RECONCILIACION NACIONA: UN DEBATE IMPRESCINDIBLE


 RECONCILIACIÓN NACIONAL: UN DEBATE IMPRESCINDIBLE


Derivado del indulto “humanitario” a Alberto Fujimori, otorgado por Pedro Pablo Kuczynski (PPK) como producto de una escandalosa negociación entre grupos de la ultraderecha del Ejecutivo y Legislativo, se ha abierto el debate, después de 25 años, sobre la reconciliación nacional. El tema recién se está tratando, y es bueno e imprescindible debatirlo. Porque se trata de un tema derivado de la guerra interna que vivió el país, de 1980 a 1992, hecho histórico de interés del pueblo, de la nación y de la sociedad peruana en su conjunto.
Las formas de comprender la reconciliación nacional, como veremos, son diversas y reflejan los intereses de cada clase social, y de los grupos dentro de ellas. Esta es una realidad. Como también lo es el que solo hay una forma de comprenderla de acuerdo a los intereses del pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto. Las demás son formas mezquinas, estrechas, que expresan interés de grupo y no sirven a cerrar el capítulo de la guerra interna y abrir una nueva etapa en el desarrollo de nuestro país; se trata de una falsa reconciliación nacional que debemos denunciar y desenmascarar.

posición del Ejecutivo. Mercedes Aráoz

PPK sostuvo que el “indulto humanitario” a Alberto Fujimori Fujimori (AFF) era expresión de la reconciliación; luego habló de un “gabinete de la reconciliación”, que no pasó del nombramiento de dos apristas como ministros; y, después, el Gobierno proclamó el 2018 como “Año del diálogo y la reconciliación”. Simples palabras que no reflejan interés por una verdadera reconciliación nacional sino colusión entre la ultraderecha en función de sus planes, y no resolvieron la grave crisis política que vive el país, la más grave de los últimos 17 años. Crisis que pone en cuestión la misma permanencia de PPK en el cargo de presidente.
Quien ha expresado con suma claridad la posición del Ejecutivo sobre la reconciliación, pasado unos días del canje de la vacancia por el indulto a AFF, es la premier Mercedes Aráoz, en entrevista con Jaime de Althaus el 14 de enero último y, antes, en declaraciones del 7 de enero.
Cuando el periodista Jaime de Althaus le pregunta ¿de qué reconciliación estamos hablando?, ¿entre quiénes?, la Premier responde: “Yo le llamaría acuerdos mínimos, que nos permitan seguir la senda del desarrollo. Hay grupos, por supuesto, que se oponen, que quieren cambiar la Constitución, pero creo que la gran parte de la población cree en el modelo económico que tenemos”. Más claro ni el agua: la “reconciliación” es con quienes están por sostener el sistema económico capitalista, con quienes están por el neoliberalismo y la explotación desenfrenada del pueblo. Por esta razón excluyen a los revolucionarios y comunistas, incluso a sectores que plantean el cambio de la Constitución fujimorista.
La Premier había dicho, el 7 de enero: “Entendemos que son decenas de miles las familias que aún hoy sufren, víctimas de la violencia política, y respetamos su infinito dolor. Los familiares de las víctimas de Lucanamarca, La Cantuta, Barrios Altos, la comunidad asháninka y los cientos de ciudadanos en todo el territorio nacional que se vieron afectados por esta guerra fratricida necesitan sentir que el país finalmente se enrumba hacia una ruta de la reconciliación”. Como se ve, en su “reconciliación” no considera a los revolucionarios y comunistas que se rebelaron contra el sistema; porque no los tienen en cuenta, no los consideran parte de la sociedad, y prosiguen con la política de odio, venganza y persecución política contra ellos.
El mismo 7 de enero ya había defendido las “maravillas” del neoliberalismo impuesto en el Perú en 1990. Según sus palabras: “… las reformas económicas iniciadas en la última década del siglo XX, y continuadas en los siguientes gobiernos… [abrieron] las puertas a un futuro de progreso”. “Progreso” que para el pueblo ha significado el barrimiento de sus derechos y conquistas, así como su redoblada explotación. Luego sostuvo que está “convencida de que podemos mejorar aún nuestros índices de bienestar si salimos de una polarización política improductiva que enfrenta a los peruanos”. Y precisó: “El fujimorismo es hoy una de las fuerzas políticas más importantes del país y es menester el buscar poder trabajar todos unidos si es que queremos un futuro con progreso y desarrollo”.
