Pronunciamiento A la Opinión Pública


Los prisioneros políticos abajo suscritos, recluidos en el penal “Miguel Castro Castro”, ante la represión perpetrada el día 6 de octubre último contra las prisioneras políticas que se encuentran detenidas en el Penal Anexo de Chorrillos, planteamos lo siguiente:

1. Expresamos nuestro apoyo y solidaridad a las prisioneras políticas en especial a nuestra compañera Elena Iparraguirre Revoredo.

2. Denunciamos, condenamos y rechazamos el plan de regresión a peores condiciones de prisión que vuelven a aplicar contra los prisioneros políticos del Perú buscando reeditar el monstruoso sistema carcelario de la dictadura de Fujimori, empezado su aplicación en forma perversa con mujeres en el penal Anexo de Chorrillos, imponiendo con violencia, golpeando y arrastrando sin tener consideración con niños, personas de edad avanzada y hasta enfermas de gravedad. Hecho que no es sino parte de la intensificación de la persecución política por ideas del Estado peruano y actual gobierno de derecha de Ollanta Humala contra los comunistas, los marxista-leninista-maoístas, pensamiento gonzalo, los verdaderos demócratas extendida al pueblo.

3. Primero montaron toda una campaña de desprestigio contra el Dr. Abimael Guzmán y contra la profesora Elena Iparraguirre preparando condiciones para profundizar el aislamiento y la incomunicación. Al Doctor Guzmán, además, últimamente le prohíben hasta el ingreso de periódicos y revistas o si se las entregan lo hacen recortadas y tajadas en páginas completas. En ninguna ley, norma ni en su sentencia se prohíbe la lectura; y en el caso de la profesora Elena Iparraguirre profundizan su aislamiento regresionándole ilegalmente al régimen cerrado especial; situaciones ambas que condenamos demandando el término de esa política de odio y venganza que viola los más elementales derechos de la persona humana, reeditando los momentos más oscuros de la humanidad como la inquisición y el nazismo.

4. A lo anterior se suma la campaña de desprestigio contra los prisioneros políticos que llevan adelante los sectores de la ultraderecha a través de los diversos medios de información, especialmente en el periódico “Perú 21” con evidente carencia de toda objetividad y en claro afán de incitar y justificar la represión y regresión, difunde sistemática falsa información, entre otras, sobre los traslados realizados a las prisioneras políticas, justificadas por las altas autoridades del INPE con razones, una política, como represalia a las declaraciones de la profesora Elena Iparraguirre a The Economist y otra administrativa: reordenamiento por hacinamiento, llevándolas primero al penal Virgen de Fátima y luego de retorno al penal anexo de Chorrillos. “Perú 21” mal informó planteando que los traslados se dieron de manera violenta y entre gritos y amenazas a las autoridades, difundiendo para ello fotos y video de la requisa de junio 2010, actualmente en proceso judicial por abuso de autoridad, siendo lo real del traslado a Virgen de Fátima como su retorno sin incidentes. Y refiriéndose a los hechos del lunes 6 de octubre propalaron que “senderistas azuzaron motín”, cuando lo cierto es que frente a la imposición por la fuerza del Régimen Cerrado Especial en el pabellón C, internas comunes, encerradas sin permitirles circular y a quienes en forma arbitraria se las suspendió la visita sábado, domingo y el mismo lunes que anunciaron visita en los otros pabellones, situación que llevó, en su desesperación a tres señoras como se ha visto en los diversos medios, se treparan al tanque de agua gritando: ¡No al régimen!, la misma frase, según hoy se sabe, gritaron en todo el penal, recibiendo la solidaridad hasta de las internas del adyacente penal de Santa Mónica; ciertamente también las prisioneras políticas agitaron: “¡No al régimen cerrado especial! “por ilegal y arbitraria, entre ellas, las cinco compañeras nuestras encerradas y aisladas en el tercer piso del pabellón C. Por eso rechazamos la regresión en el régimen carcelario implementando en forma arbitraria e ilegal, otra vez el cruel sistema del régimen cerrado especial represivo, comenzando con internas mujeres a quienes por razones de sus ideas y convicciones políticas se las considera cosas a guardar y no personas con derechos, a quienes se las saca y se las pone en uno u otro penal, en uno u otro pabellón además con total improvisación, todo lo cual es contrario a los derechos fundamentales, pues no se puede potenciar seguridad en desmedro del tratamiento.

