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| Declaraciones del Procurador antiterrorista Milko Ruiz en los distintos medios de comunicación. |
Acerca de la entrevista al Procurador Público antiterrorista Milko Ruiz Espinoza en diario El Peruano, el viernes 16 de junio de 2017.
Lo que declara el Procurador Antiterrorista es una nefasta respuesta a la justa demanda contra el Estado peruano por la persecución política que realiza, presentada por la Coordinadora Internacional de Solidaridad por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dicho Procurador anuncia públicamente el “primer juicio contra los dirigentes del Movadef por apología al terrorismo”, uno de los 22 procesos fabricados por la DIRCOTE y la Procuraduría. ¿Qué delito es que una organización política, amparándose en el artículo 35 de la Constitución Política del Perú, bregue por inscribirse para participar en las elecciones y difunda a través de un órgano de prensa su ideario, Programa y Visión del país? No constituye ningún delito, es hacer el uso legítimo del derecho a la participación política, así como el derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión, que hoy se niega en el Perú con la “nueva” ley de apología en el Congreso, mordaza fascista que tiene como objetivo acallar y encarcelar a los marxista-leninista-maoístas, pensamiento gonzalo y a todo aquel que discrepe y cuestione el sistema capitalista de explotación.
Es una siniestra persecución política que también tiene como afán encarcelar a los abogados del doctor Abimael Guzmán Reinoso para dejarlo sin defensa en el preciso momento en que enfrenta una serie de nuevos e ilegales juicios. Más aún, no bastándoles con eso y de mantenerlo en prisión 25 años, en un penal militar y en aislamiento absoluto y perpetuo, se ensañan más con él violentando la confidencialidad de sus entrevistas legales al imponer realizarlas en un ambiente con grabadoras, escuchas y filmadoras, negándole así el derecho pleno a la defensa.
En el colmo del cinismo, el actual Procurador en entrevista de hace unos meses llegó a declarar que “Abimael Guzmán es uno de los presos con mayores beneficios en el orden penitenciario”, ¿cuáles? ¿El tener cadena perpetua y volver a nuevos juicios para nueva cadena perpetua? ¿Estar 25 años en aislamiento? ¿No recibir ninguna visita aparte de la de su esposa una vez al año y con filmadoras? ¿El que nunca lo hayan llevado a un hospital en 25 años? ¿El que le prohíban hablar con otras personas que no sea con su abogado bajo escuchas y filmaciones?
Dice el Procurador Ruiz: “Desde prisión le sigue haciendo daño al Perú” ¡Pero ¿qué daño es el que puede hacer un aislado dentro de un Penal Militar y con 83 años?! “Es uno de los presos mejor atendidos del Perú”, ¡Cínico!, falseando la realidad no se avanza. ¡Miente!, genera alarma a la sociedad y estigmatiza al prisionero político que con 83 años de edad enfrenta aislamiento hace 25 años en el Penal Militar de la Base Naval del Callao, ilegal, inconstitucional e inhumano, todo lo que Milko Ruiz avala violando leyes peruanas e internacionales. Estos son los abogados del Estado, chulillos de la ultraderecha, ciegos de su ultraderechismo, ¿de qué terrorismo hablan si la guerra popular ya terminó hace 25 años?
Aquí, hoy con gran desfachatez y actuando como fiscal, el Procurador presiona y amenaza a los jueces del Poder Judicial para que actúen ilegalmente aceptando como “verdaderas” las falsas pruebas fabricadas por la policía y las compradas declaraciones de sus “colaboradores”, pues, en caso contrario, los amenaza con que acabarían como la Sala F del caso “Perseo”, que por ser garantista fue destituida. ¡Presión evidente!
Cínicamente afirma que el “Estado no persigue a nadie, el Estado busca justicia y que los responsables por hechos delictivos sean sancionados”, llegando a mentir al decir que el caso Tarata nunca fue juzgado, para justificar la farsa de juicio contra los dirigentes del PCP para escarnio y desprestigio e impedir la libertad de quienes ya cumplieron su pena, buscando sorprender al pueblo con sus falacias.
Carente de argumentos, mostrando la ceguera política de las clases explotadoras en el Perú, llega a negar que haya un problema político a resolver en el país al decir que “debe quedar claro que no estamos ante un asunto político sino ante delitos cometidos por organizaciones terroristas”, para negar la condición de presos políticos a los revolucionarios y comunistas que lucharon y luchan contra la opresión capitalista, a los que imputa de “terroristas” para aislarlos de la sociedad, contraviniendo abiertamente las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, que dice “que como principio en perjuicios principalmente de …opinión política… Por el contrario, importa respetar las creencias… y los preceptos morales del grupo al que pertenece el recluso”. Y también, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las personas Privadas de Libertad de las Américas, de la CIDH que en el Principio II señala: “…Bajo ninguna circunstancia se discriminará a las personas privadas de libertad por motivos de…opiniones políticas…”
Finalmente, al referirse al pago de la reparación civil, el pez muere por su propia boca. Si anteriormente dijo: “Lo que se busca es plantear una medida ejemplarizadora, más allá de la capacidad adquisitiva del imputado”, hoy cínicamente confirma el uso del pago de reparación civil como instrumento de persecución contra los prisioneros políticos y ex prisioneros políticos extendido a sus familiares al señalar que “de inmediato y por la voluntad propia proceden a pagar sus deudas”, siendo la amenaza y el chantaje la práctica cotidiana que caracteriza a la Procuraduría antiterrorista.
De esta manera, el Estado peruano responde públicamente a través de su Procuraduría a la justa y correcta demanda por persecución política ante la CIDH.