 Habla de entendimiento, de ponerse de acuerdo para que trabajen juntos con el fujimorismo. Lo que buscan es coludirse para viabilizar sus planes económicos, para reactivar su economía. Y llama al fujimorismo, y a los demás grupos políticos de la gran burguesía, a una “convivencia democrática” para explotar y enriquecerse más, para servir a los intereses del imperialismo y sus monopolios. Y redondea su posición: “El gobierno que lidera el presidente Kuczynski […] está convencido de que solo reconciliándonos como nación podremos continuar y, sobre todo, profundizar las reformas en favor de todos nuestros compatriotas”. Queda sumamente clara su “reconciliación”: la conciben como “entendimiento” entre las clases dominantes para profundizar las reformas neoliberales, desenvolver el sistema capitalista y profundizar la explotación del pueblo.
En las mismas declaraciones del 7 de enero, dijo: “… el precio de nuestros principales metales se viene revalorando en el mercado internacional, lo que nos abre una oportunidad para crecer aún más. Si a esto le sumamos el crecimiento de nuestras exportaciones y la inversión que realizará el gobierno en la reconstrucción, los próximos podrían ser años de muchas posibilidades. Pero todo si logramos trabajar en una verdadera y profunda reconciliación política”. Para el Ejecutivo, la “profunda reconciliación política” es para ponerse de acuerdo en centrar en minería y en la reconstrucción del norte, así enfrentar la crisis económica e incrementar sus capitales acumulando mayor plusvalía.
Mercedes Aráoz dijo también en la misma fecha: “Pero todo este esfuerzo no lo puede hacer solo el Ejecutivo. Es por esto que necesitamos reconciliarnos, tomarnos de la mano y caminar adelante hacia el desarrollo. Es tiempo de que los peruanos demostremos que podemos trabajar juntos, que le demos la contra a la historia de polarización que tanto nos ha marcado […] Estoy segura de que la madurez política, el diálogo y la tolerancia nos permitirán alcanzar acuerdos mínimos para lograr nuestros sueños compartidos de desarrollo y prosperidad de cara al bicentenario nacional”.
Es así como ve la ultraderecha del Ejecutivo la llamada reconciliación: como una oportunidad de entendimiento entre ellos, entre los grupos y facciones de las clases dominantes, para llevar adelante sus medidas económicas, que les permitan durar un tiempo más en el gobierno. Pero la crisis política continúa, sigue la incertidumbre y prosigue en pie el pedido de vacancia del presidente, o su renuncia.
Consideramos, con la experiencia histórica e internacional, una verdadera reconciliación nacional debe comprender varios aspectos. Es un proceso en el que deben participar todos los actores de la guerra interna: las fuerzas del Estado y los revolucionarios. También debe comprender a los pueblos afectados por la guerra, por la aplicación de la línea y política genocida del Estado. Asimismo debe atender las demandas de los familiares de las víctimas de la guerra, de los desaparecidos, de las violadas; no se debe reducir a un pequeño grupo de familiares, como los de La Cantuta, que solo son un puñado, que ni alcanzan a los familiares de los 250 prisioneros de guerra asesinados en los genocidios de los penales en 1986 ni a los familiares de las víctimas de Accomarca y Putis, para mencionar solo algunos casos emblemáticos, menos a los familiares de las decenas de miles de desaparecidos y de víctimas de la guerra. También debe resolver el problema de los miles de requisitoriados y expatriados por motivos de la guerra interna. Igualmente, el cambio de las leyes de tiempos de guerra.
