FARSA DE NUEVO JUICIO EN CASO TARATA SE ACERCA AL FINAL





Echando mano de todo recurso, la ultraderecha, el sector más reaccionario enquistado en el Estado peruano se apresta a concretar el propósito político de impedir la libertad de unos y desprestigiar a todos los acusados. Con infame condena busca “ejemplarizar” como dicen,  para utilizarla contra la justa protesta popular imputándola de “terrorismo”.

En qué panorama se da esto?
A nivel del mundo es innegable la relación entre la crisis económica y sus repercusiones políticas. Lo vemos en el perfilamiento de un clima de guerra provocado por las potencias imperialistas en sus pugnas por nuevo reparto del mundo, generando así una reaccionarización de los Estados. Parte de esta es la metamorfosis del Derecho penal, que ha devenido en un Derecho penal de excepción pero dentro de un formal Estado de derecho, cuya finalidad sería la de combatir peligros a través de la potenciación de la seguridad en desmedro del respeto a los derechos y garantías de las personas. Es que para los opresores toda la lucha por derechos de las mayorías es un peligro, porque atenta contra sus planes de enriquecimiento sin límite.

Y el Perú actual no es ajeno a esta reaccionarización. Ahí tenemos cómo el Derecho penal del enemigo ha sido elevado a la ene potencia en la lucha contra lo que nominan terrorismo y están aplicando en los nuevos juicios contra los dirigentes del PCP ahora, y en perspectiva pretenderán usarlo contra la protesta popular, sino recordemos cómo toda lucha importante que emprende el pueblo peruano es inmediatamente imputada de infiltración terrorista y perseguida como crimen.
Así se entiende cómo llamado caso Tarata es una farsa, primero porque los autores de tan lamentables sucesos ya fueron juzgados y condenados en el año 1998. Y en última instancia el Expediente 346-2013 Caso Tarata/Narcotráfico es una construcción política tras un supuesto “peligro inminente”, es un juicio fabricado interesadamente para aplicar medidas de aseguramiento, para conjurar riesgos a futuro con una desmedida extensión punitiva del Estado. O a alguien le quepa duda que el conflicto armado interno, o la guerra popular, (según sea llamado por las partes involucradas), concluyó con derrota para los alzados en armas allá por el año 1992?  Y que todos los dirigentes del PCP ya fueron condenados en el Megaproceso en el 2006 “por todos los hechos de la guerra popular”?

Por tanto, ¿qué sentido tiene nuevos juicios para quienes tienen condena de cadena perpetua? ¿Qué peruano honesto puede creer que Osmán Morote y Margot Liendo van a salir a “desestabilizar” el país, cuando todos hace 25 años hicieron pública su posición de luchar por solución política, amnistía general y reconciliación nacional y desde entonces han actuado consecuentemente?
Una sola es la respuesta: impedir la libertad a unos y desprestigiarlos a todos con la vil imputación de narcotráfico. Para  eso han montado campaña tras campaña persecutoria e infame contra los acusados apoyándose en sus medios adictos; para eso presionan sistemáticamente al poder judicial, para que abjurando de su fuero aplique los dictámenes que a los mandamases del país les conviene; y finalmente para amedrentar al pueblo que busca su propio camino de desarrollo.

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