Moción ante la 5ª Asamblea Internacional de la ILPS




MOCIÓN: ¡PARA LOS PRISIONEROS POLÍTICOS DEL PERÚ LA LIBERTAD ES UN DERECHO!

TEMA 3. Ante la QUINTA ASAMBLEA INTERNACIONAL DE LA ILPS:


“Por un Mundo Socialmente Justo, Intensificar la Lucha Popular y Solidaridad Contra el Saqueo imperialista, la Crisis y la Guerra!”

I. CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL

En el mundo se vive la más grave y extensa crisis del sistema capitalista, que aún no termina, su recuperación es lenta y larga; derivado de esta, las contradicciones interimperialistas se intensifican y se configuran hasta el momento tres frentes de guerra: el frente de Medio Oriente, el más candente; en Europa, el problema de Ucrania no resuelto aún; y el frente de Asia, el principal en perspectiva. ¿Cómo podrían acabar la crisis? Recordando que la crisis del 29 del siglo XX la resolvieron finalmente en la II Guerra Mundial, con la cual se concretó un nuevo reparto del mundo, nos preguntamos si no estaremos en un panorama similar hoy, al ver la intensificación de las acciones armadas, de las relaciones diplomáticas y de los replanteamientos estratégicos actuales, donde cabría mencionar el último incidente entre EEUU y China en el Mar del Sur.

En América Latina, Cuba ha sido objeto de disputa entre Rusia y EEUU, y mientras una potencia reabre su Base militar, la otra restablece relaciones luego de décadas de ruptura, para recuperar su imagen en la región; el viaje del Papa consolidó estas relaciones. Colombia por su parte logra significativo avance luego de 3 años de conversaciones con las FARC y el Pdte. Santos anuncia la suscripción de un Acuerdo de Paz para marzo próximo, vía referéndum, sellando un acuerdo tras un enfrentamiento armado de medio siglo; muestra evidente de una reconciliación con amnistías e incorporación de los armados a la vía política y sin judicializar el tema están aplicando la “justicia transicional”. Este proceso es un ejemplo de cómo es factible lograr un entendimiento entre dos partes enfrentadas, en una misma nación. ¡Cuán certeras son las palabas del Pdte. Mao Tsetung acerca de concesiones mutuas y reivindicaciones justas!

En el Perú, lamentablemente no se ha llegado a ningún entendimiento entre las partes, aun cuando el Partido Comunista del Perú lo propuso desde 1992 cuando fueran capturados sus más altos dirigentes. La guerra popular desenvuelta entre 1980 y 1992 fue una guerra marxista-leninista-maoísta, pensamiento Gonzalo dirigida por el PCP, que construyó el Ejército Guerrillero Popular y el Nuevo Poder como comités populares que constituían la República Popular de Nueva Democracia en formación: se golpeó como nunca antes las bases semifeudales de explotación, arrasando las relaciones feudales expresadas en gamonalismo, servidumbre y latifundio. También se golpeó al imperialismo hasta convertirse en un problema de seguridad para la superpotencia hegemónica de los EEUU, el enemigo principal de ese momento; y se golpeó también al capitalismo burocrático, tipo de capitalismo desarrollado en una sociedad con subsistentes bases semifeudales y semicoloniales. El golpear a estas 3 montañas que pesaban sobre el pueblo permitió la incorporación masiva de este así como el desarrollo de su conciencia política, base de masas que bajo dirección del PCP inició y desarrolló la guerra hasta llevarla al Equilibrio Estratégico.

Producido el descabezamiento de su Dirección, el PCP acordó pasar de lucha política con armas a lucha política sin armas, apuntando a resolver los problemas pendientes de la guerra, entre ellos el de la libertad de sus prisioneros políticos. Durante 23 años viene sosteniendo la importante consigna de ¡Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional! Como concreción de una solución negociada entre las partes beligerantes. No obstante, la política del Estado durante todos sus gobiernos hasta hoy, ha sido la de rechazar este planteamiento y aplicar la ley del vencedor: ¡Ay del vencido!

Así el Estado se ha venido empeñando en una “solución represiva, antidemocrática y excluyente, montando campañas contrarrevolucionarias sistemáticas, agravando la situación de los prisioneros y negando el derecho de los liberados a reincorporarse a la sociedad.

