¡ABAJO FARSA DE JUICIOS CONTRA LOS DIRIGENTES DEL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÙ!


“Vean las actas del Congreso y allí van a ver la crítica furibunda que hicimos contra la acción esta de Tarata. Y le voy a dar una razón política, señor. Llegamos a un momento, el 91, que había que ganar a la burguesía nacional, ¿cómo le íbamos a dar un golpe?”
“No soy de los que envenenan, soy de los que pelean por la humanidad. ¡Eso es lo que he probado, señor! Envenenadores, otros, que se llenan los bolsillos y están mandando en el Perú.”





LA FARSA DE JUICIOS, EL NARCOTRÁFICO
Y LA GUERRA INTERNA



Mientras el gobierno habla de “reconciliación” prosigue la persecución política, el odio y la venganza contra los comunistas y revolucionarios, y realizan nuevos juicios contra los dirigentes del PCP ya sentenciados a cadena perpetua, a 35 años o ya cumplieron condenas de 25 años. A todas luces, son farsas montadas porque vuelven a juzgar por hechos que ya tienen sentencia, como el  de Tarata, e inventan cargos infamantes como el de narcotráfico, sin ningún sustento real.

Lo que sí está probado hasta la saciedad es que el PCP es una organización política que se sustenta en la ideología del proletariado y su razón de ser es eminentemente política. Así, dirigió una guerra popular para conquistar el Poder y construir una nueva sociedad enrumbada al socialismo. Todo su accionar se ha sustentado en el trabajo y entrega desinteresada de sus militantes y el apoyo voluntario de las masas populares que lo han dado todo, desde el mendrugo de pan que se han quitado de sus bocas hasta sus hijos para servir a la revolución. Siempre han practicado el principio de independencia, autodecisión y autosostenimiento. En consecuencia, nunca han probado ni podrán probar financiamiento de ningún país extranjero, menos del narcotráfico. Es conocido que no han encontrado ni podrán encontrar cuentas bancarias con dinero del narcotráfico, porque no han existido nunca. Como tampoco encontraron durante la detención del doctor Abimael Guzmán el dinero que imaginaban. Por otro lado, machacaban que una evidencia de la “alianza entre narcotráfico y terrorismo” era que aquel entregaba armas a la guerrilla; pero nunca, nunca presentaron ningún arma que probara su imputación; lo que sí informaban es que las armas incautadas a los guerrilleros eran las que estos habían arrebatado a las FFAA y FFPP en los asaltos y emboscadas. Siendo así, la infamia de imputar a los dirigentes del PCP de narcotráfico tenía y tiene el objetivo de desprestigiar a la revolución y a los comunistas, así como de impedir ahora las libertades de quienes ya cumplieron las penas impuestas por el Estado e imponer cadena perpetua a quienes aún no la tienen, y de escarmentar en los revolucionarios y comunistas.

Lo que sí está probado hasta la saciedad es que las clases dominantes, sus gobiernos y las FFAA y FFPP de su Estado han tenido vínculos estrechos con el narcotráfico. Si no, recordemos, por ejemplo, los casos “Villa Coca” en el gobierno de Belaúnde, el de Carlos Lambert en el del APRA, quien le financió la campaña electoral de 1985, y el del avión presidencial con cargamentos de cocaína en el gobierno de Fujimori. Solo por mencionar los casos más mediáticos, de los muchísimos.

Y si hablan del Huallaga, quienes imputan al PCP y a la guerrilla maoísta de vínculos con el narcotráfico, por qué no recuerdan las declaraciones de Demetrio Chávez Peñaherrera, más conocido como Vaticano, publicadas en La República: “El jefe de la base militar [de Campanilla] propuso apoyarme. Además de pagarle por dejarme operar, colaboré con él para impedir que entren los terroristas. Me hice aliado del Ejército […] Si uno quería trabajar en esa zona, tenías que tener el permiso de los militares”. El mismo Vaticano precisó que no solo pagó a las Fuerzas Armadas y a Montesinos para traficar con drogas, sino que se enfrentó a la guerrilla junto al Ejército, para lo cual financió las mesnadas que Vaticano mismo encabezó. Esto sí está probado, incluso en el juicio que se le siguió.

Como este, fueron muchos los narcotraficantes que no solo pagaban a los jefes de las FFAA y FFPP para desenvolver sus actividades delictivas o por el uso de aeropuertos o de la carretera Marginal, despejada y protegida por las FFAA, para los vuelos de las avionetas que transportaban drogas a Colombia, o también pagos por utilizar helicópteros de las FFAA para transportar drogas; además participaron en la guerra contrasubversiva, bajo mando de las FFAA, montando grupos armados o mesnadas para enfrentar a la guerrilla, como el conocido como Machi, en el poblado Paraíso, donde formó y financió el “Movimiento Antiterrorista”.

Todo esto sí está probado. Tanto que la misma gubernamental Comisión de la Verdad y Reconciliación lo reconoce parcialmente en su informe final.
Por otro lado, el PCP también ha deslindado públicamente con el grupo mercenario y antipartido del VRAEM, y con sus evidentes vínculos con el narcotráfico. Ese grupo mercenario nada tiene que ver con el PCP marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo. Su práctica demuestra que actúa al servicio de los planes del Estado y sirve a la persecución política contra los comunistas.

El narcotráfico y la guerra interna

La imputación de vínculos con el narcotráfico empezó casi con el mismo inicio de la guerra popular, junto con la calificación de “terrorismo”, siguiendo los lineamientos establecidos por el imperialismo norteamericano para combatir las guerras revolucionarias que se libraban en el mundo desde inicios de los ochentas del siglo xx. Fue con Ronald Reagan que el imperialismo norteamericano vinculó drogas y revolución, narcotráfico y subversión, con el propósito de desprestigiar la revolución y a los revolucionarios, y tener mejores condiciones para combatirlos.

Por tal razón, la esencia política y militar del Estado peruano y sus gobiernos ante las guerrillas ha sido combatirlas como “terrorismo”. Y, por lo mismo, el reaccionario gobierno de Belaúnde para pretenden encubrir los fracasos que cosechaba en su plan represivo y el pujante desarrollo de la lucha armada, después de hablar de abigeos y de que la guerrilla tenía vínculos con el socialimperialismo soviético, montó la burda patraña de que “serían narcotraficantes” los autores de las acciones armadas. Así, siguiendo al imperialismo yanqui, imputaban de “terroristas”, “narcotraficantes” o de “narcoterroristas” a los revolucionarios, buscando desprestigiar la guerra revolucionaria, generar rechazo de la población y pretender poner a las masas de su lado o neutralizarlas, y tener así un burdo pretexto para aplicar su línea y política genocida.

Lo empezado con el gobierno de Belaúnde continuó con el de García Pérez y se acentuó con el gobierno de Fujimori: una siniestra campaña de imputar “narcoterrorismo” a los revolucionarios dentro de la estrategia de guerra de baja intensidad concebida por el imperialismo norteamericano.

La posición del PCP sobre el narcotráfico ha sido expuesta clara y reiteradamente, como podemos ver en sus documentos oficiales, por ejemplo, en la Sesión Preparatoria del II Pleno del CC, de noviembre de 1990. Lo analiza en sus diversas facetas: Una, la drogadicción es producto de la degeneración del sistema de explotación; que se da más en las sociedades capitalistas, en el seno mismo del imperialismo, y menos en las naciones oprimidas; el imperialismo y las clases dominantes inducen la drogadicción, a que los jóvenes llenen con las drogas sus vidas fatuas y vacías; la droga daña la mente, el cuerpo y revela pérdida de perspectiva. Para el PCP es un problema social y se resuelve con la revolución; está totalmente en contra porque la salida es la revolución, es la acción transformadora del hombre, es la creación de un nuevo sistema; con el convencimiento de que esto es factible, como lo demostró la revolución china: luego de tomar el Poder resolvió en corto tiempo el problema del consumo del opio (promovido y hasta impuesto por los imperialistas). Dos, en el Perú está relacionado con la necesidad de los campesinos de cultivar coca para sobrevivir, porque no tienen otro cultivo que sea rindente y con precios que les permitiera satisfacer sus necesidades elementales; ya que en la ceja de selva se siembra maíz duro, por ejemplo, a más alto costo y menor rendimiento, o frutas, productos que se llenan de gorgojos o se pudren porque no había ni carreteras para sacarlos. El PCP se oponía a la erradicación de la coca porque era fuente para que los campesinos pudieran vivir y la experiencia histórica muestra que la acción imperialista de arrasar las plantaciones ligadas a drogas genera el hundimiento del campesinado, como sucedió en Turquía. Tres, genera moneda dura, dólares, que actúan en el proceso económico de los países oprimidos, como en Colombia, Bolivia y Perú. En el Perú de fines de los ochenta, según El Comercio del 28 de octubre de 1990, el valor bruto de producción de cocaína para 1988 y 1989 se estimaba en 1,890 millones y 2,598 millones de dólares, que representaban el 11 y 14 % del PBI, equivalente a todo el aporte del sector agrícola legal, de 12 %; la población involucrada pasó de 1.200.000 a 1.500.000 personas en los mismos años. El cultivo de la coca se expandió geométricamente: en 1980 se cultivaba 35.000 hectáreas; en 1989, unas 200.000 hectáreas, extendiéndose más y más a los diversos valles: al centro del Huallaga, norte de San Martín, al Huallaga central, Ucayali, Loreto, Apurímac, selva de Cusco, repercutiendo en La Libertad, Ancash, Junín, la zona del Ene. Los millones de dólares provenientes de la coca que ingresaban e ingresan al Perú repercuten fuertemente en su proceso económico. El ingreso de estos dólares provenientes del narcotráfico golpeaba el sistema económico del Perú y beneficiaban también a pequeños y medianos comerciantes y al pueblo.

La guerra en el Huallaga y la política del PCP frente a los campesinos cocaleros y el narcotráfico

Es preciso detenernos en la experiencia concreta de la guerra en el Alto Huallaga, porque aquí se concentraba la producción de hoja de coca en el Perú de las décadas de 1970 y 1980, y es en relación al Huallaga que el Estado infama a la guerra popular y al PCP.

Los cultivos de coca y el narcotráfico en el Alto Huallaga son anteriores a la expansión de la guerra popular hacia esta zona. En la década de 1970 se produjo un considerable desplazamiento de campesinos andinos hacia la costa y la selva, producto de la evolución del capitalismo burocrático y de la semifeudalidad subsistente. Así, el Huallaga se vio inundado por una gran cantidad de campesinos que huían de la pobreza y buscaban mejores posibilidades para vivir. Fue a mediados de dicha década que aparecieron los sembríos de coca en el Huallaga, como un producto que permitía la subsistencia de las familias campesinas. Pero también apareció el narcotráfico en esta zona, que elevó el precio de la hoja de coca y, en consecuencia, creció el área de su cultivo. En solo un lustro, la coca se convirtió en el cultivo principal y el narcotráfico se asentó e impuso su poder bajo la ley del más fuerte, en buenas relaciones con el poder local y las Fuerzas Policiales. En este contexto, todos los días aparecían cadáveres en las cunetas de las carreteras o en los caminos: de campesinos asesinados para quitarles sus cosechas de hoja de coca o el dinero de la venta, de acopiadores o “traqueteros” de pasta básica de cocaína, asesinados para quedarse con la droga o los dólares que enviaban los carteles de Colombia, o de miembros de bandas de narcotraficantes que se disputaban el control del negocio en la zona. Hechos cotidianos de los que daba cuenta la prensa y está en la memoria de la población. En este proceso de crecimiento explosivo del narcotráfico, los mayores abusos recaían sobre los campesinos cocaleros y los campesinos pobres, mayormente jornaleros que bajaban de la sierra por temporadas.

Esta era la situación del Huallaga cuando llegó la guerrilla en 1982. Y, sobre esta base, el PCP aplicó una política específica para el narcotráfico, dentro de la lucha por el Poder a nivel nacional, como precisa el documento de la Sesión Preparatoria del II Pleno del CC del PCP:

Nosotros desde que empezamos a desarrollar la guerra en esas zonas vimos que era una necesidad de los campesinos del lugar [cultivar coca] y como nuestra revolución es revolución democrática y se basa en el campesinado, especialmente pobre, como fuerza principal, aplicamos este principio y nos vimos vinculados a los campesinos cocaleros; allí diferenciamos también clases, porque se expresan. Este mismo fenómeno nos presentó el problema del narcotráfico y adoptamos la política de no enfrentarnos sino aplicar la “política de acción paralela” y de velar por que los precios de la coca de los campesinos sean razonables; no enfrentarnos con ellos ni ellos con nosotros.

La política del PCP respecto a los campesinos productores de coca y al narcotráfico fue correcta y sagaz: velar por los intereses de los campesinos cocaleros, por precios razonables para la hoja de coca, y no enfrentarse con los narcotraficantes en tanto ellos no lo hicieran (por cuanto la solución de este problema vendría con la conquista del Poder en todo el país). La política de acción paralela no implicaba coincidir con el narcotráfico, pues este tenía, y tiene, un objetivo muy distinto al de la guerra popular. Política que permitió la defensa de los campesinos, especialmente de los pobres, y su creciente incorporación a la guerra popular, con el consiguiente desarrollo del Ejército Guerrillero Popular, de la guerra popular y del nuevo Poder en el Huallaga. De manera que donde estaba presente la guerrilla se acabaron los asaltos y asesinatos de campesinos; la guerrilla estableció un precio razonable para la coca de los campesinos, así como el salario para los jornaleros y las condiciones adecuadas de trabajo, como alimentación y vestido. Todo esto produjo, como dijimos, una gran incorporación de las masas, el desarrollo de la guerra popular y del nuevo Poder. Razones por las que el Estado tuvo que ajustar sus planes frente a los campesinos cocaleros, dentro de su guerra contrasubversiva y de la política norteamericana en la lucha antinarcóticos, con el objetivo de ganar a esas masas campesinas y apartarlas de la guerra popular.

El Estado primero aplicó la erradicación de cultivos, que incluyó el uso de herbicidas que arrasaban con toda la vegetación y, en consecuencia, generaban la erosión de las tierras, y consideraba a los campesinos cocaleros como narcotraficantes. Pero, mientras arrancaban las plantas de coca, los jefes militares cobraban a las firmas del narcotráfico no solo para dejarlos operar sino para ayudarlos en sus actividades. El imperialismo yanqui también participó directamente: estableció una base de la DEA en Santa Lucía, equipada de helicópteros y armamento, para combatir la guerra popular con el pretexto del narcotráfico. Dicho plan fracasó rotundamente; el área de los cultivos de coca continuó su crecimiento geométrico y, lo peor para el Estado, la guerra popular se desarrollaba incesante. Ante esta situación, desde los últimos tiempos del gobierno de García Pérez, ya se escuchaban voces en la política peruana que sostenían que era erróneo erradicar los cultivos de coca porque lanzaba a los campesinos contra el Estado y los orientaba a la guerra popular; y algunos empezaron a darse cuenta de que los campesinos necesitaban ese recurso para vivir. Uno de ellos fue el general Arciniegas, jefe político-militar del Huallaga en 1989, quien sostuvo “no tratar a los campesinos como narcotraficantes para alejarlos de SL”.

Esta situación revelaba que los planes del Estado para erradicar los cultivos de coca, considerando a los campesinos cocaleros como narcotraficantes y “terroristas” habían fracasado; por tanto, su acción contra el narcotráfico ligada a su acción contrasubversiva también había fracasado. Ante su fracaso, el Estado y el gobierno de Fujimori facilitan la participación del imperialismo yanqui para un manejo global de la guerra y los problemas del Estado, no exclusivamente para la acción antinarcotráfico.

La importancia del Perú para EEUU y su lucha contra el narcotráfico radica en que el Perú producía, a fines de los ochenta del siglo pasado, el 60 % de coca del mundo; en consecuencia, para llevar con éxito sus planes antidrogas en el Perú, el imperialismo yanqui tenía que desenvolver lucha contra la guerra popular, porque, supuestamente, estaban ligadas. Posición engendrada por el departamento de Defensa de EEUU, que planteaba que el ligar revolución con narcotráfico, subversión con narcotráfico, les permitía tener la base moral para atacar frontalmente al PCP y la guerra popular.

La cuestión era que si el PCP era “brazo derecho del narcotráfico”, como infamaba el imperialismo yanqui, la punta de lanza de su acción, o de la acción bajo su dirección, debía ir contra la guerra popular. Esto derivaba de la imputación imperialista de “narcoterrorismo”, posición que en el Perú la reacción y sus lacayos repicaban y repican hasta hoy. De ahí que la primera prioridad para el gobierno de Bush era la guerrilla, por tanto necesitaba ampliar su ayuda militar con el pretexto de combatir las drogas.

En consecuencia, el Departamento de Defensa de EEUU sostuvo en aquel tiempo: “el mayor peligro para el Perú es el grupo guerrillero Sendero Luminoso, no se le puede combatir destruyendo cosechas de coca […] porque los campesinos se van con los guerrilleros”. Queda claro que de ahí salieron las ideas del general Arciniegas. Entonces, son otros planes, otra manera de ver cómo combatir la guerra popular.

También recordemos lo expresado por el secretario de Estado adjunto para asuntos internacionales de narcotráfico de los EE.UU., Levitsky, a las agencias noticiosas Reuter y Newsweek: “Es cuestión de saber que el problema involucra tanto a los narcotraficantes como a Sendero Luminoso [...] si nuestra asistencia es usada para enfrentar a Sendero Luminoso a fin de que las actividades antinarcóticos puedan avanzar y ser eficaces consideraremos eso como un uso legítimo de nuestra asistencia”. Clarísimo, para el imperialismo yanqui era más importante aniquilar la guerra popular que combatir el narcotráfico, y su injerencia la consideraban legítima. Levitsky prosigue: “Si dejamos el Perú de lado habremos dejado de lado una buena parte de nuestra estrategia contra los narcóticos. Necesitamos participar y si no lo hacemos ellos van a asestar un golpe a los intereses de la lucha antinarcóticos”. En el fondo, temía que la guerra popular derrote su estrategia de guerra de baja intensidad. Además, Levitsky dijo: “EE.UU. decidió enviar asesores militares al Perú porque cree que es imposible luchar contra el narcotráfico sin enfrentar también a los guerrilleros marxistas de Sendero Luminoso...”

Así, tomando el problema del narcotráfico como pretexto, el imperialismo yanqui concibió un plan estratégico para intervenir “justificadamente” y conjurar la revolución en el Perú. Parte de este negro plan fue la reunión de febrero de 1990 en Cartagena y también del Convenio de intervención en el Perú.

El gobierno de Fujimori, en este contexto, se planteó “abordar integralmente el narcotráfico”. En esencia, usar el problema del “narcoterrorismo”, es decir, de la guerra popular, y el interés del imperialismo yanqui al respecto, en función de una solución global a los problemas que enfrentaba su sistema de explotación: aniquilar la guerra popular, recibir fuerte ayuda económica, vincularlo a la solución de la deuda externa, a exportar productos peruanos a EEUU; y ligado a la iniciativa Bush para América Latina y el plan Brady. El problema del gobierno peruano era resolver las contradicciones que tenía con los EEUU para facilitar la participación de estos en la guerra contrasubversiva.

Por tanto, vincular el narcotráfico con la guerrilla era fundamental para el Estado peruano, porque así debía incrementarse sustancialmente la ayuda del imperialismo yanqui para la lucha contrasubversiva, lo que le daría mejores condiciones para enfrentarlo.

El gobierno de Fujimori se planteaba, dentro de la estrategia de guerra de baja intensidad, dar “prioridad a los aspectos de desarrollo antes que a las actividades represivas”; desarrollar integralmente las zonas implicadas en la guerra; “romper el vínculo subversión-narcotráfico”, es decir, con el campesinado cocalero. De todo esto se desprende que apuntaban a dar condiciones sociales para combatir la lucha contrasubversiva usando el narcotráfico como pretexto.
La guerra de baja intensidad plantea ligar lo militar a lo político; la acción militar ligarla a las reformas sociales y económicas; y desenvolver la actividad militar complementada por inteligencia, operaciones psicológicas, acción cívica y control de la población y los recursos; y agregarle a esto la legitimación. En el gobierno de Fujimori se aplicó todo esto.

Esta manera de concretar la guerra contrarrevolucionaria ligaba más al gobierno de Fujimori con los militares y con el imperialismo, yanqui principalmente. “Combatir al narcotráfico” le proporciona “causa justa” y “base moral” al imperialismo yanqui, así como “luchar contra el terrorismo”. De esta manera tienen una base moral para hacer un plan y sojuzgar militarmente a América Latina.
Entonces, en todo el proceso de la guerra popular resultó fundamental para la guerra contrasubversiva vincular la subversión con el narcotráfico, etiquetar de “narcoterrorismo”, siguiendo lo establecido por el imperialismo yanqui. “Vínculo” nunca probado pero que siguen usando, ahora dentro de la persecución política contra los revolucionarios, los comunistas y los dirigentes del PCP.

Defender la jefatura, el Partido y la trascendencia histórica de la guerra popular

Hasta hoy, 25 años después del término de la guerra popular, las clases dominantes, especialmente los sectores de ultraderecha, anteponen sus mezquinos intereses de grupo y continúan con la persecución política y el odio furibundo contra los revolucionarios, principalmente contra los comunistas y sus dirigentes. Actúan en contra de la solución política, amnistía general y una verdadera reconciliación nacional, que necesitan el pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto para cerrar un capítulo dramático de nuestra historia. Por eso montan farsas de juicio, como el caso Tarata, inventando inexistentes e infamantes vínculos con el narcotráfico, que nunca existieron sino en la mente y los planes contrarrevolucionarios del imperialismo yanqui y de sus lacayos del Perú.
Estas infamias fueron desenmascaras contundentemente por el doctor Abimael Guzmán en una audiencia del “caso Tarata”:

En mi vida, señor, jamás he tocado una bendita sustancia de drogas porque a mí me han formado así. Tengo cabeza, no necesito embriagarme para pensar, menos envilecerme. Y que yo haya participado en eso, ¡jamás! ¿Por qué? No soy de los que envenenan, soy de los que pelean por la humanidad. ¡Eso es lo que he probado, señor! Envenenadores, otros, que se llenan los bolsillos y están mandando en el Perú. Esos son los culpables. […] Vean las actas del Congreso y allí van a ver la crítica furibunda que hicimos contra la acción esta de Tarata. Y le voy a dar una razón política, señor. Llegamos a un momento, el 91, que había que ganar a la burguesía nacional, ¿cómo le íbamos a dar un golpe? ¿Cómo, pues? No tiene sentido político, señor. Fue un monstruoso error de quienes lo cometieron. Es una razón política, demuestren lo contrario, nosotros somos políticos, no somos ganapanes ni aventureros que nos pagan, no somos eso, somos comunistas combatientes, señor. ¿Entonces? ¿De qué hablo? Ni uno ni otro tiene que ver conmigo...



¡ABAJO FARSA DE JUICIOS CONTRA LOS DIRIGENTES DEL PCP!

¡LA FARSA DE NUEVOS JUICIOS SON JUICIOS SIMBÓLICOS Y PUNITIVISTAS QUE SOCAVAN EL ESTADO DE DERECHO!

¡EXIGIMOS LA ABSOLUCIÓN DE TODOS LOS PROCESADOS DEL CASO TARATA!

¡LIBERTAD INMEDIATA PARA OSMÁN MOROTE Y MARGOT LIENDO!

¡ABAJO LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LOS COMUNISTAS Y REVOLUCIONARIOS!

¡DEFENDER LA TRASCENDENCIA HISTÓRICA DE LA GUERRA POPULAR!

¡POR UNA AUTÉNTICA RECONCILIACIÓN NACIONAL HACIA EL BICENTENARIO!

¡DESARROLLAR EL CAMINO DEL PUEBLO HACIA EL SOCIALISMO!


Colectivo Trabajo, julio 2018
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