Por lo señalado, resulta paradójico que, desde el Estado, mientras hablan de “reconciliación nacional”, abren nuevos juicios a los dirigentes del PCP, entre ellos al Presidente Gonzalo con 83 años de edad y más de 25 años de encierro y aislamiento absoluto, con una condena de cadena perpetua, imputándoles nuevos cargos infamantes, como narcotráfico. Hablan de reconciliación nacional mientras el Gobierno y la ultraderecha en conjunto vienen desenvolviendo campañas atizando el odio, la venganza y la persecución política contra los revolucionarios, contra los prisioneros políticos y de guerra, incluso contra sus familiares, también contra quienes ya cumplieron su condena. Asimismo, el Estado ha tomado la decisión de encarcelar a miembros de una organización de verdadera izquierda, como el MOVADEF, abriéndoles varios procesos judiciales. A lo que se suma la insistencia en destruir los nichos donde reposan los restos de ocho prisioneros políticos, de los 250 asesinados en el genocidio de los penales en 1986, y el Estado continúa secuestrando los restos de los demás asesinados y se niega a entregárselos a los familiares de las víctimas.
Cuando Jaime de Althaus le pregunta sobre buscar un acuerdo con Fuerza Popular, dentro de la “reconciliación”, la Premier responde: “… podemos sentarnos en mesas de diálogo, espacios para conversar [...] En otras partes del mundo se ha logrado. Sudáfrica es un lindo ejemplo de cómo con diálogos sinceros se logró eliminar el apartheid. Colombia tomó en parte ese ejemplo para empezar con su proceso de paz. Espacios de conversación no solo con los partidos, también con la sociedad civil, un Acuerdo Nacional remozado…”
Si comparamos con la práctica del Gobierno, lo dicho por Mercedes Aráoz son solo palabras hipócritas. Porque en la experiencia de Sudáfrica todos asumieron responsabilidad, desde el Estado hasta la Iglesia; mientras en el país ni el Estado ni los gobiernos de Belaúnde, García ni Fujimori, incluso Humala, han asumido responsabilidad alguna sobre la línea y política genocida que aplicaron ni en la responsabilidad de las clases dominantes en la mantención de un sistema social inicuo que hunde en la miseria extrema a la inmensa mayoría de peruanos. Y si vemos la experiencia de Colombia, a los de las FARC, autodenominados marxista-leninistas, no se les ha exigido que cambien su forma de pensar, que cambien su ideología; les han permitido participar en las elecciones y hasta mantener sus propias siglas. ¿Y en el Perú? Continúa la persecución política, el odio y la venganza contra los revolucionarios; se impide la participación política de los ex prisioneros de guerra, se les impide trabajar; la persecución se extiende a sus familiares. Por tanto, los llamados del Gobierno al diálogo es pensando en un diálogo entre las clases dominantes, pensando en los militares presos. Incluso cuando se refieren a la sociedad civil, no consideran ni a los familiares de todas las víctimas, pero sí hablan de los “partidos políticos” de la gran burguesía y de quienes sostienen y defienden el sistema capitalista.
Queda claro, para el Gobierno y las clases dominantes en el Perú, los revolucionarios y comunistas están excluidos no solo del diálogo sino de la sociedad, y sueñan con su destrucción y desaparición. Por todo lo señalado, no es reconciliación nacional lo que pregona el Gobierno, sino aplican ¡Ay del vencido!
En cuanto a los pueblos afectados por la guerra interna, otro aspecto de una verdadera reconciliación nacional. Al Gobierno y a las clases dominantes les interesan muy poco los pueblos afectados por dicha guerra, especialmente los pueblos arrasados por las FFAA y FFPP. En más de 25 años, desde el término de la guerra interna, al Estado y a las clases dominantes no les ha preocupado en absoluto elaborar y aplicar planes de desarrollo y reconstrucción de las zonas afectadas por la guerra contrasubversiva, como correspondería si el Estado hubiese reconocido que hubo una guerra con causas económicas, sociales y políticas; el campo sigue abandonado, presa de la voracidad del capitalismo que penetra despojando al campesinado de sus tierras, de sus escasos medios de producción y subsistencia.
