringe más los derechos y libertades
democráticas del proletariado y el pueblo; expresa la mayor reaccionarización
del Estado y significa una mordaza fascista: apunta a arrasar derechos como la
libertad de pensamiento, expresión y opinión. La ultraderecha neoliberal, con esta
ley, apunta a amordazar al proletariado y al pueblo para que no cuestionen y no
se opongan a su sistema capitalista explotador y opresor.
Por esta razón, llamamos al
pueblo a denunciar y oponerse a la redada que el Estado peruano prepara contra
el MOVADEF y organizaciones populares. El Estado peruano busca acallar, con
prácticas fascistas, la voz de quienes tienen una posición consecuente de defensa
de los intereses del pueblo. Creemos oportuno recordar, en esta circunstancia,
los siguientes versos:
Primero se llevaron a
los comunistas,
pero a mí no me
importó porque yo no lo era.
Enseguida se llevaron
a unos obreros,
pero a mí no me importó
porque yo tampoco lo era.
Más tarde se llevaron
a los intelectuales,
pero a mí no me
importó porque yo no era.
Después detuvieron a
los sindicalistas,
pero a mí no me importó
porque yo no soy sindicalista (…)
Ahora me llevan a mí,
pero ya es demasiado
tarde.
¡ABAJO
LA LEY DE MORDAZA FASCISTA!
¡POR EL
RESPETO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, EXPRESIÓN Y OPINIÓN!
¡ABAJO
LA POLÍTICA DE ODIO, VENGANZA Y PERSECUCIÓN!
¡POR UN
PERÚ RECONCILIADO HACIA EL BICENTENARIO!
¡AMNISTÍA GENERAL PARA CIVILES, POLICÍAS Y MILITARES!
Agosto 2017