¿Por qué se persigue a los revolucionarios 35 años después del inicio de la guerra y 23 años después de su término? Porque se usa el adjetivo de “terrorismo” para criminalizar la protesta popular, y principalmente para no permitir que los marxista-leninista-maoístas, comunistas o no, expresen sus ideas o participen en la lucha política y evitar que puedan dirigirla y desarrollarla. Es que su interés específico como clase es mantener la explotación capitalista de la sociedad, continuando el neoliberalismo y con un plan de nueva acumulación originaria que despoja a los campesinos de sus tierras, y a los artesanos de sus medios de producción, aprovechándose del vacío dejado por el arrasamiento de la semifeudalidad en la guerra revolucionaria; entregándole así al imperialismo nuestros recursos naturales a través de las concesiones mineras impuestas que abarcan tres cuartas partes del país, así como los recursos energéticos y de la agroexportación; hundiendo a la clase y el pueblo en una redoblada explotación y agravada represión. De esta manera, los índices de desigualdad separan más a los poseedores de los medios de producción de las desposeídas masas populares, y la economía peruana se bate en una desaceleración con perspectiva de recesión, sumándose a la recesión en marcha de toda la región, zona de influencia que el imperialismo norteamericano busca garantizar en su contienda particularmente con China.

Específicamente en la coyuntura electoral peruana, campean la derecha y la ultraderecha, y la izquierda es tan débil que carece de perspectiva inmediata. Por su parte el pueblo desenvuelve sus luchas masivas y de pueblos, expresando la contradicción: pueblo-capitalismo y desenmascara cada vez más al Estado y la reacción. En este contexto y dado el avance del camino del pueblo y de las posiciones proletarias en su lucha por la participación política, el Estado ha desatado una persecución con agravamiento de las condiciones carcelarias y negación de la reincorporación del penado a la sociedad, emitiendo un paquete de leyes específicamente contra los prisioneros políticos del Perú, negándole su derecho a la libertad; evidenciando el carácter antidemocrático del Estado y haciendo de su democracia una farsa impuesta por la fuerza.

II. PROCESO HISTÓRICO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PRISIONEROS POLITICOS DEL PERÚ

Desde 1980 la guerra revolucionaria del Perú enfrentó una guerra contrarevolucionaria signada por la política genocida del Estado peruano. Las organizaciones internacionales condenaron en reiteradas ocasiones esta política contrasubversiva; durante el gobierno del Pdte. Belaúnde, en 1984, Amnistía Internacional, por ejemplo, condenó la acción de las Fuerzas Armadas por violar los derechos humanos, pronunciamiento de este organismo que el Presidente peruano rompió y echó al tacho de basura públicamente; durante el gobierno aprista de Alan García, los organismos internacionales ordenaron las masacres en los penales del Callao, Lurigancho y El frontón, donde en un solo día las fuerzas del orden asesinaron a casi 300 prisioneros políticos; y extendieron además su condena contra las masacres campesinas, bombardeo y desaparición de pueblos de las serranías del Perú; durante la dictadura fujimorista, el Estado se retiró de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para continuar aplicando impunemente su genocidio en campo y ciudad. Y, por tres años consecutivos el Perú fue calificado por las NNUU como el principal violador de los DDHH en el mundo.

La prensa fue sometida por las fuerzas armadas a no declarar nada sobre la realidad de los hechos y a que solo difundan los partes de guerra emitidos por ellas.

El poder político abdicó mansamente del gobierno sometiéndose a los comandos político-militares que gobernaron el Perú en el ámbito de la guerra; las tres cuartas partes del país.

Como parte de toda esta política del Estado se implantó una legislación antisubversiva llamada por orden del imperialismo norteamericano: “legislación antiterrorista”, usando la ley como arma de guerra contrasubversiva y no como “justicia”. Esta legislación violó las Cartas internacionales suscritas por el Perú respecto a los derechos de los prisioneros políticos y se sustentó en el criterio de priorizar la “seguridad de la sociedad” por encima de los derechos de la persona, adoptando además el carácter de Derecho Penal del Enemigo, que centra no en los hechos supuestamente delictivos sino en la peligrosidad de la persona, reducida a “cosa”, adelantándose a punir la posibilidad de un hecho a ejecutarse en el futuro, y sin ningún tipo de garantías para la persona. Legislación desprendida de la política imperialista de imputar “terrorismo” a la revolución y “terroristas” a los revolucionarios, con el propósito de desprestigiar la revolución y a los revolucionarios, así como separarlos de las masas.

Las detenciones comenzaron en 1980, con torturas y violaciones por la Policía y condenas infrahumanas. Según la Defensoría del Pueblo, desde 1980 al 90, fueron 23,000 los detenidos, del 90 al 2,000, hubo10,000: y en el 2,000 quedaron 3,000, de los cuales la inmensa mayoría salió por la lucha política y legal de los revolucionarios dentro del país; quedando hoy alrededor de 300 prisioneros políticos de esa época con condenas de 25, 30, 35 años y siete con cadena perpetua, 5 de ellos mujeres.