Lo que declara el Procurador Antiterrorista es una nefasta respuesta a la justa demanda contra el Estado peruano por la persecución política que realiza, presentada por la Coordinadora Internacional de Solidaridad por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dicho Procurador anuncia públicamente el “primer juicio contra los dirigentes del Movadef por apología al terrorismo”, uno de los 22 procesos fabricados por la DIRCOTE y la Procuraduría. ¿Qué delito es que una organización política, amparándose en el artículo 35 de la Constitución Política del Perú, bregue por inscribirse para participar en las elecciones y difunda a través de un órgano de prensa su ideario, Programa y Visión del país? No constituye ningún delito, es hacer el uso legítimo del derecho a la participación política, así como el derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión, que hoy se niega en el Perú con la “nueva” ley de apología en el Congreso, mordaza fascista que tiene como objetivo acallar y encarcelar a los marxista-leninista-maoístas, pensamiento gonzalo y a todo aquel que discrepe y cuestione el sistema capitalista de explotación.
Es una siniestra persecución política que también tiene como afán encarcelar a los abogados del doctor Abimael Guzmán Reinoso para dejarlo sin defensa en el preciso momento en que enfrenta una serie de nuevos e ilegales juicios. Más aún, no bastándoles con eso y de mantenerlo en prisión 25 años, en un penal militar y en aislamiento absoluto y perpetuo, se ensañan más con él violentando la confidencialidad de sus entrevistas legales al imponer realizarlas en un ambiente con grabadoras, escuchas y filmadoras, negándole así el derecho pleno a la defensa.
En el colmo del cinismo, el actual Procurador en entrevista de hace unos meses llegó a declarar que “Abimael Guzmán es uno de los presos con mayores beneficios en el orden penitenciario”, ¿cuáles? ¿El tener cadena perpetua y volver a nuevos juicios para nueva cadena perpetua? ¿Estar 25 años en aislamiento? ¿No recibir ninguna visita aparte de la de su esposa una vez al año y con filmadoras? ¿El que nunca lo hayan llevado a un hospital en 25 años? ¿El que le prohíban hablar con otras personas que no sea con su abogado bajo escuchas y filmaciones?
Dice el Procurador Ruiz: “Desde prisión le sigue haciendo daño al Perú” ¡Pero ¿qué daño es el que puede hacer un aislado dentro de un Penal Militar y con 83 años?! “Es uno de los presos mejor atendidos del Perú”, ¡Cínico!, falseando la realidad no se avanza. ¡Miente!, genera alarma a la sociedad y estigmatiza al prisionero político que con 83 años de edad enfrenta aislamiento hace 25 años en el Penal Militar de la Base Naval del Callao, ilegal, inconstitucional e inhumano, todo lo que Milko Ruiz avala violando leyes peruanas e internacionales. Estos son los abogados del Estado, chulillos de la ultraderecha, ciegos de su ultraderechismo, ¿de qué terrorismo hablan si la guerra popular ya terminó hace 25 años?
Aquí, hoy con gran desfachatez y actuando como fiscal, el Procurador presiona y amenaza a los jueces del Poder Judicial para que actúen ilegalmente aceptando como “verdaderas” las falsas pruebas fabricadas por la policía y las compradas declaraciones de sus “colaboradores”, pues, en caso contrario, los amenaza con que acabarían como la Sala F del caso “Perseo”, que por ser garantista fue destituida. ¡Presión evidente!
Cínicamente afirma que el “Estado no persigue a nadie, el Estado busca justicia y que los responsables por hechos delictivos sean sancionados”, llegando a mentir al decir que el caso Tarata nunca fue juzgado, para justificar la farsa de juicio contra los dirigentes del PCP para escarnio y desprestigio e impedir la libertad de quienes ya cumplieron su pena, buscando sorprender al pueblo con sus falacias.
Carente de argumentos, mostrando la ceguera política de las clases explotadoras en el Perú, llega a negar que haya un problema político a resolver en el país al decir que “debe quedar claro que no estamos ante un asunto político sino ante delitos cometidos por organizaciones terroristas”, para negar la condición de presos políticos a los revolucionarios y comunistas que lucharon y luchan contra la opresión capitalista, a los que imputa de “terroristas” para aislarlos de la sociedad, contraviniendo abiertamente las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, que dice “que como principio en perjuicios principalmente de …opinión política… Por el contrario, importa respetar las creencias… y los preceptos morales del grupo al que pertenece el recluso”. Y también, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las personas Privadas de Libertad de las Américas, de la CIDH que en el Principio II señala: “…Bajo ninguna circunstancia se discriminará a las personas privadas de libertad por motivos de…opiniones políticas…”
Finalmente, al referirse al pago de la reparación civil, el pez muere por su propia boca. Si anteriormente dijo: “Lo que se busca es plantear una medida ejemplarizadora, más allá de la capacidad adquisitiva del imputado”, hoy cínicamente confirma el uso del pago de reparación civil como instrumento de persecución contra los prisioneros políticos y ex prisioneros políticos extendido a sus familiares al señalar que “de inmediato y por la voluntad propia proceden a pagar sus deudas”, siendo la amenaza y el chantaje la práctica cotidiana que caracteriza a la Procuraduría antiterrorista.
De esta manera, el Estado peruano responde públicamente a través de su Procuraduría a la justa y correcta demanda por persecución política ante la CIDH.
¡Es una posición ultraderechista! ¡Ciega! ¡Reaccionaria!
¡Al servicio de la política de Bush ayer y de Trump hoy!
¡El PCP no está ya en guerra!
¡La guerra popular terminó hace 25 años!
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¡La guerra popular terminó hace 25 años!