Cuando Mercedes Aráoz y toda la ultraderecha hablan de “desarrollo” producto del “modelo económico” —aplicado por todos los gobiernos desde 1990—, al que serviría la “reconciliación” concebida por el Ejecutivo, ¿de qué están hablando? De la defensa de la explotación capitalista que ha permitido ingente acumulación de riqueza en poquísimas manos a costa de la pobreza de la inmensa mayoría de peruanos. Hablan del “desarrollo” que exonera de tributos a los monopolios imperialistas de la minería, mientras persigue al pequeño comerciante y les roban sus productos a los vendedores ambulantes. Otras muestras de tal “desarrollo” son los obreros y trabajadores con jornadas de doce a catorce horas, con salarios de hambre que no llegan ni al mínimo establecido, con trabajos temporales sin derecho o beneficio alguno; son masas hundidas en el desempleo y la subocupación. Implica una sociedad con un 44 % de su infancia con anemia, con desnutrición crónica del casi 14 %. Con una juventud sin estudios o capacitación y sin trabajo verdaderamente productivo, ofreciendo cada año 300,000 brazos nuevos a vender para la riquísima plusvalía que se ganan con la explotación capitalista que propician y defienden. Es la defensa del capitalismo que ha convertido en mercancía los servicios públicos; con una educación pública precarizada y de las peores en el mundo; con un sistema de salud pública colapsada hace mucho tiempo. Con la mujer peruana violentada a diario; porque la informalidad, que es de 65 %, tiene rostro de mujer y es el 89 % del total; porque está sometida a la brutalidad de la feudalidad que subsiste y a la golpiza y asesinato de la propiedad privada capitalista; y porque es con la mujer que quieren salir de la crisis al pagarle un salario 40 % menor que al hombre. Con pueblos abandonados después de haber sido afectados por los desastres naturales, como el Niño Costero. Este es el “desarrollo” que alaba la ultraderecha y que pretende mantener coludiéndose. Mientras que el pueblo lo rechaza y empieza a rebelarse y a exigir cambios.
Por otro lado, ¿qué hay del cambio de las leyes de tiempos de guerra, otro aspecto de una verdadera reconciliación nacional? Después de 25 años del término de la guerra, mantienen dichas leyes negadoras de derechos fundamentales, leyes que barrieron parte de los derechos laborales que costaron sangre proletaria. Es más, continúan promulgando leyes más restrictivas contra el pueblo, como la “Ley de apología al terrorismo” y otras leyes que usan para combatir las luchas del pueblo levantando el cuco del “terrorismo” y criminalizar la protesta popular, como se vio en la huelga magisterial del año pasado. Hablan de reconciliación pero prosigue la reaccionarización del derecho penal iniciada con la legislación antisubversiva como arma de guerra y derecho penal del enemigo aplicada por el fujimorismo.
¿Y respecto a la amnistía general en función de la reconciliación nacional? El gobierno de PPK no ve por ningún lado la necesidad de la amnistía general para civiles, policías y militares. Ni el cese de la persecución a los requisitoriados y expatriados por motivos de la guerra interna. Sostiene que el indulto “humanitario” a Fujimori sirve a la reconciliación nacional; pero, lo claro y concreto es que la colusión entre las dos facciones de la ultraderecha, la tecnocrática y la populista, no es reconciliación, sino componenda transitoria de grupos que muy poco ha de durar, como ya lo vemos en estos momentos. Como tampoco es amnistía general lo que intentaron todos los gobiernos: soluciones de parte, de la de ellos, de los que ordenaron y aplicaron la política contrasubversiva —como Fujimori con los del Grupo Colina—, soslayando completamente la parte de los combatientes revolucionarios y la del pueblo pobre de nuestro país que dio su vida y vio destruidos sus tierras, sus casas, sus poblados por la guerra contrasubversiva, sin que se hubieran aplicado nunca planes de desarrollo y reconstrucción de dichos pueblos.
Por todas estas razones, resulta perentorio denunciar y desenmascarar la falsa reconciliación nacional que pregona el Gobierno y las clases dominantes, empecinados en actuar de espaldas a las necesidades del pueblo, de la nación y de la sociedad peruana en su conjunto. Y hay que persistir en la lucha por la solución política, amnistía general y reconciliación nacional, más si el tema recién se está tratando después de 25 años.
