CARTA A LA PRENSA DE LAS PRISIONERAS

Señores Periodistas:

En estos momentos en los que se vive un proceso de mayor reaccionarización del Estado peruano propugnado por el gobierno aprista que persigue la política neoliberal en beneficio de la gran burguesía compradora y un mayor sometimiento al imperialismo norteamericano, negando y restringiendo derechos y libertades democráticas aprovechando la debilidad del campo popular, es satisfactorio leer y escuchar voces democráticas en el desierto, voces valientes que salen a esclarecer los hechos sirviendo al proceso de democratización que la sociedad peruana necesita y demanda.

¿Cómo se expresa esta reaccionarización del Estado peruano contra el pueblo? A nuestro modo de ver, esa negación y restricción de derechos llega a niveles similares a la persecución de Sánchez Cerro, amparándose en la nefasta Constitución del 33 que perseguía a apristas y comunistas por el sólo hecho de tener voces discrepantes con la dictadura. Todos somos testigos en cuatro años de: 150 mil personas perdieron su trabajo; 70% de sub ocupación más desocupación; 130 asesinados en todas las protestas populares habidas; la persecución a los dirigentes nativos, aparte del juicio a Alberto Pizango. El apresamiento del dirigente minero en la lucha de Casapalca como muestra de los 300 dirigentes perseguidos y encarcelados según DESCO. En síntesis, una criminalización de la protesta popular; es decir, han convertido en delito todos los reclamos y protestas por los derechos y libertades democráticas. Políticas contra la cual se sigue rebelando el pueblo peruano que no tiene alma de esclavo.

¿Cómo se expresa este proceso contra los Prisioneros Políticos? Han montado una campaña contra la clase y el pueblo, dentro de la cual apuntan como blanco principal a los marxistas-leninistas-maoístas como nosotras. Han puesto como principal problema del país el tema de la subversión, que ya no es -para quien tenga comprensión de la realidad- lo que fue en los 80s, siendo palmaria realidad la derrota causada principalmente por la captura de sus más altos dirigentes entre ellos su cabeza el Doctor Guzmán; y que más de diez mil prisioneros pasaron por las cárceles del Perú, muchísimos de los cuales, siendo inocentes, fueron saliendo por la solidaridad de organizaciones religiosas prioritariamente; los que quedamos tenemos entre 17 y 22 años de prisión efectiva y un promedio de edad de casi 50 años (de 38 a 76 años); los mismos que mantienen sus convicciones ideológicas pero que están planteando una nueva estrategia política desde 1992, pasar de la lucha política con armas a la lucha política sin armas, política dentro de la cual se desenvuelven hace 18 años. ¿Esto no lo conocen? Sí, pero lo ocultan, como también ocultan que hasta la fecha nunca el Estado ha asumido su responsabilidad de la política antisubversiva de 1980 a 1992.

Ocultan que aplicaron un sistema legal como arma de guerra contrasubversiva, sistema que comprendía Ley sustantiva de excepción, ley de procedimientos de excepción, ley de ejecución penal de excepción, algo nunca visto en la historia peruana; motivo por el cual violaron el derecho a un juicio justo, regalaron sentencias de cadena perpetua, 35, 30 y 25 años, casi en forma similar a las condenas de los canallescos tribunales militares del fujimorismo.

Ocultan que la tradición del derecho penal en el Perú ha sido derecho penal garantista, liberal, y se preciaba de democrático, el mismo que vivió una regresión con Fujimori y que hoy con García Pérez vuelve a regresionar sin responder a la realidad social, sino más bien a un interés particular: el APRA teniendo rabo de paja se alió con los militares que tienen que rendir cuentas ante la justicia y no quieren hacerlo. Buscan hoy alianzas en esta coyuntura electoral que les permita liberarse de juicios futuros por corrupción o violación a los derechos humanos, tratando de limpiarse con alianzas electorales para futuros acuerdos parlamentarios en su beneficio.

Por todas estas razones se hacen concesiones mutuas entre apristas, fujimoristas y militares poniendo como problema principal la cuestión de la subversión. Para nosotros esto demuestra que los hechos de la guerra popular de los 80s son un problema no resuelto aún por el Estado y que los “vencedores” quieren terminarla en su absoluto beneficio aplicando “¡ay del vencido!” contra nosotros; hechos como los vistos en los últimos días responden a esos intereses: la persecución por ideas cuando el libro “De puño y Letra”, la persecución contra las personas u organismos que planteamos amnistía para los presos políticos; la libertad por cumplimiento por penas o por derecho a los beneficios penitenciarios, signo de democracia o de un estado de derecho (el APRA en 1987 fue el primero que nos quitó beneficios penitenciarios. ¿Qué demócrata va a ser? Si veinte años después, cuando ha llegado el tiempo de nuestra libertad, nos vuelve a quitar beneficios en octubre del 2009). ¿Acaso no se sabe que fortalecieron el sistema legal fujimontesinista con la legislación dada en julio del 2007 que impuso el pago total de reparación civil para impedirnos la libertad?, violando la Constitución y las cartas internacionales. A todo esto, ha seguido la campaña de creación de opinión pública para justificar las cuatro nuevas medidas legales como la negación del derecho al trabajo, la negación al derecho de reincorporación del penado a la sociedad, la negación de que no hay prisión por deudas como dice la Constitución, la expropiación de bienes nunca adquiridos sino heredados mucho antes de los hechos, el confiscar el tercio del sueldo de los maestros activos y jubilados y presos como en el caso de la profesora Laura Zambrano, de 66 años de edad, con 18 años de prisión y condena a cadena perpetua; sin padre, madre ni hijos; o el caso de la profesora Elena Iparraguirre y el Doctor Guzmán a quienes ni siquiera se les permite visitarse como el derecho contempla o que se les impone de oficio que no se casen directa y personalmente. ¿No saben que el Doctor Guzmán vive en el más absoluto encierro, aislamiento e incomunicación? Entonces, ¿cómo se le exige que nombre a un representante si nadie lo visita? A la profesora se le imputa bienes que no posee y se le ha embargado toda la herencia de su padre que pertenece a la viuda y a las cuatro hermanas, correspondiéndole sólo a ella el quinto de la mitad de la herencia. Es que se quiere dejarnos sepultados en vida, en el desamparo total: política de venganza contra los derrotados, presos, mujeres o ancianos. Esto es perverso porque la emprenden contra el más débil y eso es cobardía.

No obstante, muchas voces hay en el pueblo que piden se voltee la página, tarde o temprano se llegará a una solución política como corresponde a la democratización y dejarán por fin de utilizar el tema como un fantasma gigantesco para justificar su política de persecución contra el pueblo, ya llegará; como dijo León Tolstoi: “los hombres pasan pero los hechos quedan”.

El APRA y sus aliados, malgrado sus malas intenciones nos están convirtiendo, a todos los Prisioneros Políticos del Perú, en héroes de la revolución.

Nosotras, las Prisioneras Políticas de Chorrillos buscamos, con nuestra opinión, el necesario debate sobre el tema y por eso nos dirigimos a ustedes, comprendan que es la palabra de las sin voz.

Muy atentamente.

Chorrillos, 28 de Julio del 2010

PRISIONERAS POLÍTICAS DEL PABELLÓN “B” 
DEL PENAL DE MUJERES DE CHORRILLOS
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