Los prisioneros políticos del Perú ya hemos sufrido por una década la aplicación del siniestro régimen cerrado especial, con encierro de 23 horas y media del día y solo 1/2 hora de patio, con visita únicamente de familiares directos de una vez por mes y por media hora a través de locutorios, en el caso del Dr. Guzmán hasta hoy en aislamiento perpetuo y la Profesora Elena Iparraguirre después de haber pasado 17 años en aislamiento absoluto sin talleres de estudio o trabajo; régimen inhumano que no busca la reincorporación del interno a la sociedad sino su degradación y aniquilamiento sistemático y sofisticado, régimen calificado por la CIDH como de tortura y cuya consecuencia directa solo en este penal en los últimos años son las muertes de varios prisioneros políticos por graves enfermedades como el Dr. Jorge Cartagena Vargas, Marco Abarca Rupay, Víctor Campos Bullón, Pedro Quinteros Ayllón, entre otros. Y en el curso de este gobierno, que anunció no dejaría morir a ningún preso en la cárcel, fallecieron el Dr. Luis Polo Rivera, y este 13 de octubre acaba de fallecer el dirigente de la Federación de Campesinos Cocaleros y alcalde de Monzón Iburcio Morales Baltazar, procesado producto de la criminalización de la lucha popular, esperando lamentablemente igual suerte José Pedraza Ramírez y muchos otros con enfermedades terminales, algunos con más de 20 años en prisión y hasta con 80 años de edad.

5. Esto parte de la Posición del gobierno, que convocó a “unirse contra el terrorismo” cual si fuera el problema principal del país hoy usándolo con el objetivo de contener y criminalizar la protesta popular y así aplicar sus planes, azuzados por la ultraderecha que en una campaña mediática mentirosa mezclan adrede la acción de los mercenarios del VRAE con la lucha política pacífica del Movadef. Como podemos ver en las “opiniones” falsas y siniestras de elementos como Marco Miyashiro, el almirante Montoya, John Caro o el director de Perú 21 Fritz Dubois entre otros claramente desmentidas por la realidad y por otros analistas que la registran con mayor objetividad.

6. Deslindamos clara y contundentemente con la acción del grupo mercenario antipueblo del VRAE complemento necesario de la política represiva del Estado peruano pues habiendo concluido la guerra hace 20 años y siendo que ellos no constituyen ningún peligro para El Estado les sirve para crear una realidad ficticia como pretexto para sus leyes represivas y criminalizar la lucha popular a fin de contenerla y aplicar sus planes económicos y políticos sin cuestionamiento significativo. Precisamente, hace poco el presidente Humala y su primer Ministro declararon que para combatir el llamado “terrorismo” requieren una nueva normatividad que incluyen leyes como la del “negacionismo”, “conspiración”, persecución de por vida a los excarcelados o de cómo impedir la liberación de quienes cumplan sus penas tras falso peligro para la sociedad. Preguntamos ¿Golpeando a mujeres prisioneras, aislando e incomunicando a quienes claramente han deslindado y condenado al grupo mercenario del VRAE se obtiene algún resultado en la supuesta lucha del gobierno contra “el narcotráfico y el terrorismo”?¿No es verdad que los gobiernos de turno pese a que la guerra terminó hace 20 años no solamente han mantenido un marco legal antiterrorista inconstitucional violador de las normas del Estado de Derecho como arma de guerra contrasubversiva sino que la han fortalecido y siguen legislando sobre la materia y cuál es su resultado?¿No es verdad que ese marco legal que mantienen usando de pretexto a los del VRAE sólo sirve para ensañarse contra quienes estamos prisioneros y los excarcelados que buscan reincorporarse a la vida social cotidiana y defienden su derecho a la participación política?

7. Y de todo lo dicho ¿No es claro que existe la necesidad para la sociedad peruana en su conjunto de una solución política a los problemas derivados de la guerra interna que vivió el país entre 1980 y 1992, que implique amnistía general para civiles, policías y militares de la guerra interna, única forma de llegar a la necesaria reconciliación nacional sin odios, venganzas ni persecuciones contra nadie?

Por ello nos reafirmamos una vez más en la necesidad de SOLUCIÓN POLÍTICA, AMNISTÍA GENERAL Y RECONCILIACIÓN NACIONAL.

14 de octubre 2012
Prisioneros Políticos del Penal Miguel Castro Castro.
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