La situación actual de los 300 prisioneros políticos es de una regresión impuesta nuevamente, luego de haber progresionado en su régimen penitenciario. El sistema penitenciario en el Perú se basa en el principio de la progresión en el tratamiento de los detenidos, hasta su completa reincorporación a la sociedad. Sin embargo, en el caso de los prisioneros políticos, durante más de dos décadas de reclusión, a pesar de haber cumplido las etapas de su progresión en el tratamiento, una y otra vez han aparecido nuevas leyes o medidas represivas para regresionarlos arbitrariamente a una condición de mayor restricción y pérdida de derechos. Así ocurrió desde 1992, luego el 2003, el 2009, y nuevamente ocurre hoy. ¿En qué consiste esta regresión y pérdida de derechos? Se niega la redención de la pena por el estudio y el trabajo, se niega el beneficio de liberación condicional, se regresa al aislamiento absoluto para los dirigentes, se niega la visita íntima y los encuentros familiares interpenales, se retira la visita de amigos.

Además de la regresión, para quienes fueron dirigentes, se inventa nuevos hechos para nuevos procesos judiciales, habiendo cumplido sus 25 años de sentencia, caso de Osmán Morote Barrionuevo, de 70 años de edad, Margot Liendo Gil, de 66 años de edad; y Victoria Trujillo Agurto, con 53 años de edad. Los tres sobrevivientes del genocidio del Penal de Castro Castro en mayo de 1992, donde el Estado asesinó a 42 prisioneros políticos. Y lo más grave es que este impedimento de la libertad pretenden extenderlo a todos los prisioneros que el Estado y la reacción consideren “peligrosos”.

Desde 1992 los prisioneros políticos vienen interponiendo demandas en el sistema interamericano, que coadyuven a su libertad. El Estado por su parte, a sus campañas de persecución política, agrega maniobras estigmatizadoras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra los revolucionarios, para deslegitimar estas justas demandas ante la violación del debido proceso y la negación de sus derechos, amenazando incluso con un posible retiro de esta Corte internacional.

Las recientes últimas medida contemplan la introducción del delito de “Conspiración” política, dentro de la ley antiterrorista (Decreto Legislativo 1232); la modificatoria del Código de Ejecución Penal (Decreto Legislativo 1239); lo que se suma a las modificaciones de la ley electoral que prohíben la participación en la vida política a los sentenciados por terrorismo en libertad que no hubieran pagado su “reparación civil”, de por sí impagable por exorbitante, la negación del derecho al trabajo dentro o fuera del Estado, es decir: la llamada ”muerte civil”.

A los liberados además se les aplica seguimiento sistemático y, aunque se les impide trabajar, se les sigue cobrando la reparación civil, llegando a embargar bienes de familiares o de personas con quienes viven. Se les niega el derecho a la libertad de opinión y de organización, e incluso tanto a ellos como a los prisioneros se les impide la producción intelectual y artística.

Sumadas todas estas leyes y arbitrariedades, implican una proscripción discriminatoria contra un grupo de peruanos que en el pasado se rebelaron contra el orden opresor y explotador, que ya fueron sentenciados y ya cumplieron sus condenas, convirtiendo la venganza eterna en ley.

Nos merece particular atención el caso del Dr. Abimael Guzmán Reinoso, a quien desde hace 23 años lo mantienen aislado e incomunicado en una base militar, como es el “Penal Militar de la Base Naval del Callao”, sin considerar su condición de civil, sus 81 años de edad, ni sus problemas de salud (Psoriasis artropática e hipertensión arterial), prohibiéndoles todo tipo de visitas y restringiéndole la única visita familiar con su esposa a una vez al año. Tanto esa visita como la asistencia de sus abogados, son sometidas a control del personal militar, grabación y filmación. Tampoco le permiten la comunicación telefónica y someten a censura total las cartas con su esposa y cuanto documento legal le proporcionen sus abogados. Trato arbitrario por ilegal e inconstitucional además de inhumano, como se puede ver en el juicio abierto contra su matrimonio para anularlo y dejarlo en completo desamparo.

III. EN CONCLUSIÓN:

La crítica situación de los prisioneros políticos del Perú es prueba fehaciente de la reaccionarización creciente del Estado peruano que impone una explotación capitalista dependiente del imperialismo, con rezagos semifeudales, a través de un plan de nueva acumulación originaria agravado por las repercusiones de la crisis mundial y la recesión interna en perspectiva, esquilmando a la clase y al pueblo y sus recursos naturales. Lo que por contraparte corresponde es luchar para reconquistar los derechos de los prisioneros políticos y su libertad, como parte de los derechos del pueblo, en medio de la lucha por la democratización de la sociedad peruana.

Por todo lo planteado hasta aquí, CONVOCAMOS A QUE LA QUINTA ASAMBLEA INTERNACIONAL DE LA ILPS HAGA SUYA LA PRESENTE MOCIÓN EN MUESTRA PALMARIA DE LA SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE LOS PUEBLOS QUE CARACTERIZA A ESTA DIGNA ORGANIZACIÓN:

¡LA LIBERTAD DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS DEL PERÚ ES UN DERECHO!

¡NO A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS CONCULCADOS!

¡CIERRE DEL PENAL MILITAR DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO!


Perú, noviembre 2015.

At the 5th General Assembly of ILPS 
At the 5th General Assembly of ILPS

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