¡ABAJO LA PERSECUCIÓN POLÍTICA
Y LA REPRESIÓN CONTRA LOS PRISIONEROS POLÍTICOS!
¡POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PERÚ Y EL MUNDO!
En este 4 de octubre del 2013, Día del Prisionero de Guerra, los prisioneros políticos y prisioneros de guerra del Perú nos manifestamos nuevamente rechazando la política persecutoria y represiva del Estado peruano y demandando la libertad de todos los prisioneros políticos.
El Estado peruano, como parte de la línea genocida que aplicó contra la guerra popular iniciada en 1980, detuvo a decenas de miles de personas quienes en los centros de detención fueron torturados, vejados, humillados y en el caso de las prisioneras violadas sexualmente, con el fin de obtener declaraciones inculpatorias y presentar falsos éxitos en su lucha antisubversiva.
Ya en las prisiones prosiguió esa línea genocida como se comprueba, por ejemplo, con el asesinato de 35 prisioneros en Lurigancho el 4 de octubre de 1985, el asesinato a mansalva de casi 300 prisioneros políticos el 19 de junio de 1986 en El Frontón, Lurigancho y El Callao, el asesinato de 42 prisioneros políticos, entre ellos 11 mujeres el 9 de junio de 1992 en el Penal Castro Castro.
Luego aplicó una política de aislamiento y aniquilamiento sistemático pretendiendo convertirnos en subhumanos, aplicando penas y multas exorbitantes con jueces sin rostro en juicios sumarios. A los dirigentes Abimael Guzmán Reinoso y Elena Iparraguirre Revoredo se los confinó en la Base Militar del Callao con aislamiento absoluto y negación completa de derechos; y a miles de prisioneros se aisló, dispersó y confinó alejados de sus familiares en lugares inhóspitos como las prisiones de Yanamayo y Challapalca. Fue un sistema penitenciario condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo calificó de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En el año 2003, por la lucha de prisioneros y familiares, mediante un proceso de inconstitucionalidad, se consiguió nuevos juicios para todos los prisioneros políticos obteniendo libertades para la mayoría y restituyéndose los beneficios penitenciarios.
Posteriormente, el Estado peruano prosiguiendo una política represiva contra los prisioneros políticos y prisioneros de guerra con el objetivo de mantenernos en prisión por siempre ha vuelto a negar los beneficios penitenciarios, exigir el pago íntegro de exorbitantes reparaciones civiles y perseguir por siempre a los excarcelados políticos impidiéndoles hasta el derecho al trabajo. Más aún, para impedir la libertad por pena cumplida, están abriendo nuevos juicios después de casi 30 años de sucedidos los hechos como es el caso de los prisioneros Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo Gil, a los que se niega su libertad pese a haber cumplido su pena efectiva de 25 años de carcelería.
A esto agreguemos que 7 prisioneros políticos están condenados a cadena perpetua, lo que constituye un tratamiento de tortura y es contrario al principio constitucional del régimen penitenciario que tiene como objeto la reeducación, resocialización y reincorporación del penado a la sociedad. La cadena perpetua es contraria a los principios de dignidad de la persona y de libertad, anula la esperanza de lograr la libertad, condena al ser humano hasta su muerte a vivir en una prisión negándole su proyecto de vida. Lo convierte en un objeto, en una cosa cuyo desechamiento se hace en vida. La cadena perpetua debe ser anulada para todo ser humano.
En cuanto al llamado Régimen Cerrado Especial que se aplica desde el 2004 en el Penal de Piedras Gordas, es un régimen represivo, cruel e inhumano que mantiene al prisionero 12 horas al día en encierro celular, con solo 2 horas de patio, aislado del resto de la población penal y de la sociedad pues se le restringe la visita a solo familiares directos y se le limita el acceso al estudio y trabajo. Este régimen también se restableció en octubre del 2012 en el Penal de Mujeres de Chorrillos contra prisioneras políticas y comunes generando desequilibrio psíquico y emocional y llevando al suicidio a una joven prisionera española y al intento de suicidio de otras internas. Este Régimen es usado como instrumento de persecución política y represión particularmente contra la compañera Elena Iparraguirre Revoredo por estrictas razones políticas, porque mantiene sus convicciones ideológico-políticas y por hacer uso del derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión. El Régimen Cerrado Especial es un régimen de tortura violatorio de tratados internacionales, de las Reglas Mínimas de Tratamiento de los Reclusos (de la ONU) y no debe existir para ningún prisionero.
Denunciamos y rechazamos que las recomendaciones dadas por el Sub Comité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas hayan sido desoídas y por el contrario el Estado peruano haya creado nuevos tipos penales, incrementado penas, convertido las faltas en delitos, negado beneficios penitenciarios dejando al 72 % de la población penal sin posibilidad de beneficios, lo que es violatorio del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En cuanto a las condiciones de salud, la situación se agrava más en el caso de los prisioneros políticos debido a más de dos décadas de reclusión efectiva y por su edad avanzada. Es el caso de la prisionera política Margi Clavo Peralta quien padece cáncer y el Estado peruano se ha desentendido absolutamente de su atención médica.
Todo esto es parte de la política persecutoria y represiva del Estado peruano que prosigue aplicando una legislación antisubversiva que no corresponde a la situación actual pues la guerra en el Perú terminó en 1992 y, como lo planteó el Dr. Abimael Guzmán Reinoso, desde esa fecha bregamos por una solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Condenamos con indignación esta persecución política y mayor represión contra los prisioneros políticos, negándonos la libertad solo por el hecho de mantener nuestras convicciones ideológicas de marxista-leninista-maoístas, pensamiento gonzalo. Muy en especial exigimos el cese del aislamiento e incomunicación del Dr. Abimael Guzmán Reinoso, Presidente Gonzalo, próximo a cumplir 79 años de edad, inclaudicable en sus convicciones comunistas y ejemplo de dar la vida por la revolución. Demandamos al Estado cumpla con la atención que garantice su vida y salud y reiteramos nuestro compromiso de luchar por su libertad y la de todos los prisioneros políticos del Perú y el mundo.
4 de octubre del 2013
Comité Nacional de Prisioneros Políticos del Perú