EL NUEVO JUICIO DEL CASO TARATA

En un nuevo proceso penal por el atentado en el jirón Tarata, la jueza Mercedes Cabello, del Segundo Juzgado Penal Nacional, ha determinado prisión preventiva contra el Dr. Abimael Guzmán Reinoso y otros diez prisioneros políticos y de guerra, condenados ya como dirigentes del Comité Central del Partido Comunista del Perú. Como es de conocimiento público, estos prisioneros vienen cumpliendo penas draconianas, la mayoría de ellos desde hace más de 22 años, y en las condiciones más inicuas de encarcelamiento ideadas para el aniquilamiento sistemático y sofisticado.

El nuevo juicio se ha iniciado yendo contra principios de legalidad y debido proceso, y en aplicación del Derecho Penal del enemigo, con el obvio propósito de condenar nuevamente e imponer a todos prisión por siempre. Es parte de un plan político reaccionario del gobierno de derecha de Ollanta Humala, plan enmarcado dentro de la campaña contrarrevolucionaria anticomunista que desenvuelve la reacción peruana, campaña de persecución política contra los comunistas, los marxista-leninista-maoístas, pensamiento gonzalo extendida a los verdaderos demócratas, a las luchas populares y a todo aquel que se opone al régimen. De este modo pretende tener el camino libre en la aplicación del Plan económico de nueva acumulación originaria, en beneficio de los monopolios imperialistas y las clases nativas dominantes, no del pueblo, puesto que el mentado crecimiento económico del actual sistema capitalista -dependiente del imperialismo y con rezagos semifeudales- se basa en la plusvalía que implica feroz esquilmación del proletariado, del pueblo, de los recursos naturales, dañando el medio ambiente y mellando la soberanía nacional.

PROCESO CARENTE DE SÓLIDOS FUNDAMENTOS

El 15 de enero, el Segundo Juzgado pretendió llevar a cabo, contra de lo establecido en el artículo 271° del Nuevo Código Procesal Penal, una audiencia sin la presencia de los imputados y sólo con la concurrencia de los abogados. Ante la férrea y justa oposición de los defensores tuvo que posponerla para el 20 de enero, aceptando llevarla a cabo “con la presencia obligatoria del Fiscal, del imputado y su defensor” como establece la Ley. En esa audiencia, el fiscal Jhonny Soto, evidenciando que ni él mismo estaba convencido de los “elementos de convicción” de su acusación, pretendió visualizar un video con las imágenes sensibles y crudas del caso Tarata, bajo el argumento de que “una imagen vale más que mil palabras”. La unánime oposición de los abogados, quienes denunciaron el protervo objetivo de estigmatizar y desprestigiar a los imputados, logró que la Jueza declarase fundado el pedido, argumentando que la audiencia era para debatir los presupuestos de prisión preventiva.

La sustentación del Ministerio Público de los elementos de convicción que ameritaran dictaminar prisión preventiva fue peregrina. El fiscal Jhonny Soto sostuvo que los miembros del Comité Central del PCP “…habrían dispuesto, ordenado, el atentado con un coche bomba en el jirón Tarata-Miraflores el día 16JUL1992”, planteamiento que tendría como fundamentos “la versión de Juanito Orozco Barrientos” quien habría manifestado ante la DIRCOTE: “para llevarse a cabo dicha acción terrorista se acuerda en la ‘Dirección’ realizar un ‘coche bomba’ en Miraflores”, además de las declaraciones de los claves N° A 1JPEDT-B-005 y N° A 1JO55463 quienes habrían dicho que toda acción a ejecutar era informado a la Dirección Central, la que aprobaba y ordenaba su realización, por lo que consideraban que el coche bomba en Tarata fue ordenado por el Comité Central del PCP. Por su parte Oscar Alberto Ramírez Durand habría declarado en el Exp. N° 560-03, en diciembre del 2005, refiriéndose al Dr. Guzmán: “le golpearon los penales y respondió con Tarata”.

El fiscal hizo esfuerzos de prestidigitación verbal para editar las declaraciones y darles una interpretación antojadiza, obviando adrede leer las partes inconvenientes. La defensa, especialmente el Dr. Crespo, develó el fraude. De Juanito Orozco Barrientos probó que en el Expediente está clarísimo que al decir “Dirección” no se refiere al Comité Central, sino a su responsable Carlos Mora, y que la decisión para dicha acción provino del Comité Zonal Centro de Lima, como la propia DIRCOTE lo estableció. 

