ABAJO LA LEY DE MORDAZA FASCISTA Y LA PERSECUCIÓN POLÍTICA



Luego de la promulgación de la ley de apología al “terrorismo”, una ley de mordaza fascista, las declaraciones del ministro de Interior, , indican que el Estado prepara golpe a organizaciones clasistas y populares, como el MOVADEF y CONARE-SUTEP, y a familiares de víctimas del genocidio. Es parte de la política de odio, venganza y persecución política y una prueba más de que el Estado peruano se reaccionariza más para defender el sistema capitalista. La ultraderecha autoritaria y populista del fujimorismo en el Congreso y la ultraderecha tecnocrática del Ejecutivo se vuelven a coludir para golpear al pueblo, mientras pugnan por quien se lleva las mayores ganancias.

Antes, dicho ministro acusó al MOVADEF de “hacer daño”, “ser un peligro para la sociedad” y que, por lo tanto, “la solución pasa por detenerlos dentro del marco de la ley”. Luego de promulgada la ley de mordaza fascista, dijo: “Lo que puedo decir para tranquilidad de la población es que MOVADEF tiene un seguimiento muy estricto como corresponde a sus características”; y, como ya tienen la ley hecha a su necesidad, revela su intención de detener a miembros del MOVADEF.

Pero, como era de esperarse, hace extensiva la represión a organizaciones populares, como al CONARE-SUTEP (Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTEP) y a la huelga de maestros. Dijo que en algunas regiones del magisterio, como del sur, el CONARE-SUTEP está dirigido por gente vinculada “a esa organización terrorista”; y para reprimirlos cuenta con la colaboración de los vendehuelgas y soplones de Patria Roja, como se ve en las declaraciones de sus dirigentes.

También se han pronunciado otros representantes de la ultraderecha, como el congresista fujimorista Carlos Tubino, quien afirma: “Desde ahora, todo aquel que exalte, enaltezca o justifique lo que hicieron (…) será encarcelado, y no podrá predicar una falsa libertad de expresión para su delito”; y sostiene que “los miembros del MOVADEF no podrán difundir las ideas violentistas de Guzmán, y el Mausoleo terrorista de Comas podría ser demolido en breve, ya que allí se presenta a los delincuentes comunistas como héroes”. Por tanto, no cesan en su ensañamiento con los restos de los victimados por el Estado y no cesan en la persecución a los familiares que honran las memorias de sus seres queridos.
Por su parte, Alberto Otárola, ex ministro de Defensa del gobierno de Ollanta Humala, dijo: "A nuestro juicio, la solución pasa por detenerlos en el marco de nuestras leyes. Pienso que hay razones y marco legal más que suficientes para que sean detenidos, sea por apología (esperemos que con más éxito ahora con la nueva ley del Congreso) o, más importante aún, por pertenencia a la organización terrorista". Y llama al Ejecutivo a ejecutar acciones concretas y trabajar con una visión de conjunto con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La ley promulgada es inconstitucional porque niega el derecho contemplado en el artículo 2 de la Constitución: “A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión.” Es una ley negadora de derechos y libertades democráticas; busca acallar toda voz discrepante con este sistema de explotación capitalista. La ley apunta contra las organizaciones populares, democráticas y clasistas que vienen enarbolando y planteando la necesidad de entrar a un proceso de reconciliación nacional, a puertas del bicentenario de la República, a través de una amnistía general. Así como criminaliza el reclamar los restos de quienes fueron victimados por el Estado y el rendirles homenaje. La ley de apología está concebida para justificar legalmente la persecución política, coactar el derecho del pueblo a opinar, expresarse y pensar

Viendo el conjunto de la lucha de clases en el país, esta ley restringe más los derechos y libertades democráticas del proletariado y el pueblo; expresa la mayor reaccionarización del Estado y significa una mordaza fascista: apunta a arrasar derechos como la libertad de pensamiento, expresión y opinión. La ultraderecha neoliberal, con esta ley, apunta a amordazar al proletariado y al pueblo para que no cuestionen y no se opongan a su sistema capitalista explotador y opresor.

Por esta razón, llamamos al pueblo a denunciar y oponerse a la redada que el Estado peruano prepara contra el MOVADEF y organizaciones populares. El Estado peruano busca acallar, con prácticas fascistas, la voz de quienes tienen una posición consecuente de defensa de los intereses del pueblo. Creemos oportuno recordar, en esta circunstancia, los siguientes versos:

Primero se llevaron a los comunistas,
pero a mí no me importó porque yo no lo era.
Enseguida se llevaron a unos obreros,
pero a mí no me importó porque yo tampoco lo era.
Más tarde se llevaron a los intelectuales,
pero a mí no me importó porque yo no era.
Después detuvieron a los sindicalistas,
pero a mí no me importó porque yo no soy sindicalista (…)
Ahora me llevan a mí,
pero ya es demasiado tarde.


¡ABAJO LA LEY DE MORDAZA FASCISTA!
¡POR EL RESPETO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, EXPRESIÓN Y OPINIÓN!
¡ABAJO LA POLÍTICA DE ODIO, VENGANZA Y PERSECUCIÓN!
¡POR UN PERÚ RECONCILIADO HACIA EL BICENTENARIO!
¡AMNISTÍA GENERAL PARA CIVILES, POLICÍAS Y MILITARES!

Agosto 2017




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