Carta de Victor Zavala Cataño al sub-comité para la prevención de la tortura de la ONU

AL SUBCOMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA DE LAS NACIONES UNIDAS, POR OCASIÓN DE SU PRIMERA MISIÓN OFICIAL AL PERÚ

ATT: DOCTORA JUDITH SALGADO ÁLVAREZ, ENCARGADA PARA EL PERÚ

Yo, VÍCTOR ZAVALA CATAÑO, con 81 años de edad, con Documento Nacional De Identidad Nº 08108157; prisionero político del Partido Comunista de Perú, sentenciado a 25 años de prisión por el llamado delito de terrorismo, recluido actualmente en el Penal “Miguel Castro Castro”, pabellón 2 A, Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima-Perú, me dirijo a ustedes muy respetuoso y atentamente para denunciar, apelando a lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, las condiciones carcelarias violatorias de mis derechos fundamentales, que me ha impuesto el Estado peruano como parte de su política represiva contra los prisioneros políticos a quienes nos tilda de “terroristas” y trata como “no personas” aplicándonos el derecho penal del enemigo.

Fui detenido en dos ocasiones por la policía política del Estado peruano, llamada DINCOTE. La primera vez el 5 de mayo de 1987, sin orden judicial ni requisitoria alguna, permaneciendo recluido durante diez meses ilegalmente, y la segunda vez, el 22 de junio de 1991, siendo recluido en el Penal “Castro Castro”, donde he sido víctima y uno de los sobrevivientes del alevoso asalto genocida perpetrado por la dictadura fujimorista los días 6, 7, 8 y 9 de mayo de 1992, como parte de la política genocida del Estado peruano contra la guerra popular y el pueblo. En esa ocasión, por directivas de la dictadura fujimorista, me buscaron para ejecutarme extrajudicialmente como lo hicieron con muchos de los 50 prisioneros vilmente asesinados, salvándome solo por azar al no haber sido reconocido por los verdugos ejecutores. Sobre este caso existe una Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso “Canto Grande 92”) que responsabiliza al Estado peruano, la que hasta hoy se rehúsa a cumplir perjudicando a más de 500 prisioneros o ex-prisioneros políticos y sus familiares.

El 5 de junio 1992 me trasladan al penal de Yanamayo en Puno, concebido como prisión de tortura, ubicado a más de 3800 metros de altura, sometido a un monstruoso régimen carcelario buscando reducirme a la condición de subhumano, privándome de toda relación social, aislándome especialmente de mis familiares para mantenerme en indefensión. En 1996 soy condenado por jueces “sin rostro” a 20 años de pena privativa de libertad.

En octubre de 1993 el entonces presidente de la República Alberto Fujimori hizo pública ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una carta suscrita por el doctor Abimael Guzmán y la profesora Elena Iparraguirre, los más altos dirigentes del Partido Comunista del Perú, solicitando conversaciones que conduzcan a terminar la guerra popular iniciada en 1980 a través de un Acuerdo de Paz. Se desenvolvió una Ronda de conversaciones entre el Estado peruano y el Partido Comunista del Perú que no logró plasmar el Acuerdo de Paz, entre otras razones por el triunfalismo del Estado peruano que optó por una solución represiva. Pero los prisioneros políticos del Partido Comunista del Perú comprendiendo que la paz había devenido en una necesidad del pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto apoyamos resueltamente la solución política propuesta por el doctor Abimael Guzmán y desde entonces persistimos en ella buscando una Amnistía General para civiles policías y militares, que conduzca a la necesaria Reconciliación Nacional sin odios, venganzas, rencores ni persecuciones contra nadie.

Pero a pesar de que la guerra terminó hace 20 años sigue existiendo una legislación antiterrorista en lo procedimental, penal y ejecución penal violatoria de la Constitución y el derecho internacional que se usa como arma de guerra contrasubversiva y que se sigue fortaleciendo y cuya columna es el Decreto Supremo 25475 de la dictadura fujimorista.