¿Qué más dice la Premier en la entrevista con Jaime de Althaus? Les dice a los fujimoristas, a fin de “tender puentes” con Fuerza Popular: “… ya pasamos la página y sentémonos otra vez alrededor de las bases del desarrollo que ustedes y nosotros compartimos”. En el fondo, está dentro de lo ya señalado: coludirse entre facciones de la ultraderecha para que el Ejecutivo tenga condiciones para aplicar sus planes económicos. Lo que sucede es que está en juego el propio desarrollo capitalista del país, qué rumbo van a seguir, cómo se va a definir el nuevo gran plan de desarrollo económico del país, y, por otro lado, la inmediata reactivación. Lo que se traduce, en concreto, en seguir basándose en minería y agregar el tema de la reconstrucción del norte en función de la mejora de la economía y del mayor enriquecimiento de las clases dominantes.
Pero el llamado al diálogo con los de Fuerza Popular quedó en el aire. El grupo de Keiko Fujimori sigue con su plan para sacar a Kuczynski, y aplicar su plan económico y político de reivindicar al fujimorismo como la fuerza política electoral del 2021 que “derrotó la subversión de los ochentas” y que impuso el “neoliberalismo que desarrolló el país”, pretendiendo ocultar su autoritarismo dictatorial y el haber sido el más corrupto régimen de la historia peruana.
Mercedes Aráoz, para afrontar los problemas económicos, sostiene más de lo mismo: “Asegurar las reglas de juego para la inversión. También todo lo que es inversión pública, el empleo juvenil, las compras MYPES. Vamos a insistir en que nos den las facultades. Incorporar inclusive en el debate cómo mejoramos el mercado laboral”. Parte por la cacareada “estabilidad jurídica” para los monopolios imperialistas —lo concreto es que al Gobierno y a la ultraderecha les preocupa el tema de cómo reactivar la inversión privada que se ha paralizado después de los últimos hechos— y finaliza con “mercado laboral”. Sobre esto último, dice: “Tenemos que modernizar nuestro mercado de trabajo […] asegurando un grado de flexibilidad”; es decir, recortar más aún los derechos laborales y bajar más los salarios, para “aumentar la productividad y ser más competitivos”, para así incrementar más la plusvalía para la gran burguesía y los monopolios imperialistas. Para concretarlo, propone “trabajarlo como acuerdos mínimos […] con el Legislativo” y “una reforma constitucional para poner con claridad el tema”, para evitar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que observe tales cambios. Pero dichos acuerdos han quedado en declamación: no han avanzado nada para concretarlos.
Otro asunto importante relacionado con lo que venimos tratando es el que Althaus refiere: “no se ha resuelto la incertidumbre acerca de si realmente el presidente va a llegar al 2021”. Tal incertidumbre pretendían resolverla con un acuerdo con Fuerza Popular —viabilizado por el indulto a AFF—, pero este acuerdo no se ha dado ni se vislumbra en la presente coyuntura. Hasta ahora no se ha dado lo que la Premier esperaba: “sentarnos a conversar inicialmente con el presidente del Congreso y con los voceros de Fuerza Popular y de las bancadas, para poder sentar las bases de un diálogo para otra vez empezar en fresco”. Lo claro y concreto es que, tras el “indulto humanitario” a Fujimori y su “reconciliación”, no han dialogado; no han salido de la crisis política; es más, esta se ha agudizado, repercutiendo en la economía. La incertidumbre continúa y se viene un nuevo pedido de vacancia presidencial que debe tratarse en la legislatura de marzo próximo, cuyo resultado es incierto. Más si antes, a fines de febrero, Barata debe declarar sobre Lava Jato y la corrupción que                      que ha  marcado a todos los últimos Presidentes del Perú.
Así, tras la incertidumbre y la pugna de grupos económicos y sus corruptelas —corrupción insultante que es parte del sistema de explotación y se incrementa en una economía de mercado, con el neoliberalismo—, se desnudó ante el pueblo peruano la descomposición del Estado demoburgués, un Estado en manos de un puñado de explotadores que gobiernan defendiendo sus intereses económicos sin importarles ni el pueblo ni la nación, sino sus ganancias y finanzas a costa de la explotación de las inmensas mayorías que conforman el pueblo.

