¡NO A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA!
¡SOLIDARIDAD CON EL MOVADEF Y DEMÁS PERSEGUIDOS POLÍTICOS!
El 9 de abril del 2014, en un operativo
desproporcionado y sorpresivo, se ordenó la captura de 34 personas por
ser supuestamente dirigentes y activistas de la organización política Movadef,
acusados, según el ministro del Interior, Walter Albán, de “pertenencia a una
organización terrorista y el financiamiento al terrorismo con dinero
proveniente del narcotráfico". Todas esas personas desenvolvían su labor legalmente,
con trabajo y domicilio conocidos, en las que destacaban 5 abogados, 6 jóvenes
(de ellos 4 mujeres), un conocido cantautor, 8 profesores y otros obreros y
trabajadores, incluidos algunos que ni eran miembros del Movadef. El
escandaloso operativo contra personas que en su mayoría eran de la tercera edad
(el Dr. Fajardo acababa de salir de un estado de coma) se desbarató a los 15
días cuando el juzgado dictó prisión preventiva solo para 6 personas acusadas
del “delito” de tener gran cantidad de documentos políticos, incluida una joven
artista por el supuesto hecho de ¡haberse tragado un chip telefónico! al
momento de su captura.
Desde el inicio, los procesados rechazaron estas imputaciones por ser
falsas y significar una persecución política por defender derechos
fundamentales del pueblo y plantear una amnistía general para civiles, militares
y policías.
Aunque dicha redada fue aplaudida por la mayoría de los medios de
comunicación, la verdad se fue abriendo paso y hubo numerosas voces que
rechazaron la misma como recordaremos a continuación.
El periodista Gustavo Gorriti en Caretas Nº 2330 la llamó “efectista y
desacertada” y se preguntaba “¿hay algún peligro real, nuevo, inminente? ¿Hay
algo que no se conozca? Hasta donde he podido ver, no hay nada que no se
haya sabido una y cien veces.” “no tiene sentido” “¿Existe alguna prueba, luego
de todas las investigaciones, de que se esté organizando a esos jóvenes
desorientados, hacia la violencia, que se los esté preparando para la
insurrección? Ninguna. No la hay en ninguno de los documentos que explican y
justifican esa operación.”
También el exministro Fernando Rospigliosi afirmó que el golpe al Movadef
era una cortina de humo, “maniobra propagandística del Gobierno …
desproporcionada …”;Juan Sheput, dirigente de Perú Posible señaló que “era un
exceso … una farsa” y que “la peor torpeza radica … en negarse a negociar con
ellos o impedir que se introduzcan a la legalidad”; César Lévano, director del
diario La Primera, la llamó “tremenda cortina de humo” y escribió que “la
redada … si no es un torpe recurso psicosocial, puede ser el preludio de una
vasta represión macarthista”; César Hildebrandt, director de Hildebrandt en sus
trece, rechazó la “fallida pesquisa”; el periodista Álvarez Rodrich dijo que espera
“que quede claro que en el Perú no se persigue a nadie por sus ideas sino por
sus acciones de terrorismo”; en Perú 21 Dardo López-Dolz anticipó “que una
captura y denuncia carentes de solidez metodológica, policial y jurídica se
desmoronarían como arena de playa al secar.”; la periodista Cecilia Valenzuela
registró el fracaso del “deficiente operativo”, dijo que fue “un tiro por la
culata” y afirmó que “La última encuesta de Ipsos Perú revela que el 22 % de la
población piensa que el Movadef es un movimiento independiente que no forma
parte de SL”. Y el abogado Marcos Ibazeta señaló que “la Fiscalía acusó sin
pruebas contundentes”, “que en algunos casos no hay indicios sólidos” y que
“Ojalá no hayan detenido a estas personas solo por compartir ideas con el
Movadef y Guzmán”. Similarmente el Dr.
Isaac Humala, padre del Presidente de la República, señaló que la “detención es
totalmente arbitraria”.
Añadir a esto que las encuestas al respecto hechas en abril por dos
diarios, La República y Trome, dieron resultados ampliamente favorables a la
libertad de los detenidos.
