EL ESTADO AMPLÍA LA PERSECUSIÓN POLÍTICA Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA POPULAR




En enero 2018, un día antes del plazo límite para modificar lo referido a las elecciones regionales y municipales próximas, el pleno del Congreso aprobó la ley que impide la postulación de sentenciados por terrorismo, y por otros delitos, en dichas elecciones. Una ley inconstitucional que niega el derecho a la participación política de los ex prisioneros políticos, principalmente.
Hace pocos días, el Congreso, donde se coludieron los diversos sectores de la ultraderecha, con el apoyo de la izquierda burguesa, encabezada por el sector más conservador, más recalcitrante del fujimorismo, que marca el paso en el Congreso, ha aprobado una ley que impide trabajar a quienes han sido sentenciados por “terrorismo”, apología de “terrorismo” y otros delitos. En realidad, se mezclan varios delitos, pero el objetivo principal son los revolucionarios y luchadores sociales sentenciados por “terrorismo” y apología del “terrorismo”. Dicha colusión se prueba con las cifras de la votación: el dispositivo fue aprobado con 79 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones.
Según la ley, los sentenciados en los mencionados delitos no podrán ingresar o reingresar para “prestar servicios en el sector público”. Y: “La rehabilitación, luego de cumplida una sentencia condenatoria, no habilita para prestar servicios personales en el sector público”. Por tanto, se trata de una ley inconstitucional, pues el derecho al trabajo es un derecho fundamental y el objetivo de la condena es la reincorporación del penado a la sociedad; objetivo que esta ley niega y aplica la persecución eterna contra los ex prisioneros políticos.
Y la ley precisa que alcanza a “todas las entidades de la administración pública”, “bajo cualquier régimen de prestación de servicios personales, sean o no de carácter  laboral”. Es decir, no podrán trabajar en el sector público, bajo ningún régimen laboral (nombrado, por contrato, recibo por honorario, CAS), ni realizar trabajos para el sector público a través de otras empresas. Y quienes fueron condenados por tales delitos y se encuentren trabajando en el sector público serán “resueltos”, es decir, despedidos simple y llanamente.
Lo paradójico es que, mientras esta ley niega el derecho al trabajo de los ex prisioneros políticos, el Estado les cobra compulsivamente la reparación civil y les incautan hasta sus pocos enseres personales y los de sus familiares. A lo que se suma la acción de la prensa de la gran burguesía, que cumple papel importante en la campaña contra los ex prisioneros políticos: realiza reportajes sobre ex prisioneros políticos que trabajan en el magisterio, y chilla, histérica, exigiendo su despido.
El Estado peruano, al considerar a los ex prisioneros políticos al margen de la legalidad, evidencia su mayor reaccionarización. Mientras hablan de democracia, promulgan leyes que convierten a los ex prisioneros políticos en marginados de la sociedad y discriminados por sus ideas, por tanto, quisieran que se mueran de hambre o que vuelvan a las cárceles a podrirse.
Por otra parte, resulta expresivo que en esta ley no estén comprendidos los delitos de corrupción, entre otros. Claro, porque protegen a quienes aplicaron la línea y política genocida del Estado durante la guerra interna, lo mismo a los funcionarios del Estado, incluido presidentes, ministros y altos funcionarios, y a los elementos de la gran burguesía y del imperialismo, los mayores corruptos y corruptores en el Perú.
Pero la intención del Estado no es solo negar el derecho al trabajo de los ex prisioneros políticos que fueron condenados. Lo que empezó contra ellos, lo están extendiendo contra los procesados e investigados. Como podemos ver en las declaraciones del ministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes, del 4 de junio. En dichas declaraciones, el ministro denomina “limpieza” del magisterio al despido de cerca de 800 maestros condenados por terrorismo, apología y por los otros delitos comprendidos en la ley; y anuncia que dicha “limpieza” se concluirá el 15 de junio. Luego anuncia que, después de “barrer” la lista de los sentenciados, se procederá con “separar preventivamente” (eufemismo de despido) a maestros procesados o investigados por dichos delitos. Dijo que aplicará este despido con la información que le proporcione el Poder Judicial, de los procesados, y por la Fiscalía, de los investigados. De esta manera, los despedidos del magisterio sumarían mucho más que los 800 que mencionó el ministro Alfaro Paredes; pues, como él mismo dijo, a la fecha se habla de que 4.500 maestros tendrían vínculos con el “terrorismo”, por lo que continuarán revisando la base de datos del Poder Judicial para proceder con su despido del magisterio.
Así, queda demostrada que la persecución política, inconstitucional, no se queda en los ex prisioneros políticos, sino se amplía a los procesados e investigados. Por tanto, este anuncio alcanza a dirigentes populares como los de las bases del SUTEP que dirigieron la huelga indefinida de 2017 y fueron acusados de vínculos con el “terrorismo” y de apología, quienes han anunciado una próxima huelga indefinida para este 18 de junio. A ellos los podrán “separar preventivamente” del magisterio, de inmediato, y de manera similar a dirigentes de sindicatos del sector público en lucha, porque, para la ultraderecha, donde hay lucha popular está el “terrorismo”.
Así, la persecución política y la criminalización de la lucha popular, con el pretexto del “terrorismo”, ponen sobre el tapete la necesidad, especialmente para el pueblo y la nación, de la solución política de los problemas derivados de la guerra interna, indesligable de la lucha contra el sistema capitalista de explotación, por los derechos fundamentales. Para que, cerrado un capítulo dramático de la historia peruana, no tengan el pretexto del “terrorismo” para perseguir y criminalizar la lucha popular, y el pueblo y la nación prosigan su lucha en función de desarrollar el camino del pueblo hacia el socialismo.

¡POR EL DERECHO AL TRABAJO Y A LA REINCORPORACIÓN SOCIAL DE LOS EX PRISIONEROS POLÍTICOS!
¡ABAJO LA POLÍTICA DE ODIO, VENGANZA Y PERSECUCIÓN POLÍTICA!
¡SOLUCIÓN POLÍTICA, AMNISTÍA GENERAL Y VERDADERA RECONCILIACIÓN NACIONAL!
¡POR UN PERÚ RECONCILIADO HACIA EL BICENTENARIO!
¡DESARROLLAR EL CAMINO DEL PUEBLO HACIA EL SOCIALISMO!

Junio 2018
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