Por una verdadera reconciliación nacional

La guerra popular en el Perú no se produjo por la simple voluntad de un pequeño grupo de personas. Como cualquier guerra de su carácter, tuvo causas económicas, políticas y sociales. Las clases dominantes en el Perú mantuvieron un sistema de explotación inicuo, en contra de la inmensa mayoría de la población, principalmente del campesinado. Las clases que detentaron el Poder nunca se preocuparon por resolver las necesidades de las inmensas mayorías, sino de enriquecerse más a costa del sudor y sangre del pueblo. Las sucesivas luchas del pueblo, especialmente del campesinado por la tierra, fueron ahogadas a sangre y fuego, sembrando de cadáveres nuestras tierras. La centenaria explotación y opresión que soportaba el pueblo peruano, por parte de la semifeudalidad, del capitalismo burocrático y del imperialismo, llegaron a un punto tal que el pueblo no quería seguir viviendo como hasta entonces, y las clases dominantes no podían seguir mandando como lo venían haciendo; esto en condiciones en que el PCP se había reconstituido y estaba en condiciones de conducir el proceso mediante las armas. Todo esto explica el salto de las luchas del pueblo, de la lucha política a la lucha a través de las armas.
La guerra, según los principios básicos de esta ciencia, es la continuación de la política por medio de las armas. Y el objetivo de la guerra popular era la conquista del Poder para construir una nueva sociedad al servicio de las grandes mayorías: un claro objetivo político. Y las acciones militares cumplían no solo objetivos militares, sino políticos y de construcción. La conducción de la guerra es una conducción eminentemente política. La política dirige la guerra.
En el Perú hemos vivido una guerra interna que dejó un conjunto de problemas pendientes de solución. Un hecho político de tanta trascendencia necesita resolverse globalmente mediante una solución política, amnistía general y reconciliación nacional, para cerrar un capítulo dramático de nuestra historia y proseguir cada clase social según sus propios intereses.
Por tal razón, los problemas derivados de la guerra interna en el Perú demandan una solución política, una solución política global, integral, que involucre a todos los participantes en la misma, tanto del Estado como de los revolucionarios; así como a los pueblos afectados por la guerra, con planes de reconstrucción y desarrollo; que las dos partes en contienda asuman sus responsabilidades, especialmente el Estado por su responsabilidad principal; implica la restitución de los derechos conculcados, la derogatoria de las leyes lesivas, el cese de la persecución política, la reincorporación a la sociedad de prisioneros políticos, el reconocimiento pleno de los derechos políticos, la solución al problema de los deudos, de los requisitoriados y expatriados, etc. Todo esto es lección histórica de cómo se resolvieron las guerras internas habidas a través de la historia.
Esta forma de concebir la reconciliación nacional es la que responde a las necesidades del pueblo, de la nación y de la sociedad peruana en su conjunto. Otras posiciones  solo ven intereses de grupo o facción.
En el debate abierto sobre la reconciliación nacional, estamos seguros, se impondrán las posiciones proletarias sobre las de otras clases. Para lograrlo, plantear claramente la posición proletaria al respecto, partir de que la guerra interna tuvo causas económicas, políticas y sociales; denunciar la falsa reconciliación nacional, como la del Gobierno que es la colusión entre las clases dominantes para seguir engordando con el sudor y sangre del pueblo; enarbolar las reivindicaciones y derechos fundamentales del pueblo y luchar por ellos.
Y lo planteamos comprendiendo que el tema recién está comenzando a tratarse y demandará tiempo y empeñarse en conquistarla. La proximidad del bicentenario de la independencia política del Perú presenta condiciones para avanzar en su consecución.
Asimismo, nos reafirmamos en persistir en el camino del pueblo: la revolución socialista como rumbo y hoy arrancar los conculcados derechos fundamentales del pueblo.

¡LUCHAR POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PUEBLO!
¡PERSISTAMOS EN LA LUCHA POR LA VERDADERA RECONCILIACIÓN NACIONAL!
¡DENUNCIAR LA FALSA RECONCILIACIÓN!
¡AMNISTÍA GENERAL PARA CIVILES, POLICÍAS Y MILITARES!
¡POR UN PERÚ RECONCILIADO HACIA EL BICENTENARIO!
¡DESARROLLAR EL CAMINO DEL PUEBLO POR EL SOCIALISMO!

Febrero 2018



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