A 33 AÑOS DE LA MATANZA DE PERIODISTAS EN UCHURACCAY


Hace 33 años, el 26 de enero de 1983, el mundo se conmocionó con la matanza de 8 periodistas y un guía en la lejana comunidad de Uchuraccay, en Ayacucho. Zona muy pobre, donde el Estado nunca llegó, fue usada por las Fuerzas Armadas, específicamente por la Marina, como parte de su política genocida para enfrentar la guerra revolucionaria que se desarrollaba en el país y azuzando a un sector de campesinos de Uchuraccay maquinaron y ejecutaron la matanza de los periodistas.

El año 82 la Policía Nacional fue derrotada en forma humillante por las nacientes guerrillas que ganaban rápidamente el apoyo popular. Ante ese avance, el gobierno de Belaúnde a fines del 82 decreta el ingreso de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Aviación) para enfrentar la pujante guerra popular. Desde un inicio las Fuerzas Armadas desenvolvieron una política genocida de quemar todo, robar todo y matar a todos, acción que se centró en Ayacucho y que la prensa democrática fue investigando y denunciando.

En Huaychao, el 23 de enero, un sector retrógrado de la población promovido por la Policía y el Ejército, emboscó y asesinó a 7 jóvenes guerrilleros campesinos, hecho que fue saludado por el propio Presidente Belaúnde. Ese hecho, parte de varias matanzas que habían empezado a desatarse, fue lo que los periodistas decidieron investigar pues muchos sospechaban que la Fuerzas Armadas estaban tras esos asesinatos.

Ya es conocido lo que pasó. En su camino a Huaychao, fueron detenidos y asesinados los 8 periodistas y su guía acusados por un grupo de comuneros de ser “terroristas”, tal como les habían dicho los militares: “matar a todo extraño pues son terroristas”. Acusar a los campesinos de esa masacre como hacen algunos, es exculpar de la matanza a los marinos que fueron los que instruyeron, estimularon y se infiltraron en la población. Recordar que el término “terrorismo” fue impuesto por el imperialismo para denigrar toda lucha que se oponga al sistema capitalista.

 


A 33 años de esos trágicos sucesos, el odio y la venganza siguen latentes en un importante sector de la sociedad azuzada por la derecha reaccionaria que acusa a los subversivos de ser los causantes de todos los males y como tal deben ser proscritos y apartados de la vida social del Perú. Posición necia, contraria a la necesidad de avanzar en la reconciliación nacional como por ejemplo se está dando en Colombia y se ha dado en muchos países de nuestra América que han pasado por conflictos armados.

En la revista Ideele de diciembre del 2015, en un interesante artículo que trata sobre la reconciliación se dice:
“La reconciliación tampoco es sinónimo de impunidad, ni de desconocimiento de la verdad, ni mucho menos de injusticia… La reconciliación requiere entonces, contrarrestar la sospecha, la desconfianza, la violencia y propender por una sociedad en la cual primen la tolerancia, el respeto y los derechos humanos… la clave para cualquier proceso de reconciliación radica en “humanizar” al “otro”. Es decir, dejar de pensar que ese “otro” supone una amenaza para mi identidad y romper con el imaginario de una disputa entre los buenos y los malos… la memoria contribuye a la reconciliación, … sin memoria de las injusticias no hay justicia posible… la memoria no hace parte de la decoración, es una exigencia de justicia.”

La matanza en Uchuraccay es una muestra de cómo se desenvolvió la guerra interna y evidencia la necesidad de una Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional frente a los problemas derivados de la guerra, cerrando un capítulo de nuestra historia y dando futuro a todos los peruanos respetando la libertad de pensamiento. Y si la memoria sirve a la reconciliación, es necesario también rescatar la memoria histórica de los protagonistas de la guerra revolucionaria desenvuelta entre 1980 y 1992.

Sin embargo, en el Perú de hoy, se inventan nuevos juicios de hechos prescritos para impedir la libertad de quienes habiendo participado en tanto dirigentes en el conflicto ya cumplieron sus 25 años de pena y en las peores condiciones de la ejecución penal (casos de los compañeros Osmán Morote Barrionuevo, Margot Liendo Gil y Victoria Trujillo Agurto). Y más aún, prosigue el aislamiento absoluto del Dr. Abimael Guzmán Reinoso, prisionero político de 81 años, por más de 23 años en el Penal Militar de la Base Naval del Callao. Dicho Penal debe ser cerrado y quienes cumplieron su pena deben ser liberados.

Los cerca de 300 prisioneros políticos con más de 23 años de prisión, más de 11,000 desaparecidos, 30,000 requisitoriados, decenas de miles de torturados, violados, expatriados, revelan que son problemas no resueltos de la guerra, aun cuando han pasado 35 años del inicio de los hechos y 23 del término.

Que la memoria de lo sucedido en Uchuraccay sirva a comprender que la política de odio, venganza, represión es antihistórica y no sirve a la democratización ni al desarrollo de la sociedad peruana.

Comité Nacional de Prisioneros Políticos del Perú

Enero 2016







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