Bajo este marco legal antiterrorista es que en el año 2006 me incluyen en el llamado Megaproceso con el objetivo de impedir mi libertad y me juzgan por los mismos hechos por los que ya tenía la sentencia de 20 años arriba citada, violando así el principio de cosa juzgada, y esta vez me impusieron la draconiana pena de 25 años, a pesar que ya tenía 74 años de edad. En general, se dictaron sentencias políticas de escarmiento contra los revolucionarios marxista-leninista-maoístas, pensamiento gonzalo. El año 2009 me correspondía tramitar beneficio de liberación condicional acorde al DL 927 al cumplir las ¾ partes de esta nueva pena de 25 años, pero el gobierno de Alan García primero impuso el requisito de el pago íntegro de la reparación civil, (la impagable suma de 3,800 millones de soles en mi caso) y en octubre de 2009 anuló sin más todo beneficio para casos de terrorismo sin motivación alguna pues no hay guerra desde 1993 y no existe ningún caso de de alguien puesto en libertad que haya reincidido. En el actual gobierno se ha seguido fortaleciendo la legislación y se ha creado una ley que impide a los que hayan cumplido sentencia por terrorismo trabajar en cualquier institución educativa, y hay dos proyectos de ley que persiguen las ideas una la del “negacionismo” y otra que pretende perseguir de por vida en prisión y fuera de ella a quien haya sido procesado o sentenciado por “terrorismo”.

Encima el Procurador del Estado hostiga a nuestros familiares y excarcelados tras el cobro de las reparaciones civiles llegando al colmo de embargar enseres personales elementales al doctor Alfredo Crespo. 

Actualmente cuento con 81 años y continúo en prisión, sin derecho a ningún beneficio; debo salir en teoría en el 2016, si no me inventan otros procesos, como el reciente caso Soras, un plan político reaccionario para impedir la libertad de quienes han cumplido condena.

En los largos años de carcelería, el Estado peruano nos ha tratado a los prisioneros políticos y de guerra del Perú como no personas, con discriminación y un particular ensañamiento por razones de nuestra ideología y militancia política, imponiéndonos durísimas condiciones de aislamiento, incomunicación e inhabilitación, hasta el año 2000, política reaccionaria de aniquilamiento sistemático y sofisticado, y hasta la actualidad, con sistemática restricción y negación de nuestros derechos, en aplicación del Derecho penal del enemigo, situación compleja que ha venido mellando nuestra salud física y mental.

Muchos prisioneros han muerto en abandono y sin atención por enfermedades como cáncer, entre otras. En mi caso particular, estando en el penal de Yanamayo, Puno, en 1994, me operaron de cálculos en la vesícula biliar. Debido a que antes y luego de la operación me dejaron en el pasadizo sobre la camilla por horas, sin abrigo alguno, donde el clima es 5° bajo cero, a los tres días me atacó una bronconeumonía obviamente provocada, dejándome graves secuelas hasta hoy. En 1996 me trasladan al penal “Castro Castro” en Lima, donde debido a graves dolores estomacales crónicos me operan y descubren que esos dolores correspondían a una eventración derivada de habérseme dejado sin coser zonas de la operación a la vesícula biliar, ¿simple olvido?.

Posteriormente se me ha ido presentando y agravando diversas dolencias a la próstata, microderrames en la cabeza con parálisis facial y pérdida degenerativa de visión. Luego de años de engorrosas gestiones y tanto batallar ante la indolencia de las autoridades penitenciarias, que simplemente no me sacan para mis atenciones oportunamente, pese a contar con seguro de salud, conseguí me hicieran diversas operaciones a la vista, a la próstata, en junio del 2012, después de diez años de haberme detectado prostatitis aguda. En el 2008 me descubren una enfermedad en el colon: diverticulosis, con un pólipo grande que obstruye el tránsito excretal, desde entonces estoy esperando ser operado. Últimamente he perdido más de diez kilos de peso y mis defensas han bajado enormemente, en consecuencia sufriendo constantes enfermedades virales y alérgicas.

Siendo el Subcomité para la Prevención de la Tortura uno de los órganos claves del sistema internacional de prevención de la tortura y teniendo previsto Durante sus misiones a Estados partes al Protocolo visitar a los centros de privación de libertad, es de mi interés, reitero, poner en vuestro conocimiento mi situación en prisión, esperando ser favorecido con vuestra visita, como seguramente también lo esperan tantísimos presos en este y otros penales.

Deseándole éxitos en vuestra encomiable e importante misión, me despido atentísimo

02 de setiembre del 2013
Penal “Miguel Castro Castro”, Lima - Perú

VÍCTOR ZAVALA CATAÑO
DNI: 08108157
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