El pretexto usado es que el Movadef
"es lo mismo que Sendero" como acusa la Fiscalía y por tanto es una
organización "terrorista" y sus miembros como los doctores Fajardo,
Crespo y Gamero, así como los jóvenes activistas, obreros, trabajadores,
intelectuales, son "terroristas". Pero basta ver los objetivos
políticos de esa organización para desbaratar los "argumentos" de los
acusadores. El Movadef nunca se ha planteado luchar por el comunismo, ni hacer
la revolución en el Perú como es el objetivo del PCP. Lo que ha planteado es
luchar por amnistía general de civiles, policías y militares y por derechos
fundamentales del pueblo, participar políticamente de acuerdo a la
Constitución peruana y no han hecho ni planteado acto de violencia
alguno. Y sobre la financiación del Movadef por el
terrorismo y el narcotráfico es una imputación de un colaborador eficaz que
nunca se probó porque es falsa y fue desbaratada por las propias
autoridades militares de la Base Naval del Callao como bien lo recordó el
periodista Gustavo Gorriti. Lo que la Fiscalía y acusadores toman es que se guía por la ideología del
proletariado pero eso no es razón valedera alguna pues el marxismo no está
prohibido y lo puede asumir cualquier sindicato u otra organización. Lo que no
se quiere decir, y es lo que está en el fondo, es que se persigue por ideas,
por opinión, por organizarse políticamente.
Lo único que han mostrado son unas brevísimas anotaciones a una resolución
judicial que suponen son del Dr. Guzmán. De ser así ¿no puede subrayar un texto
u opinar sobre algo por el hecho de estar detenido? ¿no puede conversar con sus
abogados sobre temas de los que se le acusa? ¿no es una negación total al
derecho de defensa? Por supuesto que sí, es persecución política en toda la
regla y por eso fueron detenidos los tres abogados dejando sin defensa al Dr.
Guzmán.
Posteriormente el poder judicial dispuso la libertad de la mayoría de
procesados y solo 6 quedaron detenidos. Y después, ante la apelación
presentada, el 5 de agosto, los 6 detenidos restante fueron liberados por
disposición de la Sala Penal Nacional para seguir el juicio en libertad como
debió procederse desde un principio.
Pero la grita de la derecha y ultraderecha no se hizo esperar. Presionando
burdamente para que nuevamente sean encarcelados, el propio Presidente Humala
expresó su “preocupación profunda por el fallo”, el Presidente del Poder
Judicial pidió a la OCMA que “indague con carácter de urgencia la conducta de
los magistrados”, Keiko Fujimori habló de “jueces descarados que liberan
terroristas”, la primera ministra Ana Jara llamó a “rechazar fallos judiciales
como éstos”, el ministro Urresti dijo que perjudica la pacificación del país,
el torpe e incapaz procurador Galindo acusó a los jueces de “tener alguna
simpatía, acercamiento o pensamiento relacionado” con el terrorismo. En cambio
hubo otros que defendieron la resolución judicial y la independencia del Poder
Judicial.
Es en esta situación que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en una medida
vergonzosa, dispone la remoción de los jueces con el beneplácito de Ollanta
Humala y la derecha recalcitrante, demostrando una vez más la injerencia del
Poder Ejecutivo y la sumisión de algunos representantes del Poder Judicial
encabezados por el Dr. Enrique Mendoza. Esto ha sido rechazado por una gran
cantidad de juristas y demócratas en general que advierten la inseguridad
jurídica en el país.
Así, la Asociación Nacional de Magistrados ya ha denunciado estos hechos a la Federación
Latinoamericana de Magistrados y a la Unión Internacional de Magistrados,
órganos consultivos de la OEA y la ONU, rechazando que se denigre públicamente
a jueces que acababan de ser condecorados por el propio Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial. La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia
advirtió que esto “afecta los principios de autonomía e independencia de la
función jurisdiccional, pudiendo constituirse en peligroso precedente”; el Dr. Javier
Valle Riestra dijo que es una “resolución aberrante” y que la decisión de
excarcelar a los miembros del Movadef honra al Poder Judicial; el expresidente
del Poder Judicial Dr. Villa Stein criticó duramente al Dr. Mendoza por remover
a los jueces pues “no le corresponde valorar pruebas”; el Dr. Marcos Ibazeta
criticó la “cuestionable resolución” pues no pueden actuar una sanción de este
tipo; la magistrada Luz Marina Guzmán por este hecho solicitó al Consejo
Nacional de la Magistratura abrir investigación preliminar al Dr. Mendoza lo
que está siendo evaluado por este organismo; el Dr. César Nakazaki señaló que
la revocación de prisión preventiva era correcta y rechazó la medida de remover
a los jueces; el Instituto de Defensa Legal también condenó la “clara
vulneración de la independencia judicial”, el periodista Álvarez Rodrich
condenó la perpetración de “uno de los mayores destrozos recientes a la
institucionalidad jurídica del país.”
