Así, el congresista fujimorista Octavio Salazar (sí, el mismo individuo que en su condición de ministro del Interior levantó el psicosocial de los pishtacos que vendían grasa humana), actual presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, ha hilvanado torpemente:
Ellos [los del PCP] ya vienen movilizando todo el aparato militar. El ‘ejército guerrillero popular’ ya está en funciones, y eso lo conoce el Gobierno. El ‘frente rojo’ ya ha sido actualizado, ahora es el ‘nuevo frente rojo’, entonces son dos organizaciones que están en funcionamiento. A eso hay que agregarle que el Comité Metropolitano de Lima lo tiene Osmán Morote, él sale de la cárcel y va a cumplir esa función. Esto no es casualidad.
Asimismo, sostiene que esta emboscada y la camioneta policial quemada esta semana demuestran que el “terrorismo” estará avanzando en gran medida en el país, por lo que es necesario que el Gobierno reformule medidas para combatirlo.
La opinión del fujimorista Octavio Salazar tiene la misma “seriedad” que la que dio sobre los pishtacos, e igualmente desmentida categóricamente por la realidad. Miente descaradamente; ya que por su condición de militar y presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso conoce perfectamente quiénes están tras la mencionada emboscada; es más, el mismo Víctor Quispe Palomino, cabeza del grupo de mercenarios del VRAEM, se ha adjudicado públicamente la autoría de dicho hecho, como se puede ver en las redes sociales. Lo real es que levantan esto en el contexto de la movilización popular contra las medidas antipueblo del gobierno y el Congreso.
Lo que es conocido, y demostrado por estudiosos del tema del narcotráfico, como Jaime Antezana, lo que hay en el VRAEM nada tiene que ver con una acción política revolucionaria vinculada al PCP; lo que existe es un grupo mercenario, el de los hermanos Quispe Palomino, vinculado al narcotráfico. Lo que sucede es que los diversos gobiernos, desde el de Fujimori, no han tenido la intención de acabar realmente con dicho grupo mercenario, porque les sirve para mantener el cuco del “terrorismo” y mantener el jugoso presupuesto asignado al VRAEM; e imputan la autoría de dichas acciones y práctica al PCP para alimentar su política de odio, venganza y persecución política contra los revolucionarios y comunistas, y para criminalizar la lucha popular y perseguir a quienes cuestionen el sistema de explotación capitalista.
También miente descaradamente cuando sostiene que el PCP está “movilizando todo el aparato militar”, porque el PCP está desarrollando lucha política desde 1993; desde este año no ha realizado ninguna acción armada; y persiste en la necesidad de la solución política, amnistía general y verdadera reconciliación nacional, porque es una necesidad del pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto. Posición asumida por el compañero Osmán Morote y difundida por la prensa. De ahí que las palabras de Octavio Salazar no tienen ningún sustento real. Además, recordar que el compañero se encuentra con arresto domiciliario, y, como lo hemos visto por la televisión, con un cerco policial durante las 24 horas del día y con estricto control de las personas que lo visitan, sean familiares o amigos, que no le permite ni realizar su trabajo intelectual. La afirmación de Octavio Salazar sirve a la campaña para que vuelvan a encarcelar ilegalmente al compañero Osmán Morote.
Se comprende la intención de las declaraciones del congresista de la ultraderecha cuando afirma, “alarmado”: “Ellos [los del PCP] están avanzando... están yendo en la posibilidad de poner en situación grave al país […] Lo que se requiere es poner esto sobre la mesa, y tomar decisiones, no podemos dejar que esta gente continúe avanzando”. En el fondo, levanta el cuco del inexistente “terrorismo” para proseguir su persecución política contra los revolucionarios y comunistas, y criminalizar la lucha popular, con nuevas medidas del Estado.
A lo dicho por el mencionado congresista, añadir lo afirmado por Luis Galarreta, actual presidente del Congreso, en relación a la misma emboscada. Dijo: “He conversado con generales para preguntarles cómo terminar con esta lacra en el VRAEM y la respuesta es muy sencilla. Quienes ven a sus camaradas de armas enjuiciados durante años, acudiendo en bastón y sillas de ruedas a los juzgados, por haber matado terroristas en combate en los años 90, no quieren terminar como ellos. Eso los desanima y desalienta”. Y añadió que “la democracia no puede ser boba” y tiene que defenderse con “las herramientas que la ley le permite”; que: “Esto [la muerte de policías en el VRAEM] no debe quedar impune porque sería un pésimo mensaje a nuestras Fuerzas Armadas y policiales que defienden a los ciudadanos y a la democracia. ¿Con qué ánimo van a combatir si políticos cambian las normas para liberar terroristas, o si las ONG los van a enjuiciar por enfrentar y matar terroristas…?”
Es decir, empieza con lo de la emboscada para luego pedir el no enjuiciamiento de los miembros de las FFAA y FFPP procesados por “haber matado terroristas” en los años 90, que ahora se les garantice impunidad en su accionar, y terminar cuestionando a quienes “cambian las normas para liberar terroristas”, reivindicando las leyes inconstitucionales que aplicaron en el gobierno de Fujimori. Lo que constituye una prueba más de la ceguera de la ultraderecha: plantear solo solución a la parte del Estado en la guerra interna, de quienes aplicaron su línea y política genocida, y no a las dos partes; y es más, pretender que los revolucionarios y comunistas no salgan de prisión, pese a haber cumplido las sentencias impuestas por el Estado.
¡ABAJO LA POLÍTICA DE ODIO, VENGANZA Y PERSECUSIÓN POLÍTICA CONTRA LOS REVOLUCIONARIOS Y COMUNISTAS!
¡LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS ES UN DERECHO!
¡POR UN PERÚ RECONCILIADO HACIA EL BICENTENARIO!
¡DESARROLLAR EL CAMINO DEL PUEBLO HACIA EL SOCIALISMO!
Junio 2018