La versión de los testigos con clave fue desenmascarada probando que fue fabricada por la policía política y usada para armar patrañas como “pruebas”, con el propósito de condenar a los imputados. Como es de público conocimiento, esos embelecos fueron develados por un hackeo al Ministerio del Interior, donde se constata que un “colaborador eficaz” había declarado que los abogados Manuel Fajardo y Alfredo Crespo se habían reunido con Artemio el 14 de abril del 2008 para tratar la conformación del Movadef, donde además habrían recibido 100 mil soles. La falsedad de esos “testimonios” quedó patentizada por el mismo hackeo, porque aparece un oficio firmado por el Capitán de navío Manuel Bulnes Torres, Jefe del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, dirigido al Presidente del INPE, donde le informa que el 14 de abril del 2008, el Dr. Alfredo Crespo se encontraba en la Base Naval. Además, el Movadef en esa fecha aún no existía: recién fue fundada 19 meses después, en noviembre del 2009. 

En cuanto al imputado Oscar Alberto Ramírez Durand, el fiscal sencillamente no leyó las partes no favorables de las declaraciones. A folios 954/957 del Exp. 346-2013, su fecha 02 de febrero del 2007, Ramírez Durand dice: “si bien es cierto integró el comité central del PCP-SL, la última reunión a la que asistió fue en el mes de marzo del 92, para luego desplazarse a su zona de responsabilidad (Comité Zonal de Ayacucho), desconociendo de dicho atentado en cuanto a su aprobación previa o balance del mismo… si bien manifestó en una audiencia del expediente 560-03, que el atentado de Tarata era una respuesta a lo ocurrido en los penales, ello lo hizo como una apreciación suponiendo que era Sendero quien lo realizó, pero en honor a la verdad no le consta porque no tuvo pleno conocimiento de dicha acción, ni los pormenores de la misma” (págs. 36/37 del Auto de apertura de instrucción) ¡Redondo! El imputado Ramírez Durand, a quien se le atribuye haber sido miembro del Comité Central, Comité Permanente y Buró Político del PCP, en 1992, “en honor a la verdad” no sabía nada ni de “su aprobación previa o balance” del atentado de Tarata, por la razón simple de que la última reunión del Comité Central a la que asistió fue en mes de marzo, y en ella el Comité Central no trató ni dispuso la acción de la calle Tarata. También se puede deducir que después de marzo del 92 no hubo otra reunión del Comité Central porque en setiembre se produjo la detención del Dr. Guzmán y otros dirigentes. ¿Cuándo, entonces, y en qué reunión del Comité Central “…habrían dispuesto, ordenado, el Atentado con un coche bomba en el jirón Tarata-Miraflores el día 16JUL1992”? Queda evidente que el Dr. Guzmán y el Comité Central no han dispuesto ni ordenado dicho atentado. Además, si el imputado Ramírez Durand, considerado el tercer más alto dirigente, “miembro del Comité Permanente” por entonces, no sabía nada al respecto, ¿cómo podrían saberlo Juanito Orozco, que era un simple combatiente, y los testigos con clave quienes dicen eran miembros del PCP pero en la zona del Huallaga? Por todo lo visto, resulta un absurdo y una infamia que en el Auto de apertura de instrucción, pág. 37, se afirme: “6.3. Asimismo en la presente investigación se ha llegado a determinar que luego de ejecutada la acción terrorista –materia de denuncia, en reunión del Comité Central se habrían encargado de hacer la evaluación y aprobación de la acción terrorista en cumplimiento a sus directivas de dar escarmiento a la población urbana…”. 