Más aún, en una carta de protesta sin precedentes enviada a los jueces de la
Corte Suprema, los jueces de la Sala Penal Nacional expresaron que “Constituye
un deber y un derecho del magistrado defender su independencia como piedra
angular del ejercicio de su función jurisdiccional, la cual no puede estar
sometida a poderes fácticos ni interferencia alguna, por lo que invocamos a la
Sala Plena de la Corte Suprema, como máximo órgano deliberativo de este poder
del Estado, a defender sus fueros". Y aunque finalmente el Consejo
Ejecutivo, ante la creciente protesta, dejó sin efecto la remoción de los jueces,
la presión derechista ha proseguido con declaraciones como la del Fiscal
de la Nación que saludó la remoción de los magistrados, o la del comandante
Oscar Arriola, uno de los jefes de la Dircote que sin ninguna prueba y suelto
de huesos dijo que “Movadef es rojo y sangriento, que está esperando el momento
adecuado para reiniciar la lucha armada”, o la del ministro Urresti que afirma
que “Sendero Luminoso es Movadef. No hay ninguna diferencia” y que se prepara
para “en 25 a 30 años reiniciar la lucha armada”. ¡Puras palabras y ninguna
prueba real porque no existe! ¿Y a quién se le puede acusar de lo que
supuestamente hará dentro de 30 años? ¡Lo único que queda claro es que hay una
persecución política que niega las libertades de pensamiento, de expresión y de
organización política garantizadas por la Constitución peruana!
Por ello el rechazo a las medidas antidemocráticas ha continuado con opiniones
como las del constitucionalista Alberto Borea que afirma que lo de Movadef
"fue un caso muy penoso, ... no me imaginaba al Presidente de la Corte
Suprema ... realizando ese tipo de actuación", critica a "fiscales
que se la pasan meses en investigación preliminar sin hacer bien su tarea y
luego para quedar bien, denuncian a todo el mundo", que la prisión
preventiva se está usando "como una suerte de mascarada para esconder la
incapacidad de los fiscales, como arma política para descalificar a los
adversarios" y reafirma lo que dice el IDL: "el juez quiere evitar
que la prensa le meta un periodicazo y lo lapide y por eso dicta la orden de
prisión preventiva a las personas". También el Dr. Valle Riestra denuncia
que fiscalías y jueces “actúan vesánicamente denunciando, procesando y
condenando sin indicios o sin pruebas suficientes”, plantea depurar “a ese
cuerpo autocrático e inquisidor” y reitera que “los indultos, las gracias y las
amnistías deben abrirse campo y defenderse como una compensación democrática.”
El jurista César Landa aseguró que los jueces han abusado al dictar órdenes de
prisión preventiva que no cuentan con la debida imparcialidad y demuestran que
se deben a presiones mediáticas y/o políticas y que "La ciudadanía tiene
la percepción de que solo hay justicia para los poderosos". El Dr. Carlos
Rivera, del IDL, dice que "en muchos casos mediáticos los magistrados ...
optan por dictar una medida que responde a un cargamontón de argumentos que
carecen de base legal y generalmente se apoyan en prejuicios
extrajurídicos.” El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Mario
Amoretti Pachas, ha cuestionado duramente la labor del presidente del Poder
Judicial, Enrique Mendoza, y lo emplazó a dar explicaciones por los abusos que
los jueces vienen cometiendo, “Uno de estos abusos se grafica en la emisión a
diestra y siniestra de las detenciones preventivas en claro abuso de los
derechos de la presunción de inocencia de los acusados”. Esto se aprecia
también claramente en la persecución desatada a diversos gobiernos regionales y
otras organizaciones.
Así, vemos que las medidas injustas y antidemocráticas, que en los hechos
configuran una persecución política y negación de derechos fundamentales, están
siendo ampliamente rechazadas por sectores democráticos no solo del país sino
también del extranjero. Los Prisioneros Políticos del Perú expresamos una vez más nuestra condena a la persecución política
contra comunistas, marxista-leninista-maoístas, pensamiento gonzalo; que se ha
extendido a demócratas y opositores al régimen actual y nuestra solidaridad con
los perseguidos del Movadef y demás perseguidos políticos, incluidos
exprisioneros políticos, y llamamos a las organizaciones y personalidades del
pueblo a seguirse pronunciándose en defensa de los derechos fundamentales que
están siendo conculcados. Alertamos a la opinión pública que ante la carencia
de pruebas y fundamentos, los sectores más retrógrados del país cargados de
odio y venganza, a través de la Dircote y la Fiscalía Antiterrorista vienen
preparando otras falsas pruebas para proceder a nuevas detenciones abusivas e
ilegales. Nos reafirmamos en el derecho a reincorporarnos a la sociedad, a
participar de la vida política del país y a seguir bregando por una solución
política, amnistía general y reconciliación nacional por los hechos ocurridos
en la guerra interna iniciada en 1980.
COMITÉ NACIONAL DE PRESOS POLÍTICOS Y
PRISIONEROS DE GUERRA DEL PERÚ
Agosto
del 2014
Comentarios
Publicar un comentario