Otra perla del Ministerio Público es su burda manipulación de las declaraciones del Dr. Guzmán y la profesora Elena Yparraguirre a la denominada Comisión de la Verdad. Según la temeraria afirmación del fiscal Soto, el Dr. Guzmán habría reconocido: “Tarata, para nosotros fue un craso error”, y dice, como habla en plural, se refiere a todo el Comité Central, y eso probaría haber “dispuesto, ordenado, el atentado”. El ya citado editorial de La República se suma al artero torcimiento: “no existen dudas de la autoría intelectual de la cúpula terrorista respecto de lo ocurrido en Tarata… el propio Guzmán admitió que dieron las órdenes y calificó lo ocurrido como “un craso error”. Pero en las declaraciones de ambos altos dirigentes del PCP a dicha Comisión, a pesar que se cita apenas pedazos de frases sacadas de contexto, se comprende que lo que han afirmado es coherente y categórico: “Tarata, lo hemos dicho muchas veces, fue un error, lo hemos dicho en todos los medios. No lo hemos ordenado… Un craso error político, porque si desde noviembre de 1991 planteamos oficialmente que hay que ganar a la burguesía nacional… cómo golpear en Tarata? ¿Qué sentido tiene? Es como decir “ven” y darle un mazazo en la cabeza, no tiene ningún sentido” (Denuncia fiscal, pág. 13). “Vuelvo a reiterar que mi actividad se constriñe a la conducción ideológica y política del Partido; y que además, como se ve en la documentación públicamente difundida, y según los principios del maoísmo, sigo la norma de la centralización estratégica y de la descentralización táctica”, “refirió que no autorizó, ni tuvo conocimiento previo ni lo planificó, volviendo a señalar que su labor se constreñía a lo ideológico y político” (Auto de apertura…, pág. 45). El hecho del coche bomba en esa zona que golpea a la burguesía nacional es un craso error político, contrapuesto a los objetivos políticos del PCP y la guerra popular, un error político derivado de la orden del Comité Zonal Centro de Lima, porque las acciones militares en concreto, en aplicación de la descentralización táctica, lo decidían y cumplían los organismos partidarios de base y sus aparatos militares. No eran de la incumbencia de la alta Dirección del PCP, cuya actividad estaba centrada en sus funciones de dirección ideológica y política. Los autores directos de dicho atentado ya fueron juzgados y condenados, aunque la Dirección del PCP ha admitido públicamente que en la guerra popular que terminó en 1992 se cometieron limitaciones, errores y excesos, como ocurre inevitablemente en toda gran revolución. Es en ese entendido que el Dr. Guzmán y la profesora Elena Yparraguirre han planteado que asumen la responsabilidad política de ese proceso político como máximos dirigentes del PCP, además de anunciar durante el “Megaproceso” que el PCP hará una autocrítica pública ante el pueblo cuando las condiciones lo permitan.

En conclusión, este nuevo proceso sobre Tarata es otro juicio político de persecución política contra la Dirección del PCP. Los sólidos argumentos de hecho y derecho de la defensa han demostrado que no existen los elementos de convicción y que las pruebas esgrimidas no son tales; el proceso ha prescrito, han pasado más de 20 años desde que ocurriera; la autoría mediata no se encuentra en el Código Penal, la que existe es sólo cuando se usa a inimputables; el Artículo 3a de la Ley 25475 es para terrorismo agravado y ha sido derogado. El argumento de que existe peligro procesal, que los procesados no tienen domicilio, que hay peligro de fuga y de reincidir en atentados, es absurdo, más aún cuando todos ellos reiteran persistentemente su posición de solución política, amnistía general y reconciliación nacional. En el caso de Osmán Morote y Margot Liendo cumplieron con presentar los requisitos de domicilio y lugar de trabajo, cuando tramitaron el beneficio de libertad condicional, por lo que se les debió dar igual trato que a Moisés Límaco y Elizabeth Cárdenas de enfrentar el proceso con mandato de comparecencia, aparte de que ambos procesados ya se encontraban en prisión cuando ocurrió el hecho de Tarata. En síntesis, la jueza Mercedes Cabello declaró fundado el pedido del fiscal sin que se cumplan los tres presupuestos materiales concurrentes que habrían ameritado dictaminar mandato de prisión preventiva.

PROCESO QUE NO BENEFICIA AL PUEBLO NI AL PAÍS

El congresista Yehude Simon, declaró al diario La Primera, el 20 enero, que el nuevo juicio al Dr. Abimael Guzmán y al Comité Central del PCP, no beneficia en nada al Perú que debe, dijo, centrar su atención en los próximos días en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya: “Es un contrasentido. No tiene razón de ser pues está condenado a cadena perpetua. No entiendo por qué levantamos constantemente estos temas que traen imágenes de dolor a la población” 

Por su parte Vanessa Quiroga, una de las víctimas de la explosión en la calle Tarata, declaró a La República, el 21 de enero: "No sé para qué más juicios si las víctimas no reciben el apoyo necesario. A mí el Estado me dio una reparación de S/.10,000 y nada más. Yo no necesito ese dinero, lo que necesito es una prótesis ortopédica gratuita cada vez que la necesite y cada una cuesta como 7,000 soles". "Han pasado más de 20 años del atentado y poco me importa, pues no se avanza en nada. No entiendo para qué otro proceso. Abimael Guzmán ya tiene cadena perpetua. Qué más le van a dar”, y pidió que se imponga una adecuada reparación civil para ella y para las 150 víctimas. 

El juicio iniciado se desenvolverá en un contexto político complejo para la nación y el pueblo peruanos, que están enfrentando el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre los límites marítimos con Chile. El tan celebrado “éxito” del gobierno y la reacción, coreada por la prensa y los representantes de los partidos políticos en contubernio, no es tal. Es en realidad la continuación de la acción de esa misma llamada clase política que antaño pactó con felonía concesiones del territorio peruano, beneficiando, como obsecuentes sirvientes de las potencias imperialistas y las clases dominantes, a todos los países limítrofes. Es la prosecución del accionar de esa misma clase dirigente que, tras “acuerdos comerciales de pesca” lesivos a nuestra soberanía, aceptó y consintió durante decenios, una línea paralela que Chile controló económica y militarmente, apresando y multando a los pescadores peruanos que se atrevieron a pescar en esa zona considerando nuestro mar. Precisamente este hecho es lo que los jueces de La Haya han interpretado como “frontera tácita”, consumando un “fallo creativo” perjudicial a nuestros intereses de nación, confirmando como soberanía chilena una franja del mar peruano hasta las 80 millas, el más rico de todo el litoral. Así, pues, la amarga verdad es que una vez más la soberanía e integridad territorial han sido holladas. El actual Gobierno y la clase política lo presentan machaconamente, todos los días y por todos los medios, como un gran triunfo, que “obtuvimos 50 mil kilómetros cuadrados de mar y el 70% del área solicitada”, “hemos podido ganar la victoria de la paz”, etc., que lo importante es que ya hay frontera, no importa la que sea, y, claro, “nuestra cada vez más grande y fructífera sociedad económica”, como pregona El Comercio, y redondeando la idea agrega que “la agenda común tras el fallo debe ser el inicio de una reducción concertada del gasto militar” (02/02/2014), cuando se sabe “que la cuestión de la justicia, (...) se plantea entre los que son iguales en poder, mientras que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben” (Tucídides).

Entonces es clarísimo que iniciaron el juicio sobre Tarata para “unirse” o, mejor dicho, estar en contubernio el Gobierno, la reacción peruana, sus partidos políticos, la prensa, etc., frente al fallo de La Haya, y tener un blanco en el Comité Central del Partido Comunista del Perú. Por eso han traído nuevamente a las primeras planas el manoseado tema de la lucha contra el llamado terrorismo, como lo ha editorializado La República el 22/01/2014: “el juicio iniciado a la cúpula senderista por el criminal atentado en la calle Tarata no debe quedar inadvertido”, “Es necesario que el proceso… obtenga la mayor difusión posible”, y exige a los “órganos jurisdiccionales” a sancionar sin importar “que en algunos casos se encuentren cumpliendo cadena perpetua o condenas de larga duración”. El objetivo es, pues, desprestigiar e infamar especialmente al Dr. Guzmán y a los dirigentes del Comité Central; impedir la libertad de los que ya cumplieron largas condenas o están próximos a cumplir, perseguir a los abogados y a los familiares; asimismo, mantener permanentemente un clima de odio, venganza y persecución política; negar el carácter político de la guerra popular tildándola de “terrorismo”, ocultando las causas económicas, políticas y sociales que la engendraron, y eximir de responsabilidad al Estado. De ahí, entonces, los proyectos de ley como la del negacionismo, entre otros, que buscan negar el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y a la participación en la vida política del país, así como el derecho del pueblo a conocer la verdad histórica de lo ocurrido en los años 1980 a 1992. 

La situación política actual del país derivado del reciente fallo de La Haya pone más vigente y urgente aún la necesidad de una solución política, una amnistía general para civiles, policías y militares que posibilite un reconciliación nacional; es lo que serviría a unir verdaderamente al pueblo, a la nación y cohesionar a la sociedad peruana para servir a desarrollar la nación, defender la soberanía nacional e integridad territorial